El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha intensificado su ofensiva legal en el caso que involucra presuntas irregularidades financieras vinculadas al Gobierno Regional de La Araucanía, al anunciar la interposición de una querella criminal por fraude al Fisco contra el diputado Mauricio Ojeda. Esta medida se suma a las acciones judiciales previas que ya apuntaban a funcionarios públicos y particulares implicados en un esquema de malversación de fondos. La investigación, que ha destapado la transferencia irregular de más de $700 millones hacia la fundación Folab, sugiere un entramado donde recursos destinados para el desarrollo regiona l habrían sido desviados para otros fines. El CDE, actuando con rigor ante indicios contundentes, busca establecer responsabilidades penales y recuperar los montos defraudados. Este nuevo curso legal refuerza la querella interpuesta anteriormente por el mismo organismo en noviembre pasado. En dicha ocasión, cuatro funcionarios públicos junto con dos actores privados fueron acusados formalmente por su participación directa en reiteradas instancias delictivas relacionadas con fraude al Fisco y lavado de activos. El escenario judicial para el parlamentario Ojeda se complica tras esta acción del CDE. Su abogado defensor Carlos Tenorio tomó cartas en el asunto presentando un escrito ante la Corte de Apelaciones de Temuco para proceder con la notificación sobre una petición fiscal respecto a su desafuero. Este paso procesal fue motivado después que intentos previos por localizar a Ojeda tanto en su lugar laboral como residencial resultaran infructuosos. Tenorio explicó que esta decisión proactiva tiene como fin agilizar los trámites legales correspondientes: “Tomé la decisión de darme por notificado con la finalidad que se pueda seguir adelante con el curso de esta solicitud de desafuero” . Con ello, busca evitar demoras innecesarias y permitir que las investigaciones continúen su rumbo conforme a derecho.
Para el próximo jueves 18 de julio a las 8:30 de la mañana en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, estaría fijada una audiencia para reformular cargos a los tres imputados por el Caso Democracia Viva. El exseremi del Minvu, Carlos Contreras; el exrepresentante legal de la fundación, Daniel Andrade; y la concejala Paz Fuica, se les atribuiría nuevas acusaciones por delitos de fraude al fisco. De acuerdo a lo difundido por el SoyAntofagasta, la Fiscalía Local de Antofagasta solicitó esta audiencia de reformalización en contra de los involucrados, quienes en caso de no comparecer sin presentar justificación podrían ser conducidos por la fuerza pública, ya que cualquier impedimento debe ser comunicado de forma anticipada al Tribunal. Actualmente, el exseremi del Minvu, Carlos Contreras, se encuentra en prisión preventiva, medida cautelar impuesta durante la formalización de la arista TomArte. En tanto, Fuica y Andrade se mantienen con arresto domiciliario total.
Después de tres largas jornadas de formalización, este lunes se conocieron las medidas cautelares para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, imputado por varios delitos de corrupción cometidos en el contexto de la pandemia de Covid-19. A las 9:16 AM, la jueza Paulina Moya comenzó la lectura de su resolución en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago. En su declaración, la magistrada subrayó que las decisiones judiciales deben basarse únicamente en los hechos y las leyes aplicables, sin considerar filiaciones ni ideologías políticas. Moya también señaló que esta fase del proceso es de formalización de cargos y no de juicio oral, por lo que el estándar de convicción requerido es menor. Tras revisar los antecedentes presentados por la Fiscalía Centro Norte y los argumentos de la defensa, la jueza determinó que las medidas cautelares de menor intensidad eran insuficientes debido a la gravedad de los delitos y las penas asociadas. Así, decretó prisión preventiva para el alcalde Daniel Jadue, quien deberá ingresar al Anexo Penitenciario Capitán Yáber. José Muñoz Becerra, exencargado de ventas de Achifarp y posterior secretario ejecutivo de la misma, recibió la misma medida de prisión preventiva. Por su parte, el médico Eduardo Sendra, también funcionario de Achifarp, quedó con arresto domiciliario nocturno. El miércoles pasado, la fiscal Giovanna Herrera inició su extensa acusación contra Jadue y otros siete imputados. Los cargos incluyen estafa, administración desleal, cohecho, fraude al fisco y delito concursal. Estos presuntos delitos están relacionados con las compras realizadas por la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), de la cual Jadue era presidente del directorio. La empresa Best Quality, que no recibió la totalidad de los pagos, se querelló por estafa en 2020, iniciando la investigación. La fiscalía alega un perjuicio de más de mil millones de pesos y había solicitado prisión preventiva para Jadue y Muñoz Becerra. Para Sendra, la fiscalía había pedido arresto domiciliario nocturno, arraigo y prohibición de acercarse a los coimputados. El abogado de Jadue, Ramón Sepúlveda, había solicitado que su defendido quedara sin ninguna medida cautelar. El plazo investigativo se fijó en 120 días. Durante el proceso, la fiscal Herrera presentó pruebas del supuesto fraude al fisco, señalando que los fondos aprobados por el Concejo Municipal de Recoleta para adquirir insumos médicos en época de coronavirus se utilizaron para pagar deudas de Achifarp. También se acusó a Jadue de cohecho por solicitar una bonificación de productos a Best Quality a cambio de asegurarles contratos futuros. En la causa también están imputados varios colaboradores y asociados, quienes han recibido diversas medidas cautelares, como arraigo y firma mensual. El tribunal seguirá con la formalización de otros imputados en los próximos días.
Este viernes, en una nueva audiencia de revisión de medidas cautelares, se debatió la situación procesal de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. La Fiscalía Metropolitana Oriente acusa a Barriga por presuntos delitos de corrupción durante su gestión al frente del municipio, los cuales habrían generado un desfalco cercano a los $31 mil millones. La instancia judicial tenía como objetivo principal evaluar el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas anteriormente sobre Barriga. Según informes presentados por la fiscalía, existen indicios que apuntan a incumplimientos reiterados en fechas específicas: viernes 12, martes 23, jueves 25 y domingo 28 de abri l. Ante esta situación, el organismo persecutor solicitó intensificar dichas restricciones e implementar un timbre en la parcela donde Barriga cumple arresto domiciliario total en Peñaflor para asegurar su permanencia. No obstante, tras escuchar ambas partes involucradas en el proceso legal y ponderar los argumentos expuestos por la defensa respecto a las necesidades particulares del hijo menor de edad de Barriga —quien presenta hipersensibilidad asociada al espectro autista— la jueza encargada tomó una decisión alternativa. En lugar del timbre propuesto por la fiscalía, ordenó que se entregue un teléfono celular privado directamente al abogado defensor para que Carabineros pueda realizar llamadas periódicas desde el plan cuadrante con el fin de verificar que Barriga respete las condiciones establecidas. Al término de la audiencia y fuera del Centro de Justicia donde tuvo lugar este encuentro clave para su futuro judicial inmediato, Cathy Barrigua hizo uso del derecho a expresarse ante los medios congregados. Con palabras cargadas de emoción declaró percibir cierto nivel comprensivo hacia su caso por primera vez, además denunció lo que ella considera un hostigamiento persistente tanto desde esferas judiciales como mediáticas. Por otro lado, datos proporcionados por su equipo legal revelaron que hasta ahora se han realizado más de doscientenas inspecciones sorpresivas en su residencia : 29 veces durante enero; incrementándose notablemente a 61 visitas en febrero; alcanzando las 70 intervenciones durante marzo; disminuyendo ligeramente con 55 controles efectuados en abril; seguido finalmente por otras once verificaciones ya cursadas dentro del mes actual.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta decretó medidas cautelares para Daniel Agusto, exalcalde de Calama, prohibiéndole salir del país y acercarse a edificios municipales. Fue imputado por fraude al fisco y negociación incompatible entre 2017 y 2018. El tribunal revocó la prisión preventiva, considerándola desproporcionada. En su lugar, optaron por el arraigo nacional, restricciones de acercamiento a las oficinas municipales, y a los funcionarios relacionados con la investigación. Según el Ministerio Público, Agusto, como presidente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, no detuvo la compra de un inmueble objetada por Contraloría. La propiedad tenía lazos familiares con el exalcalde, lo que generó sospechas de conflicto de interés. El tribunal determinó que la única querella vigente en su contra llegó cinco años después de los eventos. Agusto, quien anteriormente tenía una conducta irreprochable, puede cumplir cualquier sanción en libertad, argumentó la defensa. El fallo no fue unánime, ya que el abogado Fernando Orellana votó por mantener la prisión preventiva. Sin embargo, se aplicaron las cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal para la protección del proceso.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha intensificado su ofensiva legal en el caso que involucra presuntas irregularidades financieras vinculadas al Gobierno Regional de La Araucanía, al anunciar la interposición de una querella criminal por fraude al Fisco contra el diputado Mauricio Ojeda. Esta medida se suma a las acciones judiciales previas que ya apuntaban a funcionarios públicos y particulares implicados en un esquema de malversación de fondos. La investigación, que ha destapado la transferencia irregular de más de $700 millones hacia la fundación Folab, sugiere un entramado donde recursos destinados para el desarrollo regiona l habrían sido desviados para otros fines. El CDE, actuando con rigor ante indicios contundentes, busca establecer responsabilidades penales y recuperar los montos defraudados. Este nuevo curso legal refuerza la querella interpuesta anteriormente por el mismo organismo en noviembre pasado. En dicha ocasión, cuatro funcionarios públicos junto con dos actores privados fueron acusados formalmente por su participación directa en reiteradas instancias delictivas relacionadas con fraude al Fisco y lavado de activos. El escenario judicial para el parlamentario Ojeda se complica tras esta acción del CDE. Su abogado defensor Carlos Tenorio tomó cartas en el asunto presentando un escrito ante la Corte de Apelaciones de Temuco para proceder con la notificación sobre una petición fiscal respecto a su desafuero. Este paso procesal fue motivado después que intentos previos por localizar a Ojeda tanto en su lugar laboral como residencial resultaran infructuosos. Tenorio explicó que esta decisión proactiva tiene como fin agilizar los trámites legales correspondientes: “Tomé la decisión de darme por notificado con la finalidad que se pueda seguir adelante con el curso de esta solicitud de desafuero” . Con ello, busca evitar demoras innecesarias y permitir que las investigaciones continúen su rumbo conforme a derecho.
Para el próximo jueves 18 de julio a las 8:30 de la mañana en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, estaría fijada una audiencia para reformular cargos a los tres imputados por el Caso Democracia Viva. El exseremi del Minvu, Carlos Contreras; el exrepresentante legal de la fundación, Daniel Andrade; y la concejala Paz Fuica, se les atribuiría nuevas acusaciones por delitos de fraude al fisco. De acuerdo a lo difundido por el SoyAntofagasta, la Fiscalía Local de Antofagasta solicitó esta audiencia de reformalización en contra de los involucrados, quienes en caso de no comparecer sin presentar justificación podrían ser conducidos por la fuerza pública, ya que cualquier impedimento debe ser comunicado de forma anticipada al Tribunal. Actualmente, el exseremi del Minvu, Carlos Contreras, se encuentra en prisión preventiva, medida cautelar impuesta durante la formalización de la arista TomArte. En tanto, Fuica y Andrade se mantienen con arresto domiciliario total.
Después de tres largas jornadas de formalización, este lunes se conocieron las medidas cautelares para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, imputado por varios delitos de corrupción cometidos en el contexto de la pandemia de Covid-19. A las 9:16 AM, la jueza Paulina Moya comenzó la lectura de su resolución en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago. En su declaración, la magistrada subrayó que las decisiones judiciales deben basarse únicamente en los hechos y las leyes aplicables, sin considerar filiaciones ni ideologías políticas. Moya también señaló que esta fase del proceso es de formalización de cargos y no de juicio oral, por lo que el estándar de convicción requerido es menor. Tras revisar los antecedentes presentados por la Fiscalía Centro Norte y los argumentos de la defensa, la jueza determinó que las medidas cautelares de menor intensidad eran insuficientes debido a la gravedad de los delitos y las penas asociadas. Así, decretó prisión preventiva para el alcalde Daniel Jadue, quien deberá ingresar al Anexo Penitenciario Capitán Yáber. José Muñoz Becerra, exencargado de ventas de Achifarp y posterior secretario ejecutivo de la misma, recibió la misma medida de prisión preventiva. Por su parte, el médico Eduardo Sendra, también funcionario de Achifarp, quedó con arresto domiciliario nocturno. El miércoles pasado, la fiscal Giovanna Herrera inició su extensa acusación contra Jadue y otros siete imputados. Los cargos incluyen estafa, administración desleal, cohecho, fraude al fisco y delito concursal. Estos presuntos delitos están relacionados con las compras realizadas por la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), de la cual Jadue era presidente del directorio. La empresa Best Quality, que no recibió la totalidad de los pagos, se querelló por estafa en 2020, iniciando la investigación. La fiscalía alega un perjuicio de más de mil millones de pesos y había solicitado prisión preventiva para Jadue y Muñoz Becerra. Para Sendra, la fiscalía había pedido arresto domiciliario nocturno, arraigo y prohibición de acercarse a los coimputados. El abogado de Jadue, Ramón Sepúlveda, había solicitado que su defendido quedara sin ninguna medida cautelar. El plazo investigativo se fijó en 120 días. Durante el proceso, la fiscal Herrera presentó pruebas del supuesto fraude al fisco, señalando que los fondos aprobados por el Concejo Municipal de Recoleta para adquirir insumos médicos en época de coronavirus se utilizaron para pagar deudas de Achifarp. También se acusó a Jadue de cohecho por solicitar una bonificación de productos a Best Quality a cambio de asegurarles contratos futuros. En la causa también están imputados varios colaboradores y asociados, quienes han recibido diversas medidas cautelares, como arraigo y firma mensual. El tribunal seguirá con la formalización de otros imputados en los próximos días.
Este viernes, en una nueva audiencia de revisión de medidas cautelares, se debatió la situación procesal de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. La Fiscalía Metropolitana Oriente acusa a Barriga por presuntos delitos de corrupción durante su gestión al frente del municipio, los cuales habrían generado un desfalco cercano a los $31 mil millones. La instancia judicial tenía como objetivo principal evaluar el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas anteriormente sobre Barriga. Según informes presentados por la fiscalía, existen indicios que apuntan a incumplimientos reiterados en fechas específicas: viernes 12, martes 23, jueves 25 y domingo 28 de abri l. Ante esta situación, el organismo persecutor solicitó intensificar dichas restricciones e implementar un timbre en la parcela donde Barriga cumple arresto domiciliario total en Peñaflor para asegurar su permanencia. No obstante, tras escuchar ambas partes involucradas en el proceso legal y ponderar los argumentos expuestos por la defensa respecto a las necesidades particulares del hijo menor de edad de Barriga —quien presenta hipersensibilidad asociada al espectro autista— la jueza encargada tomó una decisión alternativa. En lugar del timbre propuesto por la fiscalía, ordenó que se entregue un teléfono celular privado directamente al abogado defensor para que Carabineros pueda realizar llamadas periódicas desde el plan cuadrante con el fin de verificar que Barriga respete las condiciones establecidas. Al término de la audiencia y fuera del Centro de Justicia donde tuvo lugar este encuentro clave para su futuro judicial inmediato, Cathy Barrigua hizo uso del derecho a expresarse ante los medios congregados. Con palabras cargadas de emoción declaró percibir cierto nivel comprensivo hacia su caso por primera vez, además denunció lo que ella considera un hostigamiento persistente tanto desde esferas judiciales como mediáticas. Por otro lado, datos proporcionados por su equipo legal revelaron que hasta ahora se han realizado más de doscientenas inspecciones sorpresivas en su residencia : 29 veces durante enero; incrementándose notablemente a 61 visitas en febrero; alcanzando las 70 intervenciones durante marzo; disminuyendo ligeramente con 55 controles efectuados en abril; seguido finalmente por otras once verificaciones ya cursadas dentro del mes actual.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta decretó medidas cautelares para Daniel Agusto, exalcalde de Calama, prohibiéndole salir del país y acercarse a edificios municipales. Fue imputado por fraude al fisco y negociación incompatible entre 2017 y 2018. El tribunal revocó la prisión preventiva, considerándola desproporcionada. En su lugar, optaron por el arraigo nacional, restricciones de acercamiento a las oficinas municipales, y a los funcionarios relacionados con la investigación. Según el Ministerio Público, Agusto, como presidente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, no detuvo la compra de un inmueble objetada por Contraloría. La propiedad tenía lazos familiares con el exalcalde, lo que generó sospechas de conflicto de interés. El tribunal determinó que la única querella vigente en su contra llegó cinco años después de los eventos. Agusto, quien anteriormente tenía una conducta irreprochable, puede cumplir cualquier sanción en libertad, argumentó la defensa. El fallo no fue unánime, ya que el abogado Fernando Orellana votó por mantener la prisión preventiva. Sin embargo, se aplicaron las cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal para la protección del proceso.
