Este viernes se confirmó la detención de un segundo presunto implicado en el robo de 23 computadores y una caja fuerte desde el Ministerio de Desarrollo Social. El hombre fue detenido en la cárcel de Puente Alto, desde donde se habría hecho pasar por el ministro Giorgio Jackson al momento de comunicarse con los guardias del recinto. Según los antecedentes entregados por el abogado Cristián Aros, perteneciente a la empresa HM Seguridad SPA, que presta servicios en el Ministerio de Desarrollo Social (Mideso), al momento de los hechos existió “una videollamada de WhatsApp al guardia de seguridad” y precisó que “la otra persona que aparecía en la videollamada indicó que no se encontraba en Santiago y que esa persona era, aparentemente, el ministro de Desarrollo Social, físicamente”. “A él (guardia) le pareció que estaba hablando con el ministro. Al verlo a través de la pantalla telefónica asumió que era él (Jackson), y como guardia entendió que estaba en un apuro y que necesitaba esos implementos, por eso accedió a esto”, detalló en conversación con CNN. SEGUNDO DETENIDO Miguel Ángel Apablaza Suárez, 24 años, chileno, fue capturado en la noche de este jueves en la cárcel de Puente Alto, donde se encuentra recluido desde 2018. El sujeto habría sido quien desde el recinto penitenciario se comunicó con el guardia del ministerio, haciéndose pasar por el ministro. Además, es nieto de la mujer que fue detenida en la comuna de Renca cuando se hallaron los 23 notebooks que fueron sustraídos. Apablaza se encuentra privado de su libertad desde enero del 2018 y cumpliendo tres condenas de tres años y un día cada una. El hombre debiera quedar libre en 2027. “A partir de una orden emanada del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, personal de Gendarmería de Chile desarrolló la noche de este jueves 20 de julio, un procedimiento de registro y allanamiento en la Torre N° 1 del Centro de Detención Preventiva de Puente Alto”, informó Gendarmería. Posteriormente, fue trasladado hasta la Cárcel de Alta Seguridad y hoy será formalizado en 7° Juzgado de Garantía de Santiago, junto a la primera detenida en este caso, su abuela.
Carabineros del OS-9 de Puerto Montt aclaró uno de los primeros crímenes por encargo -un homicidio frustrado- ocurrido en la Región de Los Lagos, en una investigación que permitió detener a seis personas vinculadas a una organización delictual, incautando armas de fuego y vehículos motorizados, entre otros elementos. El procedimiento, según informó el fiscal del Ministerio Público, Marcelo Maldonado, se gestó a raíz de un homicidio frustrado que ocurrió el pasado mes de mayo en población Antihual. En esa oportunidad, un grupo de delincuentes disparó en contra de un funcionario de una entidad estatal de 29 años de edad, quien fue herido a bala, salvando providencialmente con vida, gracias a la oportuna atención médica. “Este es un crimen por encargo, que la ley establece como homicidio calificado en el sentido que una persona por premio o promesa remuneratoria encarga un delito de homicidio”, explicó Maldonado. Las pesquisas fueron encargadas a personal del OS-9 de Carabineros, quienes, gracias a un minucioso trabajo investigativo, lograron aclarar el delito, deteniendo a seis sujetos vinculados al hecho. Esto permitió, además, incautar seis vehículos motorizados y otros elementos probatorios, como una pistola marca Glock calibre .45, con sus números de serie borrados, además de otra arma de fantasía, pesas digitales y teléfonos celulares. El Jefe de Zona de Carabineros “Los Lagos”, General Héctor Valdés, valoró el trabajo realizado por el OS-9 de Puerto Montt, organismo que realizó “una investigación acuciosa y de largo aliento que hoy podemos ver sus frutos en cuanto a la detención de seis personas y la incautación de importante evidencia que da cuenta del hecho material y de la participación que tiene cada uno de los imputados en el delito”, recalcó. Por otra parte, Giovanna Moreira, Delegada Presidencial Regional de Los Lagos, junto con destacar el trabajo de Carabineros y de la Fiscalía, comentó que estos resultados dan cuenta de la coordinación intersectorial que se realiza en la región en materia de seguridad pública y prevención del delito. La autoridad agregó que “hoy hemos podido detener el poder de fuego y el poder económico de esta banda, a través de la incautación de sus bienes. Esa es la línea que estamos trabajando a través de nuestro Consejo Regional Contra el Crimen Organizado, para tener un Estado más ágil y articulado”, explicó la delegada. Los detenidos fueron formalizados por el delito de homicidio calificado, en este caso, por premio o promesa remuneratoria, siendo uno de los primeros casos de este tipo que investiga el Ministerio Público en la Región de Los Lagos. Dos de los imputados quedaron en prisión preventiva y los restantes con otras medidas cautelares. En tanto un séptimo sujeto, el que está plenamente identificado y sería el autor material del crimen, está siendo buscado por la policía uniformada.
Un recurso de protección fue ingresado ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del general de Carabineros, Álex Chaván, por haber vetado en una conferencia de prensa a la periodista Paulina de Allende-Salazar. El hecho ocurrió el pasado 6 de abril, cuando Chaván iba a realizar una vocería relativa al homicidio del suboficial mayor Daniel Palma. Antes de iniciar, la autoridad policial aseguró que no iba a hablar si estaba la comunicadora presente, criticándola por haberse referido como “paco” a Palma durante un lapsus en un despacho . Posteriormente, De Allende-Salazar fue despedida de Mega. Según informó Diario Constitucional, la acción judicial fue ingresada por el también periodista Matías Rojas, quien acusó que la afectada fue censurada en su derecho a informar. Asimismo, indicó que Chaván estaba en conocimiento de que es ilegal censurar periodistas, ya que la Corte Suprema acogió en 2017 un recurso en su contra por haber expulsado a un comunicador durante una conferencia de prensa . En ese entonces, el acusado era jefe del Departamento de Comunicaciones Sociales de Carabineros. Además, Rojas remarcó que De Allende-Salazar ha participado en investigaciones sobre corrupción e irregularidades financieras en Carabineros. Por ello, el recurrente exigió que el veto realizado por el general sea declarado ilegal y arbitrario, que la sentencia sea publicada por la institución uniformada y que la periodista obtenga facilidades para participar en conferencias de prensa de la entidad policial.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, se reunieron este martes con agrupaciones de alcaldes para dar el vamos oficial al Plan Calle sin Violencia, con el que se intervendrán 30 comunas donde se concentra un 50% de los delitos violentos. Llegaron a La Moneda representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), la Asociación de Municipios de Chile (AMUCH) y la Asociación de Municipios Rurales (AMUR). En la instancia, el Ejecutivo adelantó que las medidas se centrarán en diez municipios debido a su alta concentración de ilícitos, los que serán Arica, Iquique, Copiapó, Valparaíso, Santiago, Lo Espejo, Puente Alto, La Pintana, Concepción y Los Ángeles. A las anteriores se sumarán progresivamente 20 ciudades más, las cuales han sido estudiadas por las autoridades y se ha estipulado que mantienen mayor necesidad de intervención del Estado en vista del alcance territorial que ha instalado el crimen organizado. El Plan Calle sin Violencia se aplicará con cinco puntos: persecución penal para evitar impunidad, más patrullajes policiales especiales, control y fiscalización de armas, búsqueda de prófugos de la justica e intervenciones preventivas en la estructura social de los barrios. En los últimos días, desde el Gobierno han hecho hincapié en que una de los flancos para atacar a las organizaciones delictuales es delimitar su poder en los territorios y comunidades, teniendo en cuenta que en las 30 comunas prioritarias se concentra un tercio de la población nacional.
En un cité ubicado en Nueva Imperial 4975, comuna de Quinta Normal, fueron detenidos este lunes los venezolanos Luis Alberto Lugo Machado y Ovimarlixion Garcés Briceño, presuntamente involucrados en el homicidio del suboficial mayor Daniel Palma. Lugo era intensamente buscado desde el jueves pasado como “sujeto de interés” por el asesinato del uniformado. Y al momento de su captura se apreció que se tiñó el pelo color rojo, aparentemente para no ser identificado. Ovimarlixion Garcés Briceño contaba con una orden de expulsión vigente del país desde 2020. El decreto está firmado por el entonces intendente -hoy gobernador- de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada. En el texto, se le identifica como un ciudadano venezolano que ingresó al país de manera irregular por la provincia del Tamarugal, “eludiendo los controles policiales de la frontera”. Además, se señala que la Policía de Investigaciones debía concretar la expulsión, “siempre que no existan causas pendientes en su contra, y si las hubiera, cuando cumpla la respectiva pena”. Otro detalle: el individuo aparece como Arlixon y no como Ovimarlixion, lo que da a entender un cambio de nombre o un error procedimental, lo que da cuenta de las dificultades para llevar el registro de migrantes ilegales. FISCALIZACIÓN A CITÉ El lugar había sido fiscalizado el jueves, un día después de la muerte del carabinero, en el marco de controles por eventuales arriendos o construcciones irregulares. Sin embargo, los ocupantes no dejaron ingresar al personal municipal. La alcaldesa Karina Delfino explicó que “los vecinos nos habían denunciado que eventualmente podía haber una toma, pero también habían presenciado disparos, incivilidades como peleas en este sector. Por eso acudió nuestro personal municipal, la Dirección de Obras, la de Seguridad, la de Patentes, junto con Carabineros”. “No pudimos entrar. Las personas que estaban acá no dejaron ingresar al personal municipal. Y para ingresar a una propiedad, obviamente que uno tiene que tener una orden”, detalló. La jefa comunal subrayó que entonces la fiscalización se realizó “no pensando que íbamos a encontrar a las personas que asesinaron al carabinero, sino más bien en este plan de fiscalización, porque los vecinos nos habían denunciado algunas cosas extrañas que estaban ocurriendo en esta propiedad”. Además, Delfino valoró el rol de los vecinos: “Siempre son fundamentales en estas investigaciones. Como municipio, a nosotros nos llegan muchas denuncias, incluso de tráfico de drogas, que los vecinos se acercan a denunciar y, obviamente, nosotros les pasamos esa información a fiscalía”. “Quinta Normal era una comuna muy tranquila. Antes de la pandemia e incluso del estallido, teníamos uno o dos homicidios al año. El año pasado, alcanzaron los 12 homicidios en el año. Si bien no es comparación con otras comunas, para nosotros es súper fuerte haber aumentado tanto”, lamentó. Por ello, la autoridad municipal pidió “poner acento en el plan del Gobierno que está poniendo en 30 comunas. Para nosotros es fundamental que ingresemos en ese plan, que va a incluir patrullajes preventivos, planes de iluminación, y también un trabajo con las municipalidades que es principalmente preventivo”. “En Quinta Normal existen 90 carabineros al servicio de la comunidad, hay 16 PDI para abordar las problemáticas de Quinta Normal y Cerro Navia. Es completamente insuficiente”, criticó.
Este viernes se confirmó la detención de un segundo presunto implicado en el robo de 23 computadores y una caja fuerte desde el Ministerio de Desarrollo Social. El hombre fue detenido en la cárcel de Puente Alto, desde donde se habría hecho pasar por el ministro Giorgio Jackson al momento de comunicarse con los guardias del recinto. Según los antecedentes entregados por el abogado Cristián Aros, perteneciente a la empresa HM Seguridad SPA, que presta servicios en el Ministerio de Desarrollo Social (Mideso), al momento de los hechos existió “una videollamada de WhatsApp al guardia de seguridad” y precisó que “la otra persona que aparecía en la videollamada indicó que no se encontraba en Santiago y que esa persona era, aparentemente, el ministro de Desarrollo Social, físicamente”. “A él (guardia) le pareció que estaba hablando con el ministro. Al verlo a través de la pantalla telefónica asumió que era él (Jackson), y como guardia entendió que estaba en un apuro y que necesitaba esos implementos, por eso accedió a esto”, detalló en conversación con CNN. SEGUNDO DETENIDO Miguel Ángel Apablaza Suárez, 24 años, chileno, fue capturado en la noche de este jueves en la cárcel de Puente Alto, donde se encuentra recluido desde 2018. El sujeto habría sido quien desde el recinto penitenciario se comunicó con el guardia del ministerio, haciéndose pasar por el ministro. Además, es nieto de la mujer que fue detenida en la comuna de Renca cuando se hallaron los 23 notebooks que fueron sustraídos. Apablaza se encuentra privado de su libertad desde enero del 2018 y cumpliendo tres condenas de tres años y un día cada una. El hombre debiera quedar libre en 2027. “A partir de una orden emanada del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, personal de Gendarmería de Chile desarrolló la noche de este jueves 20 de julio, un procedimiento de registro y allanamiento en la Torre N° 1 del Centro de Detención Preventiva de Puente Alto”, informó Gendarmería. Posteriormente, fue trasladado hasta la Cárcel de Alta Seguridad y hoy será formalizado en 7° Juzgado de Garantía de Santiago, junto a la primera detenida en este caso, su abuela.
Carabineros del OS-9 de Puerto Montt aclaró uno de los primeros crímenes por encargo -un homicidio frustrado- ocurrido en la Región de Los Lagos, en una investigación que permitió detener a seis personas vinculadas a una organización delictual, incautando armas de fuego y vehículos motorizados, entre otros elementos. El procedimiento, según informó el fiscal del Ministerio Público, Marcelo Maldonado, se gestó a raíz de un homicidio frustrado que ocurrió el pasado mes de mayo en población Antihual. En esa oportunidad, un grupo de delincuentes disparó en contra de un funcionario de una entidad estatal de 29 años de edad, quien fue herido a bala, salvando providencialmente con vida, gracias a la oportuna atención médica. “Este es un crimen por encargo, que la ley establece como homicidio calificado en el sentido que una persona por premio o promesa remuneratoria encarga un delito de homicidio”, explicó Maldonado. Las pesquisas fueron encargadas a personal del OS-9 de Carabineros, quienes, gracias a un minucioso trabajo investigativo, lograron aclarar el delito, deteniendo a seis sujetos vinculados al hecho. Esto permitió, además, incautar seis vehículos motorizados y otros elementos probatorios, como una pistola marca Glock calibre .45, con sus números de serie borrados, además de otra arma de fantasía, pesas digitales y teléfonos celulares. El Jefe de Zona de Carabineros “Los Lagos”, General Héctor Valdés, valoró el trabajo realizado por el OS-9 de Puerto Montt, organismo que realizó “una investigación acuciosa y de largo aliento que hoy podemos ver sus frutos en cuanto a la detención de seis personas y la incautación de importante evidencia que da cuenta del hecho material y de la participación que tiene cada uno de los imputados en el delito”, recalcó. Por otra parte, Giovanna Moreira, Delegada Presidencial Regional de Los Lagos, junto con destacar el trabajo de Carabineros y de la Fiscalía, comentó que estos resultados dan cuenta de la coordinación intersectorial que se realiza en la región en materia de seguridad pública y prevención del delito. La autoridad agregó que “hoy hemos podido detener el poder de fuego y el poder económico de esta banda, a través de la incautación de sus bienes. Esa es la línea que estamos trabajando a través de nuestro Consejo Regional Contra el Crimen Organizado, para tener un Estado más ágil y articulado”, explicó la delegada. Los detenidos fueron formalizados por el delito de homicidio calificado, en este caso, por premio o promesa remuneratoria, siendo uno de los primeros casos de este tipo que investiga el Ministerio Público en la Región de Los Lagos. Dos de los imputados quedaron en prisión preventiva y los restantes con otras medidas cautelares. En tanto un séptimo sujeto, el que está plenamente identificado y sería el autor material del crimen, está siendo buscado por la policía uniformada.
Un recurso de protección fue ingresado ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del general de Carabineros, Álex Chaván, por haber vetado en una conferencia de prensa a la periodista Paulina de Allende-Salazar. El hecho ocurrió el pasado 6 de abril, cuando Chaván iba a realizar una vocería relativa al homicidio del suboficial mayor Daniel Palma. Antes de iniciar, la autoridad policial aseguró que no iba a hablar si estaba la comunicadora presente, criticándola por haberse referido como “paco” a Palma durante un lapsus en un despacho . Posteriormente, De Allende-Salazar fue despedida de Mega. Según informó Diario Constitucional, la acción judicial fue ingresada por el también periodista Matías Rojas, quien acusó que la afectada fue censurada en su derecho a informar. Asimismo, indicó que Chaván estaba en conocimiento de que es ilegal censurar periodistas, ya que la Corte Suprema acogió en 2017 un recurso en su contra por haber expulsado a un comunicador durante una conferencia de prensa . En ese entonces, el acusado era jefe del Departamento de Comunicaciones Sociales de Carabineros. Además, Rojas remarcó que De Allende-Salazar ha participado en investigaciones sobre corrupción e irregularidades financieras en Carabineros. Por ello, el recurrente exigió que el veto realizado por el general sea declarado ilegal y arbitrario, que la sentencia sea publicada por la institución uniformada y que la periodista obtenga facilidades para participar en conferencias de prensa de la entidad policial.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, se reunieron este martes con agrupaciones de alcaldes para dar el vamos oficial al Plan Calle sin Violencia, con el que se intervendrán 30 comunas donde se concentra un 50% de los delitos violentos. Llegaron a La Moneda representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), la Asociación de Municipios de Chile (AMUCH) y la Asociación de Municipios Rurales (AMUR). En la instancia, el Ejecutivo adelantó que las medidas se centrarán en diez municipios debido a su alta concentración de ilícitos, los que serán Arica, Iquique, Copiapó, Valparaíso, Santiago, Lo Espejo, Puente Alto, La Pintana, Concepción y Los Ángeles. A las anteriores se sumarán progresivamente 20 ciudades más, las cuales han sido estudiadas por las autoridades y se ha estipulado que mantienen mayor necesidad de intervención del Estado en vista del alcance territorial que ha instalado el crimen organizado. El Plan Calle sin Violencia se aplicará con cinco puntos: persecución penal para evitar impunidad, más patrullajes policiales especiales, control y fiscalización de armas, búsqueda de prófugos de la justica e intervenciones preventivas en la estructura social de los barrios. En los últimos días, desde el Gobierno han hecho hincapié en que una de los flancos para atacar a las organizaciones delictuales es delimitar su poder en los territorios y comunidades, teniendo en cuenta que en las 30 comunas prioritarias se concentra un tercio de la población nacional.
En un cité ubicado en Nueva Imperial 4975, comuna de Quinta Normal, fueron detenidos este lunes los venezolanos Luis Alberto Lugo Machado y Ovimarlixion Garcés Briceño, presuntamente involucrados en el homicidio del suboficial mayor Daniel Palma. Lugo era intensamente buscado desde el jueves pasado como “sujeto de interés” por el asesinato del uniformado. Y al momento de su captura se apreció que se tiñó el pelo color rojo, aparentemente para no ser identificado. Ovimarlixion Garcés Briceño contaba con una orden de expulsión vigente del país desde 2020. El decreto está firmado por el entonces intendente -hoy gobernador- de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada. En el texto, se le identifica como un ciudadano venezolano que ingresó al país de manera irregular por la provincia del Tamarugal, “eludiendo los controles policiales de la frontera”. Además, se señala que la Policía de Investigaciones debía concretar la expulsión, “siempre que no existan causas pendientes en su contra, y si las hubiera, cuando cumpla la respectiva pena”. Otro detalle: el individuo aparece como Arlixon y no como Ovimarlixion, lo que da a entender un cambio de nombre o un error procedimental, lo que da cuenta de las dificultades para llevar el registro de migrantes ilegales. FISCALIZACIÓN A CITÉ El lugar había sido fiscalizado el jueves, un día después de la muerte del carabinero, en el marco de controles por eventuales arriendos o construcciones irregulares. Sin embargo, los ocupantes no dejaron ingresar al personal municipal. La alcaldesa Karina Delfino explicó que “los vecinos nos habían denunciado que eventualmente podía haber una toma, pero también habían presenciado disparos, incivilidades como peleas en este sector. Por eso acudió nuestro personal municipal, la Dirección de Obras, la de Seguridad, la de Patentes, junto con Carabineros”. “No pudimos entrar. Las personas que estaban acá no dejaron ingresar al personal municipal. Y para ingresar a una propiedad, obviamente que uno tiene que tener una orden”, detalló. La jefa comunal subrayó que entonces la fiscalización se realizó “no pensando que íbamos a encontrar a las personas que asesinaron al carabinero, sino más bien en este plan de fiscalización, porque los vecinos nos habían denunciado algunas cosas extrañas que estaban ocurriendo en esta propiedad”. Además, Delfino valoró el rol de los vecinos: “Siempre son fundamentales en estas investigaciones. Como municipio, a nosotros nos llegan muchas denuncias, incluso de tráfico de drogas, que los vecinos se acercan a denunciar y, obviamente, nosotros les pasamos esa información a fiscalía”. “Quinta Normal era una comuna muy tranquila. Antes de la pandemia e incluso del estallido, teníamos uno o dos homicidios al año. El año pasado, alcanzaron los 12 homicidios en el año. Si bien no es comparación con otras comunas, para nosotros es súper fuerte haber aumentado tanto”, lamentó. Por ello, la autoridad municipal pidió “poner acento en el plan del Gobierno que está poniendo en 30 comunas. Para nosotros es fundamental que ingresemos en ese plan, que va a incluir patrullajes preventivos, planes de iluminación, y también un trabajo con las municipalidades que es principalmente preventivo”. “En Quinta Normal existen 90 carabineros al servicio de la comunidad, hay 16 PDI para abordar las problemáticas de Quinta Normal y Cerro Navia. Es completamente insuficiente”, criticó.
