El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, salió este miércoles a enfrentar la polémica generada tras reconocer que el gobierno de José Antonio Kast continuará utilizando parte de la Política Nacional de Seguridad Pública impulsada durante la administración del expresidente Gabriel Boric. Tras una extensa reunión con el fiscal nacional, Ángel Valencia, el secretario de Estado defendió que en materia de seguridad “ no corresponde refundar” programas que han mostrado resultados, insistiendo en que las políticas exitosas deben mantenerse y actualizarse según la evolución del crimen organizado. “ Cuando hablamos de qué gobierno hizo qué, es ser pequeño”, afirmó el secintegrante del Gobierno. En esa línea, aseguró que iniciativas como el Plan Cuadrante, el programa ECOH y otros modelos de coordinación entre policías y Fiscalía seguirán funcionando. El ministro recalcó que la actual administración operará bajo la Política Nacional de Seguridad Pública vigente, promulgada durante el gobierno anterior y con duración de seis años, aunque aclaró que el Ejecutivo implementará su propia estrategia operativa. “Si alguien pretende en materia de seguridad refundar las instituciones o lo que se está haciendo, está muy equivocado”, sostuvo. Las declaraciones se producen luego de las críticas surgidas desde sectores oficialistas y de la oposición tras los dichos iniciales de Arrau sobre aplicar el denominado “Plan de Boric” en seguridad. Consultado directamente sobre si había sido un error referirse en esos términos, Arrau evitó profundizar en la controversia y señaló: “Hay que distinguir lo que es una política nacional de seguridad que dura 6 años, la que tenemos hoy día fue comunicada hace pocos meses y la estrategia, el plan, la acción que es lo que estamos ejercitando desde estos días. Además, anunció que el gobierno pondrá urgencia a más de 20 proyectos de ley en seguridad y adelantó que parte de las nuevas medidas serán dadas a conocer en la próxima Cuenta Pública presidencial. Fuente: ADN Radio Nacional
El Presidente José Antonio Kast llevó a cabo la promulgación de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP) en el Estadio Nacional, destacando su importancia para ordenar la casa del fútbol chileno y recuperar su esencia familiar. En su discurso, el Mandatario hizo referencia a sus vivencias personales, al periodismo deportivo y realizó un llamado contundente a erradicar la violencia en los estadios. El fútbol no solamente es un deporte es cultura, identidad y pasión, pero una pasión que debe unir y no dividir, expresó. El Presidente Kast afirmó que la nueva normativa contribuirá a transparentar la propiedad de los clubes, evitar conflictos de interés y fortalecer la supervisión financiera. Es extraño que un dueño tenga dos clubes que compitan entre sí, señaló al destacar el fin de la multipropiedad que introduce la reforma. Asimismo, hizo hincapié en la importancia de recuperar el ambiente familiar en los recintos deportivos. Me tocó llevar a algunos de mis hijos y me preguntaban si había un partido de hockey americano, por todos los carabineros afuera. Eso tiene que cambiar, compartió. En el evento, el jefe de Estado instó a avanzar en infraestructura deportiva y aseguró que los grandes clubes merecen contar con estadios propios. Que no sea más un meme preguntar ‘¿dónde está tu estadio?’ Esto debe ser una política de Estado, enfatizó. La ley, que fue aprobada luego de más de una década de proceso legislativo, incluye medidas como la separación de funciones entre la federación y las ligas profesionales, mayores requisitos de transparencia financiera y la prohibición de que representantes de jugadores tengan participación en clubes. El Presidente resaltó especialmente el papel del senador Matías Walker, quien ha sido un impulsor histórico de esta iniciativa. Además, aseguró que la reforma busca elevar los estándares del fútbol chileno y atraer nuevas inversiones. Fuente: ADN Radio Nacional
El Gobierno ha presentado los resultados iniciales del “Plan Inspección Total”, una auditoría ordenada por el Presidente José Antonio Kast que examinó los registros financieros y administrativos desde 2022 hasta marzo de 2026. De acuerdo con el informe, se analizaron más de 913 millones de registros relacionados con compras públicas, contratos, programas estatales y transferencias. Como resultado de este proceso, se han identificado alertas relacionadas con recursos públicos por un total de US$9.200 millones. Uno de los descubrimientos principales es la postergación de pagos desde 2025 hasta 2026 por alrededor de US$3.200 millones, equivalente a cerca del 1% del PIB. Según el Ejecutivo, esta situación habría impactado en los pagos a proveedores del Estado, programas sociales, servicios de salud y aproximadamente 10 mil pymes. El comité también ha encontrado que más de US$3.000 millones fueron gastados en compras realizadas a través de tratos directos o compras rápidas en casos donde se podrían haber utilizado procesos competitivos de licitación pública. Además, la auditoría ha identificado patrones considerados preocupantes, como rendiciones insuficientes de recursos, incumplimientos contractuales, concursos públicos desiertos y dificultades en la recuperación de subsidios por licencias médicas. Entre los organismos sujetos a revisión se encuentran Junaeb, el Ministerio de la Mujer, PRODEMU, el Ministerio de Transportes y servicios relacionados con el Ministerio de Ciencia, debido a posibles irregularidades detectadas en programas, convenios y transferencias de recursos. Por último, las autoridades han enfatizado que las alertas identificadas no implican necesariamente la comisión de delitos, aunque han advertido que en aquellos casos donde existan pruebas suficientes, la información será remitida a la Contraloría General de la República (CGR). Fuente: ADN Radio Nacional
La comunidad científica a nivel internacional ha expresado su preocupación luego de la publicación de una carta alarmante en la revista Science, titulada “Chile’s environmental policy at risk”. En este documento, un grupo de científicos chilenos ha alertado sobre la compleja situación que enfrentan las regulaciones ecológicas del país tras el cambio de gobierno. La controversia se centra en la decisión de la administración actual de revocar 43 decretos ambientales que fueron establecidos durante el mandato de Gabriel Boric. Según los expertos firmantes de la carta, América Paz Durán, Ariel Espinoza-Galdames, Víctor Caro y Daniela Manuschevich, esta acción pone en peligro avances regulatorios en conservación, cambio climático y salud pública desarrollados a lo largo de múltiples administraciones. A pesar de que las autoridades han reintegrado 6 de estos reglamentos para su continuación en el proceso legislativo, el resto permanece en espera, lo que afecta normativas críticas para el ecosistema nacional. Entre los documentos pendientes se encuentran 7 decretos relacionados con la Ley Marco de Cambio Climático, la cual establece como meta obligatoria que Chile sea carbono neutral para el año 2050. Otro aspecto preocupante para los científicos chilenos es la implementación del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). De los decretos retirados, 11 estaban vinculados con el funcionamiento de este servicio creado en 2023 para garantizar la conservación dentro del territorio. Además, la carta resalta que la ausencia de estos decretos afecta la creación de una red de salares protegidos. Esta medida tenía como objetivo preservar al menos el 30% de los ecosistemas altoandinos ante la creciente extracción de litio, recurso del cual Chile posee una de las mayores reservas mundiales. Los académicos subrayaron en la revista Science que el progreso de Chile hacia una economía sostenible no debería depender de ciclos políticos. Ante esta situación, los expertos han instado a mantener la continuidad regulatoria y a respetar las políticas estatales a largo plazo. En su conclusión, han exigido que la administración de Kast debería transparentar completamente los criterios que guían la evaluación de los 37 decretos restantes y las razones detrás de las decisiones finales. Los científicos insisten en que el gobierno debe comunicar estas resoluciones clara y oportunamente para asegurar la estabilidad de los compromisos ambientales del país. Fuente: Publimetro
Un fuerte sismo de magnitud 6.9 sacudió la tarde de este lunes el norte grande de Chile, con epicentro a 20 kilómetros al noreste de Calama, generando alarma en la población. Debido a la intensidad del evento y las múltiples réplicas registradas, las autoridades regionales decidieron suspender temporalmente las actividades académicas en la comuna más afectada. La Seremi de Educación de la región de Antofagasta emitió un comunicado oficializando la suspensión de clases para el martes 26 de mayo en Calama, como medida preventiva tras el sismo. Esta medida abarca no solo los colegios municipales, sino también los establecimientos educativos del SLEP Licancabur, particulares subvencionados y privados en la zona urbana. La prioridad de las autoridades es garantizar la seguridad de las instalaciones escolares, por lo que se realizará una revisión detallada para verificar posibles daños estructurales y asegurar condiciones seguras para el retorno de la comunidad educativa. Aunque hasta el momento no se han reportado heridos graves en los recintos escolares, la constante actividad sísmica y las réplicas posteriores al evento principal mantienen la precaución. El Senapred y otros organismos técnicos están evaluando los daños en la infraestructura y servicios básicos, mientras que el SHOA descartó la posibilidad de un tsunami en las costas chilenas. Se espera que durante el martes se entregue un nuevo balance sobre el estado de los colegios para determinar si será posible reanudar las actividades normales el miércoles 27 de mayo. Fuente: Publimetro
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, salió este miércoles a enfrentar la polémica generada tras reconocer que el gobierno de José Antonio Kast continuará utilizando parte de la Política Nacional de Seguridad Pública impulsada durante la administración del expresidente Gabriel Boric. Tras una extensa reunión con el fiscal nacional, Ángel Valencia, el secretario de Estado defendió que en materia de seguridad “ no corresponde refundar” programas que han mostrado resultados, insistiendo en que las políticas exitosas deben mantenerse y actualizarse según la evolución del crimen organizado. “ Cuando hablamos de qué gobierno hizo qué, es ser pequeño”, afirmó el secintegrante del Gobierno. En esa línea, aseguró que iniciativas como el Plan Cuadrante, el programa ECOH y otros modelos de coordinación entre policías y Fiscalía seguirán funcionando. El ministro recalcó que la actual administración operará bajo la Política Nacional de Seguridad Pública vigente, promulgada durante el gobierno anterior y con duración de seis años, aunque aclaró que el Ejecutivo implementará su propia estrategia operativa. “Si alguien pretende en materia de seguridad refundar las instituciones o lo que se está haciendo, está muy equivocado”, sostuvo. Las declaraciones se producen luego de las críticas surgidas desde sectores oficialistas y de la oposición tras los dichos iniciales de Arrau sobre aplicar el denominado “Plan de Boric” en seguridad. Consultado directamente sobre si había sido un error referirse en esos términos, Arrau evitó profundizar en la controversia y señaló: “Hay que distinguir lo que es una política nacional de seguridad que dura 6 años, la que tenemos hoy día fue comunicada hace pocos meses y la estrategia, el plan, la acción que es lo que estamos ejercitando desde estos días. Además, anunció que el gobierno pondrá urgencia a más de 20 proyectos de ley en seguridad y adelantó que parte de las nuevas medidas serán dadas a conocer en la próxima Cuenta Pública presidencial. Fuente: ADN Radio Nacional
El Presidente José Antonio Kast llevó a cabo la promulgación de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP) en el Estadio Nacional, destacando su importancia para ordenar la casa del fútbol chileno y recuperar su esencia familiar. En su discurso, el Mandatario hizo referencia a sus vivencias personales, al periodismo deportivo y realizó un llamado contundente a erradicar la violencia en los estadios. El fútbol no solamente es un deporte es cultura, identidad y pasión, pero una pasión que debe unir y no dividir, expresó. El Presidente Kast afirmó que la nueva normativa contribuirá a transparentar la propiedad de los clubes, evitar conflictos de interés y fortalecer la supervisión financiera. Es extraño que un dueño tenga dos clubes que compitan entre sí, señaló al destacar el fin de la multipropiedad que introduce la reforma. Asimismo, hizo hincapié en la importancia de recuperar el ambiente familiar en los recintos deportivos. Me tocó llevar a algunos de mis hijos y me preguntaban si había un partido de hockey americano, por todos los carabineros afuera. Eso tiene que cambiar, compartió. En el evento, el jefe de Estado instó a avanzar en infraestructura deportiva y aseguró que los grandes clubes merecen contar con estadios propios. Que no sea más un meme preguntar ‘¿dónde está tu estadio?’ Esto debe ser una política de Estado, enfatizó. La ley, que fue aprobada luego de más de una década de proceso legislativo, incluye medidas como la separación de funciones entre la federación y las ligas profesionales, mayores requisitos de transparencia financiera y la prohibición de que representantes de jugadores tengan participación en clubes. El Presidente resaltó especialmente el papel del senador Matías Walker, quien ha sido un impulsor histórico de esta iniciativa. Además, aseguró que la reforma busca elevar los estándares del fútbol chileno y atraer nuevas inversiones. Fuente: ADN Radio Nacional
El Gobierno ha presentado los resultados iniciales del “Plan Inspección Total”, una auditoría ordenada por el Presidente José Antonio Kast que examinó los registros financieros y administrativos desde 2022 hasta marzo de 2026. De acuerdo con el informe, se analizaron más de 913 millones de registros relacionados con compras públicas, contratos, programas estatales y transferencias. Como resultado de este proceso, se han identificado alertas relacionadas con recursos públicos por un total de US$9.200 millones. Uno de los descubrimientos principales es la postergación de pagos desde 2025 hasta 2026 por alrededor de US$3.200 millones, equivalente a cerca del 1% del PIB. Según el Ejecutivo, esta situación habría impactado en los pagos a proveedores del Estado, programas sociales, servicios de salud y aproximadamente 10 mil pymes. El comité también ha encontrado que más de US$3.000 millones fueron gastados en compras realizadas a través de tratos directos o compras rápidas en casos donde se podrían haber utilizado procesos competitivos de licitación pública. Además, la auditoría ha identificado patrones considerados preocupantes, como rendiciones insuficientes de recursos, incumplimientos contractuales, concursos públicos desiertos y dificultades en la recuperación de subsidios por licencias médicas. Entre los organismos sujetos a revisión se encuentran Junaeb, el Ministerio de la Mujer, PRODEMU, el Ministerio de Transportes y servicios relacionados con el Ministerio de Ciencia, debido a posibles irregularidades detectadas en programas, convenios y transferencias de recursos. Por último, las autoridades han enfatizado que las alertas identificadas no implican necesariamente la comisión de delitos, aunque han advertido que en aquellos casos donde existan pruebas suficientes, la información será remitida a la Contraloría General de la República (CGR). Fuente: ADN Radio Nacional
La comunidad científica a nivel internacional ha expresado su preocupación luego de la publicación de una carta alarmante en la revista Science, titulada “Chile’s environmental policy at risk”. En este documento, un grupo de científicos chilenos ha alertado sobre la compleja situación que enfrentan las regulaciones ecológicas del país tras el cambio de gobierno. La controversia se centra en la decisión de la administración actual de revocar 43 decretos ambientales que fueron establecidos durante el mandato de Gabriel Boric. Según los expertos firmantes de la carta, América Paz Durán, Ariel Espinoza-Galdames, Víctor Caro y Daniela Manuschevich, esta acción pone en peligro avances regulatorios en conservación, cambio climático y salud pública desarrollados a lo largo de múltiples administraciones. A pesar de que las autoridades han reintegrado 6 de estos reglamentos para su continuación en el proceso legislativo, el resto permanece en espera, lo que afecta normativas críticas para el ecosistema nacional. Entre los documentos pendientes se encuentran 7 decretos relacionados con la Ley Marco de Cambio Climático, la cual establece como meta obligatoria que Chile sea carbono neutral para el año 2050. Otro aspecto preocupante para los científicos chilenos es la implementación del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). De los decretos retirados, 11 estaban vinculados con el funcionamiento de este servicio creado en 2023 para garantizar la conservación dentro del territorio. Además, la carta resalta que la ausencia de estos decretos afecta la creación de una red de salares protegidos. Esta medida tenía como objetivo preservar al menos el 30% de los ecosistemas altoandinos ante la creciente extracción de litio, recurso del cual Chile posee una de las mayores reservas mundiales. Los académicos subrayaron en la revista Science que el progreso de Chile hacia una economía sostenible no debería depender de ciclos políticos. Ante esta situación, los expertos han instado a mantener la continuidad regulatoria y a respetar las políticas estatales a largo plazo. En su conclusión, han exigido que la administración de Kast debería transparentar completamente los criterios que guían la evaluación de los 37 decretos restantes y las razones detrás de las decisiones finales. Los científicos insisten en que el gobierno debe comunicar estas resoluciones clara y oportunamente para asegurar la estabilidad de los compromisos ambientales del país. Fuente: Publimetro
Un fuerte sismo de magnitud 6.9 sacudió la tarde de este lunes el norte grande de Chile, con epicentro a 20 kilómetros al noreste de Calama, generando alarma en la población. Debido a la intensidad del evento y las múltiples réplicas registradas, las autoridades regionales decidieron suspender temporalmente las actividades académicas en la comuna más afectada. La Seremi de Educación de la región de Antofagasta emitió un comunicado oficializando la suspensión de clases para el martes 26 de mayo en Calama, como medida preventiva tras el sismo. Esta medida abarca no solo los colegios municipales, sino también los establecimientos educativos del SLEP Licancabur, particulares subvencionados y privados en la zona urbana. La prioridad de las autoridades es garantizar la seguridad de las instalaciones escolares, por lo que se realizará una revisión detallada para verificar posibles daños estructurales y asegurar condiciones seguras para el retorno de la comunidad educativa. Aunque hasta el momento no se han reportado heridos graves en los recintos escolares, la constante actividad sísmica y las réplicas posteriores al evento principal mantienen la precaución. El Senapred y otros organismos técnicos están evaluando los daños en la infraestructura y servicios básicos, mientras que el SHOA descartó la posibilidad de un tsunami en las costas chilenas. Se espera que durante el martes se entregue un nuevo balance sobre el estado de los colegios para determinar si será posible reanudar las actividades normales el miércoles 27 de mayo. Fuente: Publimetro
