La Asociación Regional de Municipios de Atacama (ARMA) ha hecho una solicitud formal al Gobierno para que se declare el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe y Zona de Catástrofe en toda la región, debido a los graves efectos provocados por el sistema frontal. La petición fue presentada ante la Delegación Presidencial Regional con el objetivo de agilizar la llegada de recursos humanos, logísticos y materiales. Según informa SoyChile, esta solicitud surge en medio de intensas precipitaciones, desbordes, activación de quebradas, caminos dañados y localidades aisladas o incomunicadas. Los municipios han alertado que incluso vehículos de alta tracción han tenido dificultades para acceder a las zonas más afectadas, lo que complica las labores de ayuda y rescate. El presidente de ARMA y alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini, ha expresado que la medida tomada en la provincia del Huasco debería extenderse a toda la región de Atacama. “Creemos que es necesario ampliarlo a toda la región como una herramienta concreta que permita al Estado mover con mayor rapidez todos los recursos humanos, logísticos y materiales”, afirmó Cicardini. Cicardini también ha señalado que la emergencia sigue evolucionando y que los equipos municipales están trabajando al máximo de sus capacidades. “Hoy tenemos áreas aisladas, caminos destrozados, quebradas activas y familias incomunicadas”, dijo. El alcalde aseguró que una declaración regional permitiría contar con un mayor número de personal, maquinaria especializada y medios de transporte adecuados. Por su parte, la delegada presidencial regional de Atacama, Sofía Cid, ha mencionado que las autoridades estarán evaluando la evolución del sistema frontal y la situación en la provincia de Copiapó. “Nuestra prioridad es rescatar a las personas más aisladas y restablecer la conectividad en la Ruta 5 Norte”, declaró. Desde ARMA han instado al Gobierno a actuar con prontitud, argumentando que la magnitud del desastre requiere medidas excepcionales para proteger a la población, restablecer la comunicación y asegurar una rápida distribución de ayuda humanitaria en las áreas más afectadas. Fuente: ADN Radio Nacional
En medio de las crecientes solicitudes de autoridades locales para decretar estado de catástrofe tras el sistema frontal, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, aseguró que el Gobierno considera que, por ahora, cuenta con las herramientas suficientes para enfrentar la emergencia y que una eventual declaración será evaluada una vez que exista un catastro completo de los daños. Las declaraciones del secretario de Estado se producen luego de que autoridades comunales, como el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, acusaran falta de apoyo del nivel central y solicitaran activar el estado de catástrofe para acelerar la llegada de recursos destinados a la reconstrucción. Consultado por estos requerimientos tras una reunión en Senapred, el ministro Alvarado respondió que “hoy día los instrumentos que el Gobierno está utilizando permiten atender esta fase de la emergencia” y recalcó que las medidas preventivas adoptadas antes del temporal permitieron movilizar recursos y medios para enfrentar la contingencia. El secretario de Estado explicó que durante e ste lunes se recopilarán antecedentes detallados sobre las afectaciones en cada comuna para determinar el alcance real de los daños. “ Cuando tengamos la afectación real en las regiones y en cada comuna vamos a evaluar el pasar a una segunda fase, que es la recuperación. Y si esa segunda fase requiere facilitar la inversión para recuperar las zonas afectadas, indudablemente que valoraremos un estado de catástrofe por condiciones climáticas”, afirmó. El titular del Interior también defendió el despliegue del Ejecutivo, señalando que todas las solicitudes canalizadas a través de los comités regionales de gestión del riesgo han sido respondidas. Además, indicó que se reforzó el uso de medios aéreos para evacuar personas y abastecer a localidades aisladas, mientras continúan las labores para restablecer caminos y servicios básicos. Respecto a los cortes de electricidad, aseguró que el Gobierno fiscalizará a las empresas para garantizar las compensaciones establecidas por ley y exigir la reposición del suministro en el menor tiempo posible. Fuente: ADN Radio Nacional
La medición periódica de la opinión pública arrojó un complejo escenario político para el comité político de La Moneda. Este domingo 12 de julio se liberaron los resultados de una nueva edición de la encuesta Criteria, herramienta de diagnóstico que evidenció un retroceso estadístico en los niveles de adhesión hacia la conducción del Presidente de la República, José Antonio Kast, situando sus cifras de respaldo en el punto más bajo desde el inicio de su mandato constitucional. De acuerdo con las métricas del estudio de opinión, la aprobación a la gestión del Jefe de Estado se posicionó en un 32%, lo que representa una contracción de tres puntos porcentuales en relación al último reporte semanal. Este indicador se transforma de manera oficial en el registro de apoyo más bajo detectado por el sondeo desde el cambio de mando residencial del pasado 11 de marzo. En la contraparte del tablero estadístico, la desaprobación a la figura presidencial experimentó un incremento de dos puntos, alcanzando el 55% de las menciones, mientras que el segmento de la población que optó por la opción “no sabe” o no pondera el desempeño del Ejecutivo se situó en un 13%. Más allá de la evaluación de las figuras de autoridad, el estudio de Criteria destinó un apartado técnico para auscultar la percepción social frente al bloque legislativo clave del oficialismo: el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, iniciativa estructural que en la actualidad surte sus etapas de discusión y análisis en las comisiones del Senado. Las respuestas recolectadas exponen un escenario de virtual empate técnico y fractura de opiniones respecto a los impactos macroeconómicos del articulado: Asimismo, la encuesta detectó un marcado juicio de valor en torno a los destinatarios finales de los beneficios de esta reforma. El 47% de los ciudadanos consultados aseguró mantener la convicción de que la iniciativa, tal como se encuentra redactada en su trámite parlamentario, terminará favoreciendo de forma prioritaria y principal a los sectores socioeconómicos de mayores ingresos del país. Este último dato añade presión al debate de las bancadas oficialistas en la Cámara Alta para la negociación de indicaciones específicas. Lee aquí el estudio completo: Criteria Julio 2026 Fuente: Publimetro
En el transcurso de la jornada, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió a las acusaciones planteadas por el subcomisario de la Policía de Investigaciones, Rodrigo Silva. Este último denunció una presunta red de corrupción al interior de la institución y señaló a la Fiscalía Oriente. La revelación tuvo lugar después de que el funcionario se mantuviera oculto en un edificio de Las Condes, expresando su temor por su vida. Luego del incidente, Silva fue llevado al Hospital de Carabineros, donde actualmente está bajo observación con lesiones leves tras autoinfligirse heridas. Al abordar el tema, Arrau subrayó la importancia de investigar a fondo las acusaciones. “Son situaciones graves y, por supuesto, hay que investigarlas con todo el rigor”, declaró el ministro. El ministro enfatizó que tanto el Gobierno como la policía tienen la responsabilidad de dar seguimiento a denuncias como estas, especialmente cuando implican posibles amenazas o actos de corrupción. En palabras recogidas por 24 Horas, afirmó: “El compromiso de la institución es hacerlo. Lo tomamos con la máxima seriedad”. A pesar de ello, Arrau recalcó que “todas las denuncias de este tipo, sobre todo de actos de amenazas o corrupción potenciales, porque todavía no hay nada demostrado ni comprobado, las seguimos”. Por último, el ministro insistió en que cualquier indicio de irregularidad dentro de las fuerzas policiales debe ser investigado a fondo y no pasarse por alto. “La potencial corrupción y los actos que puedan denunciarse dentro de las instituciones no hay que dejarlos pasar, hay que estudiarlos, analizarlos”, concluyó. Fuente: ADN Radio Nacional
Los trabajadores agrupados en la Confederación Nacional de Trabajadores Portuarios (Conatraport/CNTP) han iniciado un paro nacional este jueves, que se extiende desde Iquique hasta Magallanes e involucra a cerca de 3 mil personas. La protesta tiene como objetivo al Gobierno por un cambio en los criterios de acceso al programa de pensiones de gracia para trabajadores portuarios, beneficio que, según el gremio, se mantiene vigente hasta diciembre de 2026. El coordinador nacional de Comunicaciones de Conatraport, Gabriel Rebolledo, ha acusado al Ejecutivo de incurrir en una práctica antisindical al excluir a su organización del beneficio. Según sus palabras: “El Gobierno está cometiendo un acto antisindical respecto al beneficio social que nosotros tenemos ganado desde 2012. El 19 de junio nos informan que ya no tenemos derecho a continuar con este beneficio y que será otorgado a otro grupo”, afirmó, asegurando además que la decisión “atenta contra la libertad sindical y la Constitución”. La paralización afecta terminales como San Vicente, Coronel y Lirquén en la región del Biobío, además de otros puertos del país. Según el dirigente, los trabajadores permanecen movilizados en los accesos a los recintos portuarios y evaluarán durante esta jornada si la protesta se prolonga. “Esperamos que el Gobierno recapacite y revierta esta situación”, señaló. A través de una declaración pública, Conatraport sostuvo que el programa contempla 250 pensiones de gracia anuales y ha sido aplicado de manera ininterrumpida desde 2012. La organización denunció que el Ministerio del Interior modificó unilateralmente los criterios de asignación el pasado 19 de junio, restringiendo el beneficio a otra organización sindical. El gremio aseguró haber agotado las instancias de diálogo con autoridades, parlamentarios y representantes del sector empresarial, por lo que llamó al Ejecutivo a rectificar la decisión para evitar que el conflicto se extienda durante los próximos días. Fuente: ADN Radio Nacional
La Asociación Regional de Municipios de Atacama (ARMA) ha hecho una solicitud formal al Gobierno para que se declare el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe y Zona de Catástrofe en toda la región, debido a los graves efectos provocados por el sistema frontal. La petición fue presentada ante la Delegación Presidencial Regional con el objetivo de agilizar la llegada de recursos humanos, logísticos y materiales. Según informa SoyChile, esta solicitud surge en medio de intensas precipitaciones, desbordes, activación de quebradas, caminos dañados y localidades aisladas o incomunicadas. Los municipios han alertado que incluso vehículos de alta tracción han tenido dificultades para acceder a las zonas más afectadas, lo que complica las labores de ayuda y rescate. El presidente de ARMA y alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini, ha expresado que la medida tomada en la provincia del Huasco debería extenderse a toda la región de Atacama. “Creemos que es necesario ampliarlo a toda la región como una herramienta concreta que permita al Estado mover con mayor rapidez todos los recursos humanos, logísticos y materiales”, afirmó Cicardini. Cicardini también ha señalado que la emergencia sigue evolucionando y que los equipos municipales están trabajando al máximo de sus capacidades. “Hoy tenemos áreas aisladas, caminos destrozados, quebradas activas y familias incomunicadas”, dijo. El alcalde aseguró que una declaración regional permitiría contar con un mayor número de personal, maquinaria especializada y medios de transporte adecuados. Por su parte, la delegada presidencial regional de Atacama, Sofía Cid, ha mencionado que las autoridades estarán evaluando la evolución del sistema frontal y la situación en la provincia de Copiapó. “Nuestra prioridad es rescatar a las personas más aisladas y restablecer la conectividad en la Ruta 5 Norte”, declaró. Desde ARMA han instado al Gobierno a actuar con prontitud, argumentando que la magnitud del desastre requiere medidas excepcionales para proteger a la población, restablecer la comunicación y asegurar una rápida distribución de ayuda humanitaria en las áreas más afectadas. Fuente: ADN Radio Nacional
En medio de las crecientes solicitudes de autoridades locales para decretar estado de catástrofe tras el sistema frontal, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, aseguró que el Gobierno considera que, por ahora, cuenta con las herramientas suficientes para enfrentar la emergencia y que una eventual declaración será evaluada una vez que exista un catastro completo de los daños. Las declaraciones del secretario de Estado se producen luego de que autoridades comunales, como el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, acusaran falta de apoyo del nivel central y solicitaran activar el estado de catástrofe para acelerar la llegada de recursos destinados a la reconstrucción. Consultado por estos requerimientos tras una reunión en Senapred, el ministro Alvarado respondió que “hoy día los instrumentos que el Gobierno está utilizando permiten atender esta fase de la emergencia” y recalcó que las medidas preventivas adoptadas antes del temporal permitieron movilizar recursos y medios para enfrentar la contingencia. El secretario de Estado explicó que durante e ste lunes se recopilarán antecedentes detallados sobre las afectaciones en cada comuna para determinar el alcance real de los daños. “ Cuando tengamos la afectación real en las regiones y en cada comuna vamos a evaluar el pasar a una segunda fase, que es la recuperación. Y si esa segunda fase requiere facilitar la inversión para recuperar las zonas afectadas, indudablemente que valoraremos un estado de catástrofe por condiciones climáticas”, afirmó. El titular del Interior también defendió el despliegue del Ejecutivo, señalando que todas las solicitudes canalizadas a través de los comités regionales de gestión del riesgo han sido respondidas. Además, indicó que se reforzó el uso de medios aéreos para evacuar personas y abastecer a localidades aisladas, mientras continúan las labores para restablecer caminos y servicios básicos. Respecto a los cortes de electricidad, aseguró que el Gobierno fiscalizará a las empresas para garantizar las compensaciones establecidas por ley y exigir la reposición del suministro en el menor tiempo posible. Fuente: ADN Radio Nacional
La medición periódica de la opinión pública arrojó un complejo escenario político para el comité político de La Moneda. Este domingo 12 de julio se liberaron los resultados de una nueva edición de la encuesta Criteria, herramienta de diagnóstico que evidenció un retroceso estadístico en los niveles de adhesión hacia la conducción del Presidente de la República, José Antonio Kast, situando sus cifras de respaldo en el punto más bajo desde el inicio de su mandato constitucional. De acuerdo con las métricas del estudio de opinión, la aprobación a la gestión del Jefe de Estado se posicionó en un 32%, lo que representa una contracción de tres puntos porcentuales en relación al último reporte semanal. Este indicador se transforma de manera oficial en el registro de apoyo más bajo detectado por el sondeo desde el cambio de mando residencial del pasado 11 de marzo. En la contraparte del tablero estadístico, la desaprobación a la figura presidencial experimentó un incremento de dos puntos, alcanzando el 55% de las menciones, mientras que el segmento de la población que optó por la opción “no sabe” o no pondera el desempeño del Ejecutivo se situó en un 13%. Más allá de la evaluación de las figuras de autoridad, el estudio de Criteria destinó un apartado técnico para auscultar la percepción social frente al bloque legislativo clave del oficialismo: el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, iniciativa estructural que en la actualidad surte sus etapas de discusión y análisis en las comisiones del Senado. Las respuestas recolectadas exponen un escenario de virtual empate técnico y fractura de opiniones respecto a los impactos macroeconómicos del articulado: Asimismo, la encuesta detectó un marcado juicio de valor en torno a los destinatarios finales de los beneficios de esta reforma. El 47% de los ciudadanos consultados aseguró mantener la convicción de que la iniciativa, tal como se encuentra redactada en su trámite parlamentario, terminará favoreciendo de forma prioritaria y principal a los sectores socioeconómicos de mayores ingresos del país. Este último dato añade presión al debate de las bancadas oficialistas en la Cámara Alta para la negociación de indicaciones específicas. Lee aquí el estudio completo: Criteria Julio 2026 Fuente: Publimetro
En el transcurso de la jornada, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió a las acusaciones planteadas por el subcomisario de la Policía de Investigaciones, Rodrigo Silva. Este último denunció una presunta red de corrupción al interior de la institución y señaló a la Fiscalía Oriente. La revelación tuvo lugar después de que el funcionario se mantuviera oculto en un edificio de Las Condes, expresando su temor por su vida. Luego del incidente, Silva fue llevado al Hospital de Carabineros, donde actualmente está bajo observación con lesiones leves tras autoinfligirse heridas. Al abordar el tema, Arrau subrayó la importancia de investigar a fondo las acusaciones. “Son situaciones graves y, por supuesto, hay que investigarlas con todo el rigor”, declaró el ministro. El ministro enfatizó que tanto el Gobierno como la policía tienen la responsabilidad de dar seguimiento a denuncias como estas, especialmente cuando implican posibles amenazas o actos de corrupción. En palabras recogidas por 24 Horas, afirmó: “El compromiso de la institución es hacerlo. Lo tomamos con la máxima seriedad”. A pesar de ello, Arrau recalcó que “todas las denuncias de este tipo, sobre todo de actos de amenazas o corrupción potenciales, porque todavía no hay nada demostrado ni comprobado, las seguimos”. Por último, el ministro insistió en que cualquier indicio de irregularidad dentro de las fuerzas policiales debe ser investigado a fondo y no pasarse por alto. “La potencial corrupción y los actos que puedan denunciarse dentro de las instituciones no hay que dejarlos pasar, hay que estudiarlos, analizarlos”, concluyó. Fuente: ADN Radio Nacional
Los trabajadores agrupados en la Confederación Nacional de Trabajadores Portuarios (Conatraport/CNTP) han iniciado un paro nacional este jueves, que se extiende desde Iquique hasta Magallanes e involucra a cerca de 3 mil personas. La protesta tiene como objetivo al Gobierno por un cambio en los criterios de acceso al programa de pensiones de gracia para trabajadores portuarios, beneficio que, según el gremio, se mantiene vigente hasta diciembre de 2026. El coordinador nacional de Comunicaciones de Conatraport, Gabriel Rebolledo, ha acusado al Ejecutivo de incurrir en una práctica antisindical al excluir a su organización del beneficio. Según sus palabras: “El Gobierno está cometiendo un acto antisindical respecto al beneficio social que nosotros tenemos ganado desde 2012. El 19 de junio nos informan que ya no tenemos derecho a continuar con este beneficio y que será otorgado a otro grupo”, afirmó, asegurando además que la decisión “atenta contra la libertad sindical y la Constitución”. La paralización afecta terminales como San Vicente, Coronel y Lirquén en la región del Biobío, además de otros puertos del país. Según el dirigente, los trabajadores permanecen movilizados en los accesos a los recintos portuarios y evaluarán durante esta jornada si la protesta se prolonga. “Esperamos que el Gobierno recapacite y revierta esta situación”, señaló. A través de una declaración pública, Conatraport sostuvo que el programa contempla 250 pensiones de gracia anuales y ha sido aplicado de manera ininterrumpida desde 2012. La organización denunció que el Ministerio del Interior modificó unilateralmente los criterios de asignación el pasado 19 de junio, restringiendo el beneficio a otra organización sindical. El gremio aseguró haber agotado las instancias de diálogo con autoridades, parlamentarios y representantes del sector empresarial, por lo que llamó al Ejecutivo a rectificar la decisión para evitar que el conflicto se extienda durante los próximos días. Fuente: ADN Radio Nacional
