La investigación sobre la muerte del conscripto Franco Vargas, ocurrida el 27 de abril de 2023 durante una caminata en la Región de Arica y Parinacota, dio un nuevo paso con la reconstitución de la escena en la que participarán los exconscriptos involucrados. El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, tomó las riendas de esta etapa, luego de que la investigación fuera traspasada de la Fiscalía Militar al Ministerio Público. En este proceso, se busca esclarecer las circunstancias que llevaron a la muerte de Vargas y las lesiones sufridas por otros 45 soldados. Ante esto, el recorrido de la reconstitución, que comenzó a las 8:30 horas desde el cuartel de Pacollo, incluyó el trayecto hasta el lugar donde Vargas colapsó, a unos 500 metros del cuartel, y continuó hasta el Cesfam donde se constató su fallecimiento. Además de los exsoldados que participaron de la caminata, también estuvo presente la madre de Franco Vargas, Romy Vargas, quien ha estado al frente de las demandas por justicia. Desde Santiago, la ministra de Defensa, Maya Fernández, reiteró que el esclarecimiento de los hechos es esencial para proporcionar justicia y tranquilidad a las familias de los afectados. A pesar de que la investigación está bajo la responsabilidad de la Fiscalía, Fernández subrayó el compromiso del gobierno del presidente Boric en garantizar que se conozca la verdad de lo sucedido.Es importante que se esclarezcan todos los hechos ocurridos, afirmó, recordando el impacto que el caso tiene en las familias de los jóvenes soldados involucrados.
Franco Vargas, falleció el 27 de abril, tras una instrucción militar en la región de Arica y Parinacota, donde se encontraba realizando el Servicio Militar. Ante esto, el cuerpo del joven fue exhumado este jueves a las 10:00 am con el fin de determinar las causas de su deceso y será dirigida por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, con apoyo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI). Asimismo, luego de la exhumación, se efectuará la autopsia del cuerpo realizada bajo el protocolo de Minessota. El fiscal detalló que dicho procedimiento será realizado este jueves o el viernes 26 de julio dependiendo de la disponibilidad de los peritos. Para contextualizar, el protocolo Minessota según describió el fiscal jefe de Arica, Anatole Larrabeiti, consiste en una autopsia con una singularidad de requisitos que van desde lesiones previas posibles al deceso de la persona, en cuanto a cualquier otro tipo de anomalía en la muerte de la misma y que debe preverse en el caso de que el Estado sea quien haya tenido la custodia de esta persona, como fue en el caso del Ejército de Chile al mantener a un conscripto que cumplía su Servicio Militar quien fallece bajo dicho requisito. Finalmente, según se explica en la Biblioteca del Congreso Nacional el protocolo se aplica en tres escenarios: Cuando la muerte puede haber sido causada por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes, o puede ser atribuible al Estado, en violación de su obligación de respetar el derecho a la vida Cuando la persona estaba detenida, o se encontraba bajo la custodia del Estado, sus órganos o agentes Finalmente, cuando esta puede haber sido resultado del incumplimiento por parte del Estado de su obligación de proteger la vida.
Este lunes 17 de junio, la Corte Suprema tomará una decisión crucial sobre la jurisdicción que investigará la trágica muerte del soldado Franco Vargas, de 19 años, ocurrida en una marcha en Putre. La Segunda Sala del máximo tribunal resolverá la disputa de competencia generada en el caso conscriptos de Putre. La ministra en visita de la Corte Marcial, Jenny Book Reyes, ordenó la exhumación del cuerpo del soldado Vargas invocando el Protocolo de Minnesota, utilizado en investigaciones de muertes potencialmente ilícitas. Sin embargo, esta medida ha sido rechazada por la madre del soldado fallecido, Romy Vargas. En una entrevista con BioBioChile, Vargas expresó su oposición a la exhumación. Si me llegan a preguntar, yo voy a decir que no , afirmó. Romy Vargas argumentó que no confía en la ministra Book debido a su relación con el ámbito militar, ya que está casada con un militar. También criticó la preferencia de Book de mantener la investigación en la Fiscalía Militar. El abogado experto en Derechos Humanos, Cristián Cruz, valoró la orden de exhumación, sugiriendo que podría tratarse de una muerte ilícita con vulneraciones a las garantías fundamentales. En este sentido, Cruz subraya la importancia de realizar una investigación exhaustiva y transparente. En la antesala de la resolución de la Corte Suprema, el diputado independiente Rubén Oyarzo, miembro de la comisión investigadora del caso Conscriptos, destacó la necesidad de que el caso sea tratado por la justicia civil, coincidiendo con la postura del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). El INDH, como querellante en el caso, ha insistido en que sea la justicia ordinaria la que lleve adelante la investigación. Sumándose a estas voces, Jan Jarab, representante para América del Sur del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presentó un informe ante la Corte Suprema abogando también por la jurisdicción civil.
La investigación sobre la muerte del conscripto Franco Vargas, ocurrida el 27 de abril de 2023 durante una caminata en la Región de Arica y Parinacota, dio un nuevo paso con la reconstitución de la escena en la que participarán los exconscriptos involucrados. El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, tomó las riendas de esta etapa, luego de que la investigación fuera traspasada de la Fiscalía Militar al Ministerio Público. En este proceso, se busca esclarecer las circunstancias que llevaron a la muerte de Vargas y las lesiones sufridas por otros 45 soldados. Ante esto, el recorrido de la reconstitución, que comenzó a las 8:30 horas desde el cuartel de Pacollo, incluyó el trayecto hasta el lugar donde Vargas colapsó, a unos 500 metros del cuartel, y continuó hasta el Cesfam donde se constató su fallecimiento. Además de los exsoldados que participaron de la caminata, también estuvo presente la madre de Franco Vargas, Romy Vargas, quien ha estado al frente de las demandas por justicia. Desde Santiago, la ministra de Defensa, Maya Fernández, reiteró que el esclarecimiento de los hechos es esencial para proporcionar justicia y tranquilidad a las familias de los afectados. A pesar de que la investigación está bajo la responsabilidad de la Fiscalía, Fernández subrayó el compromiso del gobierno del presidente Boric en garantizar que se conozca la verdad de lo sucedido.Es importante que se esclarezcan todos los hechos ocurridos, afirmó, recordando el impacto que el caso tiene en las familias de los jóvenes soldados involucrados.
Franco Vargas, falleció el 27 de abril, tras una instrucción militar en la región de Arica y Parinacota, donde se encontraba realizando el Servicio Militar. Ante esto, el cuerpo del joven fue exhumado este jueves a las 10:00 am con el fin de determinar las causas de su deceso y será dirigida por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, con apoyo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI). Asimismo, luego de la exhumación, se efectuará la autopsia del cuerpo realizada bajo el protocolo de Minessota. El fiscal detalló que dicho procedimiento será realizado este jueves o el viernes 26 de julio dependiendo de la disponibilidad de los peritos. Para contextualizar, el protocolo Minessota según describió el fiscal jefe de Arica, Anatole Larrabeiti, consiste en una autopsia con una singularidad de requisitos que van desde lesiones previas posibles al deceso de la persona, en cuanto a cualquier otro tipo de anomalía en la muerte de la misma y que debe preverse en el caso de que el Estado sea quien haya tenido la custodia de esta persona, como fue en el caso del Ejército de Chile al mantener a un conscripto que cumplía su Servicio Militar quien fallece bajo dicho requisito. Finalmente, según se explica en la Biblioteca del Congreso Nacional el protocolo se aplica en tres escenarios: Cuando la muerte puede haber sido causada por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes, o puede ser atribuible al Estado, en violación de su obligación de respetar el derecho a la vida Cuando la persona estaba detenida, o se encontraba bajo la custodia del Estado, sus órganos o agentes Finalmente, cuando esta puede haber sido resultado del incumplimiento por parte del Estado de su obligación de proteger la vida.
Este lunes 17 de junio, la Corte Suprema tomará una decisión crucial sobre la jurisdicción que investigará la trágica muerte del soldado Franco Vargas, de 19 años, ocurrida en una marcha en Putre. La Segunda Sala del máximo tribunal resolverá la disputa de competencia generada en el caso conscriptos de Putre. La ministra en visita de la Corte Marcial, Jenny Book Reyes, ordenó la exhumación del cuerpo del soldado Vargas invocando el Protocolo de Minnesota, utilizado en investigaciones de muertes potencialmente ilícitas. Sin embargo, esta medida ha sido rechazada por la madre del soldado fallecido, Romy Vargas. En una entrevista con BioBioChile, Vargas expresó su oposición a la exhumación. Si me llegan a preguntar, yo voy a decir que no , afirmó. Romy Vargas argumentó que no confía en la ministra Book debido a su relación con el ámbito militar, ya que está casada con un militar. También criticó la preferencia de Book de mantener la investigación en la Fiscalía Militar. El abogado experto en Derechos Humanos, Cristián Cruz, valoró la orden de exhumación, sugiriendo que podría tratarse de una muerte ilícita con vulneraciones a las garantías fundamentales. En este sentido, Cruz subraya la importancia de realizar una investigación exhaustiva y transparente. En la antesala de la resolución de la Corte Suprema, el diputado independiente Rubén Oyarzo, miembro de la comisión investigadora del caso Conscriptos, destacó la necesidad de que el caso sea tratado por la justicia civil, coincidiendo con la postura del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). El INDH, como querellante en el caso, ha insistido en que sea la justicia ordinaria la que lleve adelante la investigación. Sumándose a estas voces, Jan Jarab, representante para América del Sur del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presentó un informe ante la Corte Suprema abogando también por la jurisdicción civil.
