En una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Linares, la magistrada Evelyn Pérez Jaña determinó imponer la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a los involucrados para el alcalde de Linares y vicepresidente de Renovación Nacional, Mario Meza. Esto en el contexto de una investigación por delitos reiterados de fraude al fisco relacionados con la adquisición de insumos durante la pandemia del Covid-19. Ante esto, los delitos imputados al edil están vinculados con la compra de cloro, test de detección de coronavirus, mascarillas y cajas de mercadería, con un monto defraudado que asciende a más de $195 millones de pesos. Por otro lado, para Jhon Sancho, jefe de la Dirección de Desarrollo Comunal, se decretó prisión preventiva en el centro penitenciario de Parral, mientras se evalúa un posible traslado al anexo Capitán Yáber. La fiscal Carola D'Agostini, quien lleva adelante la investigación, se mostró conforme con la decisión del tribunal respecto a Sancho, pero anunció que apelarán a la medida cautelar impuesta al alcalde Meza.Hemos acreditado su participación en cuatro delitos, aunque el tribunal solo reconoció uno. La pena sigue siendo de al menos cinco años, por lo que presentaremos un recurso de apelación, señaló. Finalmente, el alcalde y otras 13 personas, entre comerciantes y funcionarios municipales, han sido formalizadas y se les impusieron diversas medidas cautelares. El plazo para la investigación se fijó en seis meses.
La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, enfrentará este viernes una nueva audiencia de reformalización en el Centro de Justicia de Santiago. La Corte de Apelaciones autorizó a la Municipalidad de Maipú a reincorporarse como querellante en el caso que la exautoridad enfrenta por presuntos delitos económicos. Previo a su traslado al tribunal, Barriga expresó su cansancio, reiterando su inocencia y minimizando la posibilidad de que su arresto domiciliario pueda ser reemplazado por una medida cautelar más severa. Las personas inocentes no deberían estar en una cautelar como la mía tampoco , manifestó la exalcaldesa. Además, acusó al actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, de impulsar unapersecución en su contra. Él ha gastado cientos de millones en esta querella, y nadie lo menciona , señaló. El caos se desató a su llegada al tribunal, donde la prensa intentó obtener declaraciones, provocando confusión y algunos incidentes. A pesar de la presión, Barriga evitó responder a los medios. La causa ha sido objeto de múltiples recursos judiciales, incluyendo un intento de la defensa de Barriga por excluir a la Municipalidad como parte querellante, lo que fue rechazado por el Tribunal Constitucional en julio. No obstante, la Corte de Apelaciones acogió recientemente un recurso presentado por la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú (CODEDUC), permitiendo su regreso como querellante antes de la reformalización de la exalcaldesa.
El pasado 12 de agosto, el juzgado de garantía de la ciudad ordenó al Ministerio Público informar sobre el estado de la investigación por fraude al fisco relacionado con la compra irregular de cajas de alimentos durante la pandemia, en un caso que involucra al exintendente Edgar Blanco y al gobierno regional. Tras más de dos años desde la presentación de la querella por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Fiscalía confirmó que la causa sigue activa y con diligencias pendientes. En un desarrollo clave, la tarde del miércoles pasado, el fiscal a cargo de la causa, Cristián Aguilar, junto al personal de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI (Bridec), realizó una incautación significativa en la Delegación Presidencial Regional. Se aseguraron documentos y archivos digitales relacionados con adquisiciones que superaron los $4 mil millones. Además, se confiscó el teléfono celular del exintendente Edgar Blanco y de los representantes legales de dos empresas favorecidas en el contrato, con éxito en las ciudades de Antofagasta y Santiago. El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que se ha dispuesto un equipo jurídico para analizar casos de corrupció n con tiempos de investigación prolongados, incluyendo este caso. Bekios subrayó la intención de avanzar rápidamente hacia decisiones en estos casos. Desde la Delegación Presidencial Regional se informó que se entregaron todos los antecedentes necesarios para aclarar el caso. Los sumarios administrativos realizados por la Contraloría y la Delegación, así como la querella presentada por el CDE, están siendo revisados para tomar decisiones a corto plazo. El caso tiene sus orígenes en junio de 2020, cuando el gobierno de Sebastián Piñera implementó el programaAlimentos para Chile para asistir a familias vulnerables durante la pandemia. Entre el 6 de mayo y el 24 de junio de 2020, la Intendencia Regional, liderada por Edgar Blanco, autorizó la contratación directa de cuatro proveedores para la compra de 102.452 canastas de alimentos e insumos de higiene, con un valor total de $4.121.915.488. La Contraloría Regional detectó irregularidades en los contratos con las empresas EDS JCM Ingeniería y Servicios SpA e Ingeniería, Servicios Financieros y Asesorías Need Solution SpA. Estas empresas, según la Contraloría, no cumplían con los requisitos necesarios para ser proveedores, y sus contratos fueron modificados poco antes de la solicitud de cotización. La empresa Need Solution SpA, cuyo propietario Marcelo Rivadeneira está actualmente en prisión preventiva por un caso de estafa, y EDS JCM Ingeniería, enfrentaron problemas legales, incluyendo demandas civiles y quiebras.
Este jueves, el noveno Juzgado de Garantía de Santiago revisó las medidas cautelares en contra de Cathy Barriga, ex alcaldesa de Maipú, quien enfrenta cargos por fraude al fisco, falsificación de instrumento público y un desfalco cercano a los $31 mil millones. La decisión del tribunal fue mantener el arresto domiciliario total para Barriga, además de imponer arraigo nacional y la prohibición de acercarse a los demás imputados y testigos del caso. La fiscal de Alta Complejidad, Constanza Encina, subrayó que la jueza entregó una resolución “bastante categórica y enfática”, indicando que los nuevos antecedentes presentados en la audiencia han empeorado la situación de la imputada. Encina argumentó que la medida cautelar es “totalmente necesaria” dadas las circunstancias. El informe contable de la Contraloría General de la República, según la fiscal, es “bastante contundente” y detalla el déficit al inicio y al final de la administración de Barriga, así como los gastos ocultos que se excluyeron de la contabilidad anual. Estos aspectos se aclararán en la audiencia de reformalización programada para el 13 de septiembre, donde también se abordarán los hechos relacionados con la “información falsa” entregada a la Contraloría, que impidió una adecuada fiscalización de la gestión de Barriga.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha intensificado su ofensiva legal en el caso que involucra presuntas irregularidades financieras vinculadas al Gobierno Regional de La Araucanía, al anunciar la interposición de una querella criminal por fraude al Fisco contra el diputado Mauricio Ojeda. Esta medida se suma a las acciones judiciales previas que ya apuntaban a funcionarios públicos y particulares implicados en un esquema de malversación de fondos. La investigación, que ha destapado la transferencia irregular de más de $700 millones hacia la fundación Folab, sugiere un entramado donde recursos destinados para el desarrollo regiona l habrían sido desviados para otros fines. El CDE, actuando con rigor ante indicios contundentes, busca establecer responsabilidades penales y recuperar los montos defraudados. Este nuevo curso legal refuerza la querella interpuesta anteriormente por el mismo organismo en noviembre pasado. En dicha ocasión, cuatro funcionarios públicos junto con dos actores privados fueron acusados formalmente por su participación directa en reiteradas instancias delictivas relacionadas con fraude al Fisco y lavado de activos. El escenario judicial para el parlamentario Ojeda se complica tras esta acción del CDE. Su abogado defensor Carlos Tenorio tomó cartas en el asunto presentando un escrito ante la Corte de Apelaciones de Temuco para proceder con la notificación sobre una petición fiscal respecto a su desafuero. Este paso procesal fue motivado después que intentos previos por localizar a Ojeda tanto en su lugar laboral como residencial resultaran infructuosos. Tenorio explicó que esta decisión proactiva tiene como fin agilizar los trámites legales correspondientes: “Tomé la decisión de darme por notificado con la finalidad que se pueda seguir adelante con el curso de esta solicitud de desafuero” . Con ello, busca evitar demoras innecesarias y permitir que las investigaciones continúen su rumbo conforme a derecho.
En una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Linares, la magistrada Evelyn Pérez Jaña determinó imponer la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a los involucrados para el alcalde de Linares y vicepresidente de Renovación Nacional, Mario Meza. Esto en el contexto de una investigación por delitos reiterados de fraude al fisco relacionados con la adquisición de insumos durante la pandemia del Covid-19. Ante esto, los delitos imputados al edil están vinculados con la compra de cloro, test de detección de coronavirus, mascarillas y cajas de mercadería, con un monto defraudado que asciende a más de $195 millones de pesos. Por otro lado, para Jhon Sancho, jefe de la Dirección de Desarrollo Comunal, se decretó prisión preventiva en el centro penitenciario de Parral, mientras se evalúa un posible traslado al anexo Capitán Yáber. La fiscal Carola D'Agostini, quien lleva adelante la investigación, se mostró conforme con la decisión del tribunal respecto a Sancho, pero anunció que apelarán a la medida cautelar impuesta al alcalde Meza.Hemos acreditado su participación en cuatro delitos, aunque el tribunal solo reconoció uno. La pena sigue siendo de al menos cinco años, por lo que presentaremos un recurso de apelación, señaló. Finalmente, el alcalde y otras 13 personas, entre comerciantes y funcionarios municipales, han sido formalizadas y se les impusieron diversas medidas cautelares. El plazo para la investigación se fijó en seis meses.
La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, enfrentará este viernes una nueva audiencia de reformalización en el Centro de Justicia de Santiago. La Corte de Apelaciones autorizó a la Municipalidad de Maipú a reincorporarse como querellante en el caso que la exautoridad enfrenta por presuntos delitos económicos. Previo a su traslado al tribunal, Barriga expresó su cansancio, reiterando su inocencia y minimizando la posibilidad de que su arresto domiciliario pueda ser reemplazado por una medida cautelar más severa. Las personas inocentes no deberían estar en una cautelar como la mía tampoco , manifestó la exalcaldesa. Además, acusó al actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, de impulsar unapersecución en su contra. Él ha gastado cientos de millones en esta querella, y nadie lo menciona , señaló. El caos se desató a su llegada al tribunal, donde la prensa intentó obtener declaraciones, provocando confusión y algunos incidentes. A pesar de la presión, Barriga evitó responder a los medios. La causa ha sido objeto de múltiples recursos judiciales, incluyendo un intento de la defensa de Barriga por excluir a la Municipalidad como parte querellante, lo que fue rechazado por el Tribunal Constitucional en julio. No obstante, la Corte de Apelaciones acogió recientemente un recurso presentado por la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú (CODEDUC), permitiendo su regreso como querellante antes de la reformalización de la exalcaldesa.
El pasado 12 de agosto, el juzgado de garantía de la ciudad ordenó al Ministerio Público informar sobre el estado de la investigación por fraude al fisco relacionado con la compra irregular de cajas de alimentos durante la pandemia, en un caso que involucra al exintendente Edgar Blanco y al gobierno regional. Tras más de dos años desde la presentación de la querella por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Fiscalía confirmó que la causa sigue activa y con diligencias pendientes. En un desarrollo clave, la tarde del miércoles pasado, el fiscal a cargo de la causa, Cristián Aguilar, junto al personal de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI (Bridec), realizó una incautación significativa en la Delegación Presidencial Regional. Se aseguraron documentos y archivos digitales relacionados con adquisiciones que superaron los $4 mil millones. Además, se confiscó el teléfono celular del exintendente Edgar Blanco y de los representantes legales de dos empresas favorecidas en el contrato, con éxito en las ciudades de Antofagasta y Santiago. El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que se ha dispuesto un equipo jurídico para analizar casos de corrupció n con tiempos de investigación prolongados, incluyendo este caso. Bekios subrayó la intención de avanzar rápidamente hacia decisiones en estos casos. Desde la Delegación Presidencial Regional se informó que se entregaron todos los antecedentes necesarios para aclarar el caso. Los sumarios administrativos realizados por la Contraloría y la Delegación, así como la querella presentada por el CDE, están siendo revisados para tomar decisiones a corto plazo. El caso tiene sus orígenes en junio de 2020, cuando el gobierno de Sebastián Piñera implementó el programaAlimentos para Chile para asistir a familias vulnerables durante la pandemia. Entre el 6 de mayo y el 24 de junio de 2020, la Intendencia Regional, liderada por Edgar Blanco, autorizó la contratación directa de cuatro proveedores para la compra de 102.452 canastas de alimentos e insumos de higiene, con un valor total de $4.121.915.488. La Contraloría Regional detectó irregularidades en los contratos con las empresas EDS JCM Ingeniería y Servicios SpA e Ingeniería, Servicios Financieros y Asesorías Need Solution SpA. Estas empresas, según la Contraloría, no cumplían con los requisitos necesarios para ser proveedores, y sus contratos fueron modificados poco antes de la solicitud de cotización. La empresa Need Solution SpA, cuyo propietario Marcelo Rivadeneira está actualmente en prisión preventiva por un caso de estafa, y EDS JCM Ingeniería, enfrentaron problemas legales, incluyendo demandas civiles y quiebras.
Este jueves, el noveno Juzgado de Garantía de Santiago revisó las medidas cautelares en contra de Cathy Barriga, ex alcaldesa de Maipú, quien enfrenta cargos por fraude al fisco, falsificación de instrumento público y un desfalco cercano a los $31 mil millones. La decisión del tribunal fue mantener el arresto domiciliario total para Barriga, además de imponer arraigo nacional y la prohibición de acercarse a los demás imputados y testigos del caso. La fiscal de Alta Complejidad, Constanza Encina, subrayó que la jueza entregó una resolución “bastante categórica y enfática”, indicando que los nuevos antecedentes presentados en la audiencia han empeorado la situación de la imputada. Encina argumentó que la medida cautelar es “totalmente necesaria” dadas las circunstancias. El informe contable de la Contraloría General de la República, según la fiscal, es “bastante contundente” y detalla el déficit al inicio y al final de la administración de Barriga, así como los gastos ocultos que se excluyeron de la contabilidad anual. Estos aspectos se aclararán en la audiencia de reformalización programada para el 13 de septiembre, donde también se abordarán los hechos relacionados con la “información falsa” entregada a la Contraloría, que impidió una adecuada fiscalización de la gestión de Barriga.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha intensificado su ofensiva legal en el caso que involucra presuntas irregularidades financieras vinculadas al Gobierno Regional de La Araucanía, al anunciar la interposición de una querella criminal por fraude al Fisco contra el diputado Mauricio Ojeda. Esta medida se suma a las acciones judiciales previas que ya apuntaban a funcionarios públicos y particulares implicados en un esquema de malversación de fondos. La investigación, que ha destapado la transferencia irregular de más de $700 millones hacia la fundación Folab, sugiere un entramado donde recursos destinados para el desarrollo regiona l habrían sido desviados para otros fines. El CDE, actuando con rigor ante indicios contundentes, busca establecer responsabilidades penales y recuperar los montos defraudados. Este nuevo curso legal refuerza la querella interpuesta anteriormente por el mismo organismo en noviembre pasado. En dicha ocasión, cuatro funcionarios públicos junto con dos actores privados fueron acusados formalmente por su participación directa en reiteradas instancias delictivas relacionadas con fraude al Fisco y lavado de activos. El escenario judicial para el parlamentario Ojeda se complica tras esta acción del CDE. Su abogado defensor Carlos Tenorio tomó cartas en el asunto presentando un escrito ante la Corte de Apelaciones de Temuco para proceder con la notificación sobre una petición fiscal respecto a su desafuero. Este paso procesal fue motivado después que intentos previos por localizar a Ojeda tanto en su lugar laboral como residencial resultaran infructuosos. Tenorio explicó que esta decisión proactiva tiene como fin agilizar los trámites legales correspondientes: “Tomé la decisión de darme por notificado con la finalidad que se pueda seguir adelante con el curso de esta solicitud de desafuero” . Con ello, busca evitar demoras innecesarias y permitir que las investigaciones continúen su rumbo conforme a derecho.
