De forma unánime, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles un Proyecto de Resolución del diputado Fernando Bórquez, donde se solicita al Presidente Gabriel Boric y a los ministerios de Hacienda y Educación, que se implementen todas las medidas que sean necesarias para concretar, a la brevedad posible, el pago de la asignación de zona que le corresponde a los asistentes de la educación, en virtud de lo dispuesto en la ley Nº 21.109. El parlamentario recordó que los asistentes de la educación “cumplen un rol clave en la continuidad del servicio educativo al ser colaboradores directos del personal docente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes”. “Desde sus cargos”, agregó Bórquez, “realizan labores de distinta naturaleza, pudiendo desempeñarse como profesionales de la psicología, la fonoaudiología, la asistencia social y otras disciplinas afines, cuyas actividades son esenciales para el normal funcionamiento de los recintos educacionales y el bienestar general de las comunidades educativas, conforme a las circunstancias y requerimientos particulares de cada una de ellas, especialmente en nuestra región de Los Lagos”. “Sin embargo, uno de los principales problemas que han tenido en el último tiempo, alude a las dificultades que se han presentado para el pago de la asignación de zona que les corresponde en virtud de lo previsto en la ley Nº21.109, de 2018, que establece un estatuto de los asistentes de la educación pública”, lamentó el representante de las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena. Cabe recordar que el beneficio en comento hace referencia a un estipendio otorgado mensualmente a los funcionarios del Sector Público para el desempeño de un empleo en el que se ven obligados a residir en una provincia o territorio que reúne condiciones especiales derivadas de su aislamiento o del costo de vida. Sin ir más lejos, Bórquez aseguró que la implementación de este beneficio” no ha estado exenta de dificultades, sin tener a la fecha una respuesta concreta de parte del Gobierno en relación con su financiamiento y plazo estimado para distribuir y concretar la entrega de los recursos”. “El retraso ha generado preocupación en los trabajadores del sector, por cuanto se está limitando su acceso a un estipendio que sería de gran utilidad para aquellos que deben realizar sus actividades laborales en zonas con un alto costo de la vida o problemas de conectividad. Por ello, urge dar mayor celeridad al pago de la asignación de zona en favor de los asistentes de la educación, especialmente considerando el valioso trabajo que realizan al servicio de todas comunidades educativas del país”, cerró el diputado Bórquez.
A pesar de la oposición de muchos parlamentarios, el diputado por el Distrito 26, Fernando Bórquez (Ind.-UDI), logró que se aprobara una indicación que presentó en el marco de la tramitación de la Ley de Presupuestos 2024, para que el Ministerio del Interior tenga la obligación de financiar becas de estudio para todos los hijos de funcionarios de Carabineros que han fallecido en acto de servicio. Al respecto, el parlamentario explicó que la mesa de la Cámara Baja había declarado inadmisible dicha propuesta, por lo que se solicitó su recalificación, la que fue aprobada por 78 votos a favor, 14 abstenciones y 43 en contra, entre ellos varios diputados del Partido Comunista y de Republicanos. Por lo mismo, junto con valorar el respaldo que recibió desde el resto de las bancadas, Bórquez aseguró que la medida “es un acto de justicia y un compromiso que muchos habíamos adquirido con los familiares de los carabineros que, lamentablemente, han perdido su vida cumpliendo su deber”. “Cuando un funcionario de Carabineros es asesinado en acto de servicio, lo mínimo que podemos decirle a la viuda o viudo es que no se preocupen por el futuro de sus hijos, porque el Estado les financiará sus estudios superiores. A veces nos olvidamos, pero este año ya han fallecido seis efectivos policiales cumpliendo su deber, la mitad de ellos asesinados a sangre fría por delincuentes, de manera que no podíamos seguir mirando hacia el lado mientras dejábamos a todas esas familias en el completo desamparo”, señaló el diputado, quien por lo mismo llamó al Senado a respaldar su propuesta una vez que la Ley de Presupuesto 2024 pase a segundo trámite legislativo. De todas maneras, el representante de las provincias de Chiloé y Palena lamentó que algunas bancadas, como la del Partido Republicanos, decidieran votar en contra de declarar admisible la indicación, manifestando que “todos nos esperábamos que los diputados del Partido Comunista o del Frente Amplio rechazaran esta propuesta, pero no que lo hicieran quienes dicen tanto defender a los carabineros”. “Estas son las instancias donde uno tiene que demostrar su absoluto compromiso con los funcionarios policiales y sus familias, quienes no sólo han tenido que convivir con la delincuencia desatada en nuestro país, sino que también con la constante falta de respaldo de parte de las actuales autoridades. Por eso valoramos que se pudiera aprobar esta indicación, porque viene a entregarle algo de justicia a todos los hijos de mártires”, reiteró el diputado Bórquez, quien finalmente aseguró que “esta es una de varias propuestas que presentaremos en favor de nuestros carabineros, porque es indispensable que el Estado les garantice su seguridad y la de sus familias”.
Durante este jueves, la Cámara de Diputados y Diputadas se prepara para discutir y votar la partida de Salud del Presupuesto 2024, y se espera un amplio rechazo en diversas materias. Esta situación se da luego de que, en la misma instancia, la oposición le hubiera dado un golpe al gobierno en la partida de Educación, al aprobar dinero solo para algunos programas del ministerio. Sin embargo, se rechazó aquello con relación a las Subsecretarías de Educación y Educación Parvularia, además de los programas Junji y Junaeb. Además, la UDI logró aprobar una indicación p ara excluir de los beneficios de educación a los estudiantes sancionados por la ley de Aula Segura. También se votó en contra de todo el financiamiento, tanto los gastos variables como administrativos, de todos los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Ante esto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, comentó que “no deja de preocuparnos que haya un número tan alto de indicaciones, evidentemente inadmisibles. Creo que llevamos un verdadero record respecto a ella”. “El Ejecutivo ha hecho reserva de constitucionalidad y el ministro de Educación está llevando a cabo conversaciones para llegar a un acuerdo que permita reponer estos recursos”. Por su parte, el diputado Stephan Schubert (partido Republicano) señaló que “los SLEP requieren de una transformación profunda. Hoy estamos poniendo no solamente muchos recursos humanos sino que también económicos. Esa mala política de los SLEP está redundando en un saco roto“. En tanto, durante esta jornada se espera un extenso debate en la partida de Salud del Presupuesto 2024, donde se votarían más de 150 indicaciones. Los puntos de inversión de hospitales, atención primaria, listas de espera, Subsecretaría de Redes Asistenciales y la deuda de Fonasa serían rechazados. Además, algunos parlamentarios apuntan a que la ministra de Salud, Ximena Aguilera, no ha buscado el diálogo político para encontrar consensos y conseguir los votos. Es el caso de Tomas Lagomarsino (PR), quien sostuvo que es altamente probable que Salud se vaya muy dañada al senado . Creo que hay muchos flancos abiertos en el ministerio, muchos de los cuales aun no están resueltos . En pocas horas tú no puedes tratar de resolver lo que no se ha resuelto en un año .
La actividad se desarrolló el pasado lunes mediante la modalidad zoom, donde se entregó información acerca de los procesos de expropiaciones, la implementación del nuevo recinto hospitalario y los avances de las obras complementarias, relacionadas con los proyectos de urbanización y el acceso por Avenida La Paz. Si bien las faenas de las obras complementarias también presentan retrasos, la mayor preocupación se centra en una obra complementaria anexa, que es el proyecto de acceso a Villa las Antenas, donde residen alrededor de 300 familias. Así lo manifestó la Consejera Regional, Daniela Méndez, quien explicó que a pesar de las advertencias en varias ocasiones, las obras complementarias del hospital siguen retrasadas, mientras que el acceso a Villa Las Antenas, es un proyecto que hay que priorizar ahora por el bien de las familias de este populoso sector. “Lo que tiene relación con las obras complementarias, están teniendo un retraso que pudo haber sido evitable hasta cierto punto y que se mencionó en reiteradas ocasiones que esta era una situación que podía llegar a suceder, así como también y que personalmente me preocupa mucho que es el tema del acceso para los vecinos y vecina de Villa Las Antenas, que es algo que tenemos que zanjar en el menor plazo posible, ya que si no se relaciona el inicio de funcionamiento del hospital con el acceso a estas personas, lamentablemente como ha sido hasta ahora, no ha sido una prioridad y por ende se va a postergar y se va a seguir postergando y eso es algo que no puede suceder”, expresó la consejera Méndez. Insistió que el acceso a Villa Las Antenas se garantice y que los vecinos y vecinas cuenten con este espacio, que hasta el día de hoy no han tenido una respuesta satisfactoria. Palabras similares tuvo el Consejero Regional, Francisco Cárcamo, quien también se refirió el proyecto de acceso a Villa Las Antenas, que si bien su etapa de diseño está terminada, ahora corresponde obtener su recomendación social satisfactoria en el Ministerio de Desarrollo Social, para finalmente buscar su financiamiento. “Una situación que nos preocupa, es respecto a la vía de conexión a Villa Las Antena, que si bien es cierto ya está el diseño con un presupuesto de más de mil millones de pesos y la pregunta que todos nos hacemos, quien va a financiar ese aumento de presupuesto, que no esta considerado en el contrato original, si bien el Gobierno Regional ha financiado íntegramente la ejecución de las obras complementarias, pero como esta es una obra anexa, se tendrá que determinar si la vía de financiamiento es el Gobierno Regional o el Ministerio de Salud, para ello debe haber una conversación formal entre los dos organismos”, expresó el Consejero Cárcamo. Agregó que desde el punto de vista técnico y de la ejecución, se espera que el Servicio de Salud Chiloé haga la reevaluación ante el Ministerio de Desarrollo Social para que finalmente se pueda obtener la recomendación social satisfactoria, RS. Indicó que una vez, lograda la recomendación social satisfactoria, podría ser el Gobierno Regional quien financie la ejecución del proyecto de acceso a Villa las Antenas, donde actualmente las familias para llegar a sus hogares están utilizando un camino alternativo dentro de un predio particular. En cuanto a la construcción del nuevo Hospital de Quellón, precisó que las obras civiles del edificio se encuentran terminadas y por lo mismo se está trabajando en la puesta en marcha del nuevo recinto de salud. En materia de expropiaciones para ejecutar los trabajos de mejoramiento de Avenida La Paz, señaló que de los 19 lotes del plan de expropiaciones, 17 de ellos ya están consignados en los tribunales, previa tasación de los predios desafectados.
la cual operará de pleno derecho, explicó el legislador, luego de “tres años contados desde que la obligación se hizo exigible, solo respecto de personas mayores y quienes pertenezcan al 40% más vulnerable de la población”. El parlamentario explicó que los municipios “tienen la facultad de rebajar una proporción de la tarifa o eximir del pago de ésta a los usuarios que tengan una situación económica que lo justifique, teniendo en cuenta los indicadores establecidos en las ordenanzas municipales que regulan la fijación de tarifas de aseo municipal. Además, quedan exentos de manera automática los usuarios cuya vivienda tenga un avalúo fiscal igual o menor a 225 Unidades Tributarias Mensuales”. “El hecho de que cada municipalidad decida a quien exime de pago y a quien no”, agregó Bórquez, “genera una discriminación entre personas que habitan municipios distintos, pues queda a criterio de las autoridades municipales decidir quién cumple con los requisitos socioeconómicos suficientes para no pagar. Así, pueden existir dos personas habitantes de comunas diferentes, cuya situación económica sea idéntica, pero que sólo una de ellas esté obligada a pagar derechos de aseo porque su municipio así lo exige, pese a que esté enfrentando dificultades económicas”. Sin ir más lejos, Bórquez afirmó que la legislación actual “deja en total olvido a un grupo de la población que sufre constantemente a causa de las dificultades económicas que trae consigo la vejez en la mayoría de los casos. Pues bien, es posible que muchas personas mayores hayan adquirido durante su vida laboral el dominio de bienes inmuebles cuyo avalúo fiscal sea superior a 225 Unidades Tributarias Mensuales, y que hoy en día sus pensiones sean insuficientes para costear la gran cantidad de gastos que trae consigo la mantención de una propiedad, tal como ocurre con los derechos de aseo municipal”. “Sumando a lo anterior, los municipios de nuestro país no cuentan con la facultad de declarar de oficio la prescripción de deudas de los derechos de aseo municipal, por lo que, incluso en aquellos casos en que las autoridades comunales tienen la intención de ayudar a los habitantes más vulnerables de su comuna, se encuentran impedidas al no existir ninguna ley ni reglamento que así las faculte”, subrayó el representante del Distrito 26. Por ello, Bórquez aseguró que se hace necesario “tener en consideración la recesión económica que estamos viviendo, poniendo especial énfasis en aquellos grupos que luchan constantemente contra la falta de recursos. Estos grupos son constituidos por las personas mayores de nuestro país y por el 40% más pobre de la población. En muchos casos viven en estado de vulneración y en malas condiciones sociales, por lo que se requieren medidas que faciliten la prescripción de las deudas de aseo municipal que tienen estas personas, considerando que esta carga genera grandes agravios en sus ingresos”.
De forma unánime, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles un Proyecto de Resolución del diputado Fernando Bórquez, donde se solicita al Presidente Gabriel Boric y a los ministerios de Hacienda y Educación, que se implementen todas las medidas que sean necesarias para concretar, a la brevedad posible, el pago de la asignación de zona que le corresponde a los asistentes de la educación, en virtud de lo dispuesto en la ley Nº 21.109. El parlamentario recordó que los asistentes de la educación “cumplen un rol clave en la continuidad del servicio educativo al ser colaboradores directos del personal docente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes”. “Desde sus cargos”, agregó Bórquez, “realizan labores de distinta naturaleza, pudiendo desempeñarse como profesionales de la psicología, la fonoaudiología, la asistencia social y otras disciplinas afines, cuyas actividades son esenciales para el normal funcionamiento de los recintos educacionales y el bienestar general de las comunidades educativas, conforme a las circunstancias y requerimientos particulares de cada una de ellas, especialmente en nuestra región de Los Lagos”. “Sin embargo, uno de los principales problemas que han tenido en el último tiempo, alude a las dificultades que se han presentado para el pago de la asignación de zona que les corresponde en virtud de lo previsto en la ley Nº21.109, de 2018, que establece un estatuto de los asistentes de la educación pública”, lamentó el representante de las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena. Cabe recordar que el beneficio en comento hace referencia a un estipendio otorgado mensualmente a los funcionarios del Sector Público para el desempeño de un empleo en el que se ven obligados a residir en una provincia o territorio que reúne condiciones especiales derivadas de su aislamiento o del costo de vida. Sin ir más lejos, Bórquez aseguró que la implementación de este beneficio” no ha estado exenta de dificultades, sin tener a la fecha una respuesta concreta de parte del Gobierno en relación con su financiamiento y plazo estimado para distribuir y concretar la entrega de los recursos”. “El retraso ha generado preocupación en los trabajadores del sector, por cuanto se está limitando su acceso a un estipendio que sería de gran utilidad para aquellos que deben realizar sus actividades laborales en zonas con un alto costo de la vida o problemas de conectividad. Por ello, urge dar mayor celeridad al pago de la asignación de zona en favor de los asistentes de la educación, especialmente considerando el valioso trabajo que realizan al servicio de todas comunidades educativas del país”, cerró el diputado Bórquez.
A pesar de la oposición de muchos parlamentarios, el diputado por el Distrito 26, Fernando Bórquez (Ind.-UDI), logró que se aprobara una indicación que presentó en el marco de la tramitación de la Ley de Presupuestos 2024, para que el Ministerio del Interior tenga la obligación de financiar becas de estudio para todos los hijos de funcionarios de Carabineros que han fallecido en acto de servicio. Al respecto, el parlamentario explicó que la mesa de la Cámara Baja había declarado inadmisible dicha propuesta, por lo que se solicitó su recalificación, la que fue aprobada por 78 votos a favor, 14 abstenciones y 43 en contra, entre ellos varios diputados del Partido Comunista y de Republicanos. Por lo mismo, junto con valorar el respaldo que recibió desde el resto de las bancadas, Bórquez aseguró que la medida “es un acto de justicia y un compromiso que muchos habíamos adquirido con los familiares de los carabineros que, lamentablemente, han perdido su vida cumpliendo su deber”. “Cuando un funcionario de Carabineros es asesinado en acto de servicio, lo mínimo que podemos decirle a la viuda o viudo es que no se preocupen por el futuro de sus hijos, porque el Estado les financiará sus estudios superiores. A veces nos olvidamos, pero este año ya han fallecido seis efectivos policiales cumpliendo su deber, la mitad de ellos asesinados a sangre fría por delincuentes, de manera que no podíamos seguir mirando hacia el lado mientras dejábamos a todas esas familias en el completo desamparo”, señaló el diputado, quien por lo mismo llamó al Senado a respaldar su propuesta una vez que la Ley de Presupuesto 2024 pase a segundo trámite legislativo. De todas maneras, el representante de las provincias de Chiloé y Palena lamentó que algunas bancadas, como la del Partido Republicanos, decidieran votar en contra de declarar admisible la indicación, manifestando que “todos nos esperábamos que los diputados del Partido Comunista o del Frente Amplio rechazaran esta propuesta, pero no que lo hicieran quienes dicen tanto defender a los carabineros”. “Estas son las instancias donde uno tiene que demostrar su absoluto compromiso con los funcionarios policiales y sus familias, quienes no sólo han tenido que convivir con la delincuencia desatada en nuestro país, sino que también con la constante falta de respaldo de parte de las actuales autoridades. Por eso valoramos que se pudiera aprobar esta indicación, porque viene a entregarle algo de justicia a todos los hijos de mártires”, reiteró el diputado Bórquez, quien finalmente aseguró que “esta es una de varias propuestas que presentaremos en favor de nuestros carabineros, porque es indispensable que el Estado les garantice su seguridad y la de sus familias”.
Durante este jueves, la Cámara de Diputados y Diputadas se prepara para discutir y votar la partida de Salud del Presupuesto 2024, y se espera un amplio rechazo en diversas materias. Esta situación se da luego de que, en la misma instancia, la oposición le hubiera dado un golpe al gobierno en la partida de Educación, al aprobar dinero solo para algunos programas del ministerio. Sin embargo, se rechazó aquello con relación a las Subsecretarías de Educación y Educación Parvularia, además de los programas Junji y Junaeb. Además, la UDI logró aprobar una indicación p ara excluir de los beneficios de educación a los estudiantes sancionados por la ley de Aula Segura. También se votó en contra de todo el financiamiento, tanto los gastos variables como administrativos, de todos los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Ante esto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, comentó que “no deja de preocuparnos que haya un número tan alto de indicaciones, evidentemente inadmisibles. Creo que llevamos un verdadero record respecto a ella”. “El Ejecutivo ha hecho reserva de constitucionalidad y el ministro de Educación está llevando a cabo conversaciones para llegar a un acuerdo que permita reponer estos recursos”. Por su parte, el diputado Stephan Schubert (partido Republicano) señaló que “los SLEP requieren de una transformación profunda. Hoy estamos poniendo no solamente muchos recursos humanos sino que también económicos. Esa mala política de los SLEP está redundando en un saco roto“. En tanto, durante esta jornada se espera un extenso debate en la partida de Salud del Presupuesto 2024, donde se votarían más de 150 indicaciones. Los puntos de inversión de hospitales, atención primaria, listas de espera, Subsecretaría de Redes Asistenciales y la deuda de Fonasa serían rechazados. Además, algunos parlamentarios apuntan a que la ministra de Salud, Ximena Aguilera, no ha buscado el diálogo político para encontrar consensos y conseguir los votos. Es el caso de Tomas Lagomarsino (PR), quien sostuvo que es altamente probable que Salud se vaya muy dañada al senado . Creo que hay muchos flancos abiertos en el ministerio, muchos de los cuales aun no están resueltos . En pocas horas tú no puedes tratar de resolver lo que no se ha resuelto en un año .
La actividad se desarrolló el pasado lunes mediante la modalidad zoom, donde se entregó información acerca de los procesos de expropiaciones, la implementación del nuevo recinto hospitalario y los avances de las obras complementarias, relacionadas con los proyectos de urbanización y el acceso por Avenida La Paz. Si bien las faenas de las obras complementarias también presentan retrasos, la mayor preocupación se centra en una obra complementaria anexa, que es el proyecto de acceso a Villa las Antenas, donde residen alrededor de 300 familias. Así lo manifestó la Consejera Regional, Daniela Méndez, quien explicó que a pesar de las advertencias en varias ocasiones, las obras complementarias del hospital siguen retrasadas, mientras que el acceso a Villa Las Antenas, es un proyecto que hay que priorizar ahora por el bien de las familias de este populoso sector. “Lo que tiene relación con las obras complementarias, están teniendo un retraso que pudo haber sido evitable hasta cierto punto y que se mencionó en reiteradas ocasiones que esta era una situación que podía llegar a suceder, así como también y que personalmente me preocupa mucho que es el tema del acceso para los vecinos y vecina de Villa Las Antenas, que es algo que tenemos que zanjar en el menor plazo posible, ya que si no se relaciona el inicio de funcionamiento del hospital con el acceso a estas personas, lamentablemente como ha sido hasta ahora, no ha sido una prioridad y por ende se va a postergar y se va a seguir postergando y eso es algo que no puede suceder”, expresó la consejera Méndez. Insistió que el acceso a Villa Las Antenas se garantice y que los vecinos y vecinas cuenten con este espacio, que hasta el día de hoy no han tenido una respuesta satisfactoria. Palabras similares tuvo el Consejero Regional, Francisco Cárcamo, quien también se refirió el proyecto de acceso a Villa Las Antenas, que si bien su etapa de diseño está terminada, ahora corresponde obtener su recomendación social satisfactoria en el Ministerio de Desarrollo Social, para finalmente buscar su financiamiento. “Una situación que nos preocupa, es respecto a la vía de conexión a Villa Las Antena, que si bien es cierto ya está el diseño con un presupuesto de más de mil millones de pesos y la pregunta que todos nos hacemos, quien va a financiar ese aumento de presupuesto, que no esta considerado en el contrato original, si bien el Gobierno Regional ha financiado íntegramente la ejecución de las obras complementarias, pero como esta es una obra anexa, se tendrá que determinar si la vía de financiamiento es el Gobierno Regional o el Ministerio de Salud, para ello debe haber una conversación formal entre los dos organismos”, expresó el Consejero Cárcamo. Agregó que desde el punto de vista técnico y de la ejecución, se espera que el Servicio de Salud Chiloé haga la reevaluación ante el Ministerio de Desarrollo Social para que finalmente se pueda obtener la recomendación social satisfactoria, RS. Indicó que una vez, lograda la recomendación social satisfactoria, podría ser el Gobierno Regional quien financie la ejecución del proyecto de acceso a Villa las Antenas, donde actualmente las familias para llegar a sus hogares están utilizando un camino alternativo dentro de un predio particular. En cuanto a la construcción del nuevo Hospital de Quellón, precisó que las obras civiles del edificio se encuentran terminadas y por lo mismo se está trabajando en la puesta en marcha del nuevo recinto de salud. En materia de expropiaciones para ejecutar los trabajos de mejoramiento de Avenida La Paz, señaló que de los 19 lotes del plan de expropiaciones, 17 de ellos ya están consignados en los tribunales, previa tasación de los predios desafectados.
la cual operará de pleno derecho, explicó el legislador, luego de “tres años contados desde que la obligación se hizo exigible, solo respecto de personas mayores y quienes pertenezcan al 40% más vulnerable de la población”. El parlamentario explicó que los municipios “tienen la facultad de rebajar una proporción de la tarifa o eximir del pago de ésta a los usuarios que tengan una situación económica que lo justifique, teniendo en cuenta los indicadores establecidos en las ordenanzas municipales que regulan la fijación de tarifas de aseo municipal. Además, quedan exentos de manera automática los usuarios cuya vivienda tenga un avalúo fiscal igual o menor a 225 Unidades Tributarias Mensuales”. “El hecho de que cada municipalidad decida a quien exime de pago y a quien no”, agregó Bórquez, “genera una discriminación entre personas que habitan municipios distintos, pues queda a criterio de las autoridades municipales decidir quién cumple con los requisitos socioeconómicos suficientes para no pagar. Así, pueden existir dos personas habitantes de comunas diferentes, cuya situación económica sea idéntica, pero que sólo una de ellas esté obligada a pagar derechos de aseo porque su municipio así lo exige, pese a que esté enfrentando dificultades económicas”. Sin ir más lejos, Bórquez afirmó que la legislación actual “deja en total olvido a un grupo de la población que sufre constantemente a causa de las dificultades económicas que trae consigo la vejez en la mayoría de los casos. Pues bien, es posible que muchas personas mayores hayan adquirido durante su vida laboral el dominio de bienes inmuebles cuyo avalúo fiscal sea superior a 225 Unidades Tributarias Mensuales, y que hoy en día sus pensiones sean insuficientes para costear la gran cantidad de gastos que trae consigo la mantención de una propiedad, tal como ocurre con los derechos de aseo municipal”. “Sumando a lo anterior, los municipios de nuestro país no cuentan con la facultad de declarar de oficio la prescripción de deudas de los derechos de aseo municipal, por lo que, incluso en aquellos casos en que las autoridades comunales tienen la intención de ayudar a los habitantes más vulnerables de su comuna, se encuentran impedidas al no existir ninguna ley ni reglamento que así las faculte”, subrayó el representante del Distrito 26. Por ello, Bórquez aseguró que se hace necesario “tener en consideración la recesión económica que estamos viviendo, poniendo especial énfasis en aquellos grupos que luchan constantemente contra la falta de recursos. Estos grupos son constituidos por las personas mayores de nuestro país y por el 40% más pobre de la población. En muchos casos viven en estado de vulneración y en malas condiciones sociales, por lo que se requieren medidas que faciliten la prescripción de las deudas de aseo municipal que tienen estas personas, considerando que esta carga genera grandes agravios en sus ingresos”.
