Ángela Vivanco, la suspendida ministra de la Corte Suprema, ha optado por entregar de manera voluntaria su teléfono celular y su computador personal a la Fiscalía de Los Lagos. Esta decisión se enmarca en la investigación sobre el caso Audio, que involucra al penalista Luis Hermosilla como figura central. A través de su abogado defensor, Juan Carlos Manríquez, Vivanco ha solicitado que la diligencia de entrega se lleve a cabo en su domicilio este miércoles. En un correo electrónico dirigido a la fiscal Carmen Gloria Wittwer, Manríquez explicó que debido a la urgencia del asunto, la entrega se realizará en la residencia de la ministra para evitar la especulación pública y proteger los derechos de otras personas involucradas. Ante esto, Manríquez también expresó que el equipo legal de Vivanco ha solicitado copias completas de los chats atribuidos a ella y Hermosilla para su revisión. Este paso es crucial para verificar la integridad y el contexto de las conversaciones en cuestión. Finalmente, el abogado reiteró el compromiso de Vivanco y su equipo con una investigación transparente y justa, enfatizando la disposición de la ministra para colaborar con todas las diligencias que se consideren necesarias. Esta medida busca avanzar en el esclarecimiento de los hechos que han generado gran preocupación en el ámbito judicial y político del país.
El fiscal nacional Ángel Valencia anunció este lunes la apertura de una investigación contra Ángela Vivanco, suspendida ministra de la Corte Suprema, por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación judicial en el denominado caso muñeca bielorrusa. La causa estará bajo la responsabilidad de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien contará con el apoyo de un equipo especial de fiscales para llevar a cabo la indagatoria. Ante esto, en una conversación con CNN Chile, Valencia explicó que la decisión de investigar a Vivanco surgióa la luz de los antecedentes que han sido transmitidos en relación con la polémica resolución judicial que involucra a la empresa bielorrusa Belaz Movitec SpA y Codelco-CBM. Inicialmente, un fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó determinó que la compañía extranjera debía pagar 20 millones de dólares a Codelco por incumplimiento de contrato. Sin embargo, cuando el caso fue revisado por la Tercera Sala de la Corte Suprema, presidida de forma extraordinaria por Vivanco, se dictaminó que era la minera estatal quien debía pagar 20 millones de dólares a los bielorrusos, más otros cinco millones para cubrir gastos adicionales. Asimismo, el Ministerio Público investigará a Vivanco por posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación judicial. No obstante, el fiscal Valencia dejó abierta la posibilidad de que la calificación jurídica del caso varíe conforme avancen las indagaciones y se esclarezcan los hechos. En respuesta, Codelco emitió un comunicado en el que afirmó que proporcionará al Ministerio Público todos los antecedentes necesarios sobre las irregularidades detectadas durante su juicio con Belaz Movitec. La empresa estatal expresó su compromiso de colaborar con los tribunales de justicia para esclarecer las anomalías en las resoluciones judiciales dictadas en contra de la corporación y anunció que evaluará nuevas acciones legales para defender sus intereses. Paralelamente, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile informó este lunes que suspendió a Ángela Vivanco de sus funciones como docente, destacando la gravedad de los hechos y reafirmando su compromiso con los más altos estándares éticos en el ejercicio de la profesión.
Durante la tercera jornada de formalización del caso Audios, la Fiscalía solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago la aplicación de prisión preventiva para el abogado Luis Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos, y Luis Angulo, pareja de esta última. Según la Fiscalía, tanto Hermosilla como Villalobos enfrentan penas que parten de los 1 8 años de cárcel por delitos de soborno reiterado, lavado de activos y delitos tributarios, mientras que Angulo arriesga una condena de al menos 6 años. La Fiscal Regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, expuso ante el tribunal que la libertad de los imputados representa un peligro para la seguridad de la sociedad debido a la gravedad de los delitos imputados, la naturaleza reiterada de los mismos y las elevadas penas asignadas. Además, Parra argumentó que los imputados actuaron como una pandilla, lo que aumenta el riesgo de fuga y la posibilidad de reiteración de los delitos. Durante la audiencia, se informó que Leonarda Villalobos sufrió una descompensación durante el receso, lo cual no detuvo el curso de la audiencia. La parte querellante, representada por el Consejo de Defensa del Estado, también presentó sus argumentos en favor de la prisión preventiva para los tres imputados, destacando el riesgo que su libertad implica para la sociedad y la justicia. El tribunal deberá decidir sobre la medida cautelar solicitada por la Fiscalía en las próximas horas, considerando las graves acusaciones y la posible peligrosidad de los imputados en el contexto del caso.
Durante la mañana de este martes, el abogado Luis Hermosilla llegó a la Fiscalía Metropolitana Oriente para declarar como imputado en el marco del denominado Caso Audios. Ante esto, cerca de las 9 de la mañana el abogado comenzó a prestar declaración, renunciando a su derecho a guardar silencio y fue entrevistado por los fiscales Felipe Sepúlveda y Miguel Ángel Orellana. Para contextualizar, Ciper a través de un reportaje reveló una conversación entre Luis Hermosilla y su representado, Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF. Dichas empresas se encuentran bajo investigación por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por operaciones irregulares. Asimismo, en la conversación donde también participó Leonarda Villalobos hace referencia a eventuales pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos internos (SII) y de la CMF para obtener información privilegiada y algunos favores que beneficien al empresario Daniel Sauer. Finalmente, se desconoce cuanto podría durar la declaración. Sin embargo, se prevé que podría extenderse hasta este miércoles. Existe un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.
Ángela Vivanco, la suspendida ministra de la Corte Suprema, ha optado por entregar de manera voluntaria su teléfono celular y su computador personal a la Fiscalía de Los Lagos. Esta decisión se enmarca en la investigación sobre el caso Audio, que involucra al penalista Luis Hermosilla como figura central. A través de su abogado defensor, Juan Carlos Manríquez, Vivanco ha solicitado que la diligencia de entrega se lleve a cabo en su domicilio este miércoles. En un correo electrónico dirigido a la fiscal Carmen Gloria Wittwer, Manríquez explicó que debido a la urgencia del asunto, la entrega se realizará en la residencia de la ministra para evitar la especulación pública y proteger los derechos de otras personas involucradas. Ante esto, Manríquez también expresó que el equipo legal de Vivanco ha solicitado copias completas de los chats atribuidos a ella y Hermosilla para su revisión. Este paso es crucial para verificar la integridad y el contexto de las conversaciones en cuestión. Finalmente, el abogado reiteró el compromiso de Vivanco y su equipo con una investigación transparente y justa, enfatizando la disposición de la ministra para colaborar con todas las diligencias que se consideren necesarias. Esta medida busca avanzar en el esclarecimiento de los hechos que han generado gran preocupación en el ámbito judicial y político del país.
El fiscal nacional Ángel Valencia anunció este lunes la apertura de una investigación contra Ángela Vivanco, suspendida ministra de la Corte Suprema, por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación judicial en el denominado caso muñeca bielorrusa. La causa estará bajo la responsabilidad de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien contará con el apoyo de un equipo especial de fiscales para llevar a cabo la indagatoria. Ante esto, en una conversación con CNN Chile, Valencia explicó que la decisión de investigar a Vivanco surgióa la luz de los antecedentes que han sido transmitidos en relación con la polémica resolución judicial que involucra a la empresa bielorrusa Belaz Movitec SpA y Codelco-CBM. Inicialmente, un fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó determinó que la compañía extranjera debía pagar 20 millones de dólares a Codelco por incumplimiento de contrato. Sin embargo, cuando el caso fue revisado por la Tercera Sala de la Corte Suprema, presidida de forma extraordinaria por Vivanco, se dictaminó que era la minera estatal quien debía pagar 20 millones de dólares a los bielorrusos, más otros cinco millones para cubrir gastos adicionales. Asimismo, el Ministerio Público investigará a Vivanco por posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación judicial. No obstante, el fiscal Valencia dejó abierta la posibilidad de que la calificación jurídica del caso varíe conforme avancen las indagaciones y se esclarezcan los hechos. En respuesta, Codelco emitió un comunicado en el que afirmó que proporcionará al Ministerio Público todos los antecedentes necesarios sobre las irregularidades detectadas durante su juicio con Belaz Movitec. La empresa estatal expresó su compromiso de colaborar con los tribunales de justicia para esclarecer las anomalías en las resoluciones judiciales dictadas en contra de la corporación y anunció que evaluará nuevas acciones legales para defender sus intereses. Paralelamente, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile informó este lunes que suspendió a Ángela Vivanco de sus funciones como docente, destacando la gravedad de los hechos y reafirmando su compromiso con los más altos estándares éticos en el ejercicio de la profesión.
Durante la tercera jornada de formalización del caso Audios, la Fiscalía solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago la aplicación de prisión preventiva para el abogado Luis Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos, y Luis Angulo, pareja de esta última. Según la Fiscalía, tanto Hermosilla como Villalobos enfrentan penas que parten de los 1 8 años de cárcel por delitos de soborno reiterado, lavado de activos y delitos tributarios, mientras que Angulo arriesga una condena de al menos 6 años. La Fiscal Regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, expuso ante el tribunal que la libertad de los imputados representa un peligro para la seguridad de la sociedad debido a la gravedad de los delitos imputados, la naturaleza reiterada de los mismos y las elevadas penas asignadas. Además, Parra argumentó que los imputados actuaron como una pandilla, lo que aumenta el riesgo de fuga y la posibilidad de reiteración de los delitos. Durante la audiencia, se informó que Leonarda Villalobos sufrió una descompensación durante el receso, lo cual no detuvo el curso de la audiencia. La parte querellante, representada por el Consejo de Defensa del Estado, también presentó sus argumentos en favor de la prisión preventiva para los tres imputados, destacando el riesgo que su libertad implica para la sociedad y la justicia. El tribunal deberá decidir sobre la medida cautelar solicitada por la Fiscalía en las próximas horas, considerando las graves acusaciones y la posible peligrosidad de los imputados en el contexto del caso.
Durante la mañana de este martes, el abogado Luis Hermosilla llegó a la Fiscalía Metropolitana Oriente para declarar como imputado en el marco del denominado Caso Audios. Ante esto, cerca de las 9 de la mañana el abogado comenzó a prestar declaración, renunciando a su derecho a guardar silencio y fue entrevistado por los fiscales Felipe Sepúlveda y Miguel Ángel Orellana. Para contextualizar, Ciper a través de un reportaje reveló una conversación entre Luis Hermosilla y su representado, Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF. Dichas empresas se encuentran bajo investigación por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por operaciones irregulares. Asimismo, en la conversación donde también participó Leonarda Villalobos hace referencia a eventuales pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos internos (SII) y de la CMF para obtener información privilegiada y algunos favores que beneficien al empresario Daniel Sauer. Finalmente, se desconoce cuanto podría durar la declaración. Sin embargo, se prevé que podría extenderse hasta este miércoles. Existe un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.
