El Ministerio de Energía presentó en enero pasado un proyecto de ley de estabilización de tarifas eléctricas , con el objetivo de mitigar el impacto del aumento anunciado por la Comisión Nacional de Energía . Este incremento podría alcanzar hasta un 88% en las facturas de los consumidores que utilizan más energía. La propuesta del Gobierno generó inquietud entre los expertos, quienes advierten que podría introducir un riesgo adicional de aumento en la inflación del país. En febrero, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento del 0,6%. Según informes de El Mercurio, economistas estiman que, dependiendo del contenido final del proyecto, el descongelamiento de las tarifas eléctricas podría provocar un aumento de hasta el 0,5% en el IPC proyectado para diciembre. Esto podría llevar a que la inflación a finales de año se acerque más al 4% que al 3% proyectado por las autoridades. Luis Felipe Alarcón, economista jefe de EuroAmerica, destacó la importancia de este riesgo, señalando que incluso sin tener en cuenta el proyecto de ley, ya se proyecta una inflación del 3,6% para fin de año. Sin embargo, con este riesgo adicional, la cifra podría llegar al 4%. Alejandro Alarcón, economista y profesor de la FEN de la Universidad de Chile, subrayó que si bien el aumento moderado en las tarifas de electricidad ejerce presión sobre la inflación, no explica completamente la tendencia al alza. Destacó que el principal factor es el tipo de cambio, influenciado por el diferencial de tasas entre Chile y Estados Unidos, así como las expectativas de un mayor gasto público. Es importante recordar que los precios no han aumentado desde 2019, por lo que el Gobierno propone una normalización gradual que permita pagar los saldos acumulados durante los mecanismos transitorios implementados durante la pandemia. El proyecto de ley establece varios ejes, entre ellos el perfeccionamiento del mecanismo de protección a los clientes, el pago gradual de la deuda acumulada, la normalización de los costos de electricidad de acuerdo con la capacidad de pago de los clientes y la eliminación de la segmentación entre usuarios para evitar cargar excesivamente a ciertos grupos. Además, se propone un subsidio temporal para 850 mil hogares vulnerables. El Gobierno planea financiar este subsidio a través del Cargo por Servicio Público y de aportes fiscales, con una recaudación esperada de 100 millones de dólares y 20 millones de dólares anuales, respectivamente.
El informe técnico emitido por la Comisión Nacional de Energía (CNE), correspondiente a enero de 2023, anticipó un aumento significativo en las tarifas eléctricas, afectando a diversos segmentos de la población y sectores productivos del país. Según el documento, las cuentas de la luz podrían experimentar incrementos que oscilan entre un 8% y un sorprendente 88%. El análisis detallado revela que, en general, los clientes residenciales verán un aumento promedio del 8,21%. Este incremento impactará especialmente al 90% de los hogares, cuyo consumo mensual no supera los 350 kWh. No obstante, los grupos de menor consumo (G1 y G2) estarán sujetos a un mecanismo preferente de traspaso de precios, basado en aumentos paulatinos por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En el siguiente segmento, que abarca a los consumidores de entre 350 y 500 kWh mensuales, se prevé un incremento del 11,55%. Sin embargo, el mayor golpe recae en aquellos que consumen más de 500 kWh, enfrentando un alarmante aumento del 88%. Esta alza afectará principalmente al comercio, centros de salud, instituciones educativas y municipalidades, generando preocupación en el ámbito productivo y social. El académico de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, alerta sobre el posible impacto en el sector productivo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas (pymes), que podrían enfrentar dificultades para absorber estos aumentos en los costos de servicios básicos. Cabe destacar que las tarifas eléctricas para clientes regulados están congeladas desde octubre de 2019, gracias a la Ley 21.185 (PEC 1). Sin embargo, la falta de actualización de las tarifas y la insuficiencia del fondo establecido durante la pandemia han llevado a la necesidad de nuevas medidas. El descongelamiento originalmente previsto para junio de 2023 fue evitado con la promulgación del Mecanismo de Protección al Cliente (MPC) en agosto de 2022, que creó un fondo adicional de 1.800 millones de dólares. Actualmente, el Ministerio de Energía está en la etapa de elaboración del decreto tarifario, el cual debe ser posteriormente ingresado a la Contraloría General de la República y publicado en el Diario Oficial. Mientras tanto, el ministro de Energía, Diego Pardow, asegura que el Gobierno trabaja en un proyecto de ley para mitigar estas variaciones, incluyendo un subsidio focalizado para los clientes más vulnerables. El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), Hernán Calderón, critica la falta de una política coherente en las fijaciones tarifarias, señalando que la postergación de la actualización de tarifas ha generado un impacto negativo en los usuarios y consumidores.
El Ministerio de Energía presentó en enero pasado un proyecto de ley de estabilización de tarifas eléctricas , con el objetivo de mitigar el impacto del aumento anunciado por la Comisión Nacional de Energía . Este incremento podría alcanzar hasta un 88% en las facturas de los consumidores que utilizan más energía. La propuesta del Gobierno generó inquietud entre los expertos, quienes advierten que podría introducir un riesgo adicional de aumento en la inflación del país. En febrero, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento del 0,6%. Según informes de El Mercurio, economistas estiman que, dependiendo del contenido final del proyecto, el descongelamiento de las tarifas eléctricas podría provocar un aumento de hasta el 0,5% en el IPC proyectado para diciembre. Esto podría llevar a que la inflación a finales de año se acerque más al 4% que al 3% proyectado por las autoridades. Luis Felipe Alarcón, economista jefe de EuroAmerica, destacó la importancia de este riesgo, señalando que incluso sin tener en cuenta el proyecto de ley, ya se proyecta una inflación del 3,6% para fin de año. Sin embargo, con este riesgo adicional, la cifra podría llegar al 4%. Alejandro Alarcón, economista y profesor de la FEN de la Universidad de Chile, subrayó que si bien el aumento moderado en las tarifas de electricidad ejerce presión sobre la inflación, no explica completamente la tendencia al alza. Destacó que el principal factor es el tipo de cambio, influenciado por el diferencial de tasas entre Chile y Estados Unidos, así como las expectativas de un mayor gasto público. Es importante recordar que los precios no han aumentado desde 2019, por lo que el Gobierno propone una normalización gradual que permita pagar los saldos acumulados durante los mecanismos transitorios implementados durante la pandemia. El proyecto de ley establece varios ejes, entre ellos el perfeccionamiento del mecanismo de protección a los clientes, el pago gradual de la deuda acumulada, la normalización de los costos de electricidad de acuerdo con la capacidad de pago de los clientes y la eliminación de la segmentación entre usuarios para evitar cargar excesivamente a ciertos grupos. Además, se propone un subsidio temporal para 850 mil hogares vulnerables. El Gobierno planea financiar este subsidio a través del Cargo por Servicio Público y de aportes fiscales, con una recaudación esperada de 100 millones de dólares y 20 millones de dólares anuales, respectivamente.
El informe técnico emitido por la Comisión Nacional de Energía (CNE), correspondiente a enero de 2023, anticipó un aumento significativo en las tarifas eléctricas, afectando a diversos segmentos de la población y sectores productivos del país. Según el documento, las cuentas de la luz podrían experimentar incrementos que oscilan entre un 8% y un sorprendente 88%. El análisis detallado revela que, en general, los clientes residenciales verán un aumento promedio del 8,21%. Este incremento impactará especialmente al 90% de los hogares, cuyo consumo mensual no supera los 350 kWh. No obstante, los grupos de menor consumo (G1 y G2) estarán sujetos a un mecanismo preferente de traspaso de precios, basado en aumentos paulatinos por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En el siguiente segmento, que abarca a los consumidores de entre 350 y 500 kWh mensuales, se prevé un incremento del 11,55%. Sin embargo, el mayor golpe recae en aquellos que consumen más de 500 kWh, enfrentando un alarmante aumento del 88%. Esta alza afectará principalmente al comercio, centros de salud, instituciones educativas y municipalidades, generando preocupación en el ámbito productivo y social. El académico de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, alerta sobre el posible impacto en el sector productivo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas (pymes), que podrían enfrentar dificultades para absorber estos aumentos en los costos de servicios básicos. Cabe destacar que las tarifas eléctricas para clientes regulados están congeladas desde octubre de 2019, gracias a la Ley 21.185 (PEC 1). Sin embargo, la falta de actualización de las tarifas y la insuficiencia del fondo establecido durante la pandemia han llevado a la necesidad de nuevas medidas. El descongelamiento originalmente previsto para junio de 2023 fue evitado con la promulgación del Mecanismo de Protección al Cliente (MPC) en agosto de 2022, que creó un fondo adicional de 1.800 millones de dólares. Actualmente, el Ministerio de Energía está en la etapa de elaboración del decreto tarifario, el cual debe ser posteriormente ingresado a la Contraloría General de la República y publicado en el Diario Oficial. Mientras tanto, el ministro de Energía, Diego Pardow, asegura que el Gobierno trabaja en un proyecto de ley para mitigar estas variaciones, incluyendo un subsidio focalizado para los clientes más vulnerables. El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), Hernán Calderón, critica la falta de una política coherente en las fijaciones tarifarias, señalando que la postergación de la actualización de tarifas ha generado un impacto negativo en los usuarios y consumidores.
