Solo 23 de las 345 municipalidades de Chile cumplen completamente con sus obligaciones de transparencia activa, según reveló una fiscalización realizada por el Consejo para la Transparencia (CPLT), que identificó importantes brechas en el acceso ciudadano a información sobre el uso de recursos públicos. El informe, elaborado entre abril y julio de 2026, estableció que el cumplimiento promedio nacional llegó al 88,5%, registrando un aumento de 6,7 puntos porcentuales respecto del año anterior. Se trata del mejor resultado desde que comenzaron estas mediciones en 2012. Sin embargo, el organismo advirtió que 322 municipios todavía presentan algún grado de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación. La presidenta del CPLT, María Jaraquemada, reconoció que los resultados muestran avances, aunque también reflejan dificultades persistentes en áreas relevantes para la fiscalización ciudadana. Gastos públicos y deudas municipales presentan las mayores deficiencias Uno de los aspectos más preocupantes identificados en el estudio corresponde a la disponibilidad de información financiera de los municipios. De acuerdo con los resultados, la publicación de antecedentes presupuestarios alcanzó un 74% de cumplimiento, mientras que la información sobre adquisiciones y contrataciones llegó al 76,9%. La principal brecha se detectó en las deudas de las corporaciones municipales, cuyo nivel de cumplimiento fue de apenas un 46,5%. Asimismo, la publicación de contratos realizados fuera de Mercado Público registró un 60%, evidenciando dificultades para acceder a antecedentes sobre determinadas operaciones municipales. La presidenta del Consejo para la Transparencia enfatizó que conocer cómo se utilizan los recursos públicos constituye una de las principales demandas de información de la ciudadanía. En ese sentido, advirtió que la falta de transparencia puede aumentar los riesgos de irregularidades administrativas, aunque precisó que un incumplimiento en la publicación de antecedentes no significa necesariamente que existan actos de corrupción. ¿Qué municipalidades cumplen completamente con la Ley de Transparencia? La fiscalización identificó a 23 municipios que alcanzaron el 100% de cumplimiento de las obligaciones evaluadas. Entre ellos se encuentran las municipalidades de Angol, Antofagasta, Curicó, Providencia y Puerto Montt, que lograron publicar la totalidad de los antecedentes exigidos en la revisión. En el extremo contrario, el informe identificó a varias comunas con niveles de cumplimiento considerablemente inferiores al promedio nacional. Entre los resultados más bajos aparecen: Huasco, Región de Atacama: 43,6%. Curarrehue, Región de La Araucanía: 47,2%. Catemu, Región de Valparaíso: 49,9%. Longaví, Región del Maule: 51,6%. Independencia, Región Metropolitana: 52,6%. Desde el CPLT explicaron que algunos municipios atribuyen sus dificultades a la falta de personal especializado o de capacidades técnicas. Sin embargo, recalcaron que estas condiciones no eliminan la obligación legal de mantener disponible y actualizada la información pública. Municipios muestran avances respecto de 2025 Pese a las deficiencias detectadas, el estudio también evidenció mejoras relevantes en el desempeño de numerosas administraciones comunales. Según el organismo, 39 de las 41 municipalidades que obtuvieron los resultados más bajos durante 2025 mejoraron sus indicadores en 2026, con un incremento promedio de 30,4 puntos porcentuales. Este avance contribuyó a elevar el cumplimiento nacional hasta su nivel más alto desde el inicio de las fiscalizaciones. No obstante, el Consejo insistió en que todavía existen diferencias importantes entre municipalidades, especialmente en la entrega de antecedentes financieros y contractuales. Consejo para la Transparencia advierte multas por incumplimientos Frente a los resultados, el CPLT anunció que desarrollará investigaciones sumarias para determinar eventuales responsabilidades por el incumplimiento de las obligaciones legales. La normativa contempla multas de entre el 20% y el 50% de la remuneración mensual del infractor, cuando se acrediten incumplimientos injustificados. Junto con las medidas de fiscalización, el organismo continuará realizando capacitaciones y acciones de acompañamiento técnico para fortalecer el cumplimiento de la Ley de Transparencia en los gobiernos comunales. El objetivo institucional es que el promedio nacional supere el 90% durante 2027. Para el Consejo, mejorar el acceso a información sobre presupuestos, gastos, contrataciones y deudas municipales es fundamental para fortalecer la rendición de cuentas y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Aunque los resultados muestran una evolución positiva, el hecho de que solo 23 municipalidades cumplan la totalidad de las exigencias evidencia los desafíos que todavía enfrenta Chile en materia de transparencia y acceso a la información pública.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) ha entregado al subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, información consolidada sobre 155 multas impagas correspondientes a sanciones aplicadas por el CPLT durante el período que va entre enero 2022 a enero 2026 a autoridades y funcionarios públicos por infracciones en materia de acceso a la información pública y transparencia activa. La entrega fue realizada por el Consejo Directivo del CPLT, liderado por su presidenta, Natalia González, junto a los consejeros María Jaraquemada y Bernardo Navarrete, como parte de las gestiones que está impulsando la institución para asegurar y reforzar la coordinación institucional, de manera que la Tesorería General de la República avance decididamente en las acciones de cobro correspondientes y que le competen. De acuerdo con el catastro elaborado por el CPLT, las multas impagas involucran a 142 funcionarios, de más de 90 organismos públicos distintos, entre ellos municipalidades, gobiernos regionales, servicios públicos, corporaciones y asociaciones municipales, además de una superintendencia. Más de la mitad de las multas impagas fueron impuestas a alcaldes o jefes de servicio. Las demás se reparten entre encargados de transparencia, administradores municipales, secretarios municipales, asesores jurídicos y otros funcionarios responsables. Respecto de los sancionados, en ciertos casos acumulan dos o hasta tres multas impagas. Asimismo, hay algunos que se encuentran actualmente en funciones y otros que, a la fecha, han dejado sus posiciones en el aparato público. Desde el CPLT explicaron que el Consejo es el órgano encargado de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, instruir los procedimientos sancionatorios y aplicar las multas cuando corresponde. Una vez que las sanciones se encuentran firmes, la gestión de cobro corresponde a la Tesorería General de la República, servicio dependiente de la Subsecretaría de Hacienda. “Que una autoridad o un funcionario público no pague una multa que se encuentra a firme y que se asocia al incumplimiento de la Ley de Transparencia, es una señal muy grave. En Chile nadie está sobre la ley. Como Consejo para la Transparencia estamos ejerciendo plenamente nuestras atribuciones para el debido cumplimiento del derecho de acceso a la información pública. - Natalia González Según lo establecido en la Ley de Transparencia, estas sanciones pueden ir entre el 20% y el 50% de la remuneración mensual del jefe de servicio o de quienes resulten responsables, dependiendo del tipo de infracción y lo acreditado en el respectivo procedimiento. Más del dos tercio de las multas impagas se vinculan con incumplimientos de transparencia activa. También se registran sanciones asociadas a incumplimientos en la entrega de información pública solicitada por personas. Desde el CPLT recalcaron que estas multas fueron legalmente cursadas y que su pago efectivo forma parte del deber de probidad y transparencia que asumen quienes ejercen funciones públicas. Fuente: Meganoticias
Solo 23 de las 345 municipalidades de Chile cumplen completamente con sus obligaciones de transparencia activa, según reveló una fiscalización realizada por el Consejo para la Transparencia (CPLT), que identificó importantes brechas en el acceso ciudadano a información sobre el uso de recursos públicos. El informe, elaborado entre abril y julio de 2026, estableció que el cumplimiento promedio nacional llegó al 88,5%, registrando un aumento de 6,7 puntos porcentuales respecto del año anterior. Se trata del mejor resultado desde que comenzaron estas mediciones en 2012. Sin embargo, el organismo advirtió que 322 municipios todavía presentan algún grado de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación. La presidenta del CPLT, María Jaraquemada, reconoció que los resultados muestran avances, aunque también reflejan dificultades persistentes en áreas relevantes para la fiscalización ciudadana. Gastos públicos y deudas municipales presentan las mayores deficiencias Uno de los aspectos más preocupantes identificados en el estudio corresponde a la disponibilidad de información financiera de los municipios. De acuerdo con los resultados, la publicación de antecedentes presupuestarios alcanzó un 74% de cumplimiento, mientras que la información sobre adquisiciones y contrataciones llegó al 76,9%. La principal brecha se detectó en las deudas de las corporaciones municipales, cuyo nivel de cumplimiento fue de apenas un 46,5%. Asimismo, la publicación de contratos realizados fuera de Mercado Público registró un 60%, evidenciando dificultades para acceder a antecedentes sobre determinadas operaciones municipales. La presidenta del Consejo para la Transparencia enfatizó que conocer cómo se utilizan los recursos públicos constituye una de las principales demandas de información de la ciudadanía. En ese sentido, advirtió que la falta de transparencia puede aumentar los riesgos de irregularidades administrativas, aunque precisó que un incumplimiento en la publicación de antecedentes no significa necesariamente que existan actos de corrupción. ¿Qué municipalidades cumplen completamente con la Ley de Transparencia? La fiscalización identificó a 23 municipios que alcanzaron el 100% de cumplimiento de las obligaciones evaluadas. Entre ellos se encuentran las municipalidades de Angol, Antofagasta, Curicó, Providencia y Puerto Montt, que lograron publicar la totalidad de los antecedentes exigidos en la revisión. En el extremo contrario, el informe identificó a varias comunas con niveles de cumplimiento considerablemente inferiores al promedio nacional. Entre los resultados más bajos aparecen: Huasco, Región de Atacama: 43,6%. Curarrehue, Región de La Araucanía: 47,2%. Catemu, Región de Valparaíso: 49,9%. Longaví, Región del Maule: 51,6%. Independencia, Región Metropolitana: 52,6%. Desde el CPLT explicaron que algunos municipios atribuyen sus dificultades a la falta de personal especializado o de capacidades técnicas. Sin embargo, recalcaron que estas condiciones no eliminan la obligación legal de mantener disponible y actualizada la información pública. Municipios muestran avances respecto de 2025 Pese a las deficiencias detectadas, el estudio también evidenció mejoras relevantes en el desempeño de numerosas administraciones comunales. Según el organismo, 39 de las 41 municipalidades que obtuvieron los resultados más bajos durante 2025 mejoraron sus indicadores en 2026, con un incremento promedio de 30,4 puntos porcentuales. Este avance contribuyó a elevar el cumplimiento nacional hasta su nivel más alto desde el inicio de las fiscalizaciones. No obstante, el Consejo insistió en que todavía existen diferencias importantes entre municipalidades, especialmente en la entrega de antecedentes financieros y contractuales. Consejo para la Transparencia advierte multas por incumplimientos Frente a los resultados, el CPLT anunció que desarrollará investigaciones sumarias para determinar eventuales responsabilidades por el incumplimiento de las obligaciones legales. La normativa contempla multas de entre el 20% y el 50% de la remuneración mensual del infractor, cuando se acrediten incumplimientos injustificados. Junto con las medidas de fiscalización, el organismo continuará realizando capacitaciones y acciones de acompañamiento técnico para fortalecer el cumplimiento de la Ley de Transparencia en los gobiernos comunales. El objetivo institucional es que el promedio nacional supere el 90% durante 2027. Para el Consejo, mejorar el acceso a información sobre presupuestos, gastos, contrataciones y deudas municipales es fundamental para fortalecer la rendición de cuentas y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Aunque los resultados muestran una evolución positiva, el hecho de que solo 23 municipalidades cumplan la totalidad de las exigencias evidencia los desafíos que todavía enfrenta Chile en materia de transparencia y acceso a la información pública.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) ha entregado al subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, información consolidada sobre 155 multas impagas correspondientes a sanciones aplicadas por el CPLT durante el período que va entre enero 2022 a enero 2026 a autoridades y funcionarios públicos por infracciones en materia de acceso a la información pública y transparencia activa. La entrega fue realizada por el Consejo Directivo del CPLT, liderado por su presidenta, Natalia González, junto a los consejeros María Jaraquemada y Bernardo Navarrete, como parte de las gestiones que está impulsando la institución para asegurar y reforzar la coordinación institucional, de manera que la Tesorería General de la República avance decididamente en las acciones de cobro correspondientes y que le competen. De acuerdo con el catastro elaborado por el CPLT, las multas impagas involucran a 142 funcionarios, de más de 90 organismos públicos distintos, entre ellos municipalidades, gobiernos regionales, servicios públicos, corporaciones y asociaciones municipales, además de una superintendencia. Más de la mitad de las multas impagas fueron impuestas a alcaldes o jefes de servicio. Las demás se reparten entre encargados de transparencia, administradores municipales, secretarios municipales, asesores jurídicos y otros funcionarios responsables. Respecto de los sancionados, en ciertos casos acumulan dos o hasta tres multas impagas. Asimismo, hay algunos que se encuentran actualmente en funciones y otros que, a la fecha, han dejado sus posiciones en el aparato público. Desde el CPLT explicaron que el Consejo es el órgano encargado de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, instruir los procedimientos sancionatorios y aplicar las multas cuando corresponde. Una vez que las sanciones se encuentran firmes, la gestión de cobro corresponde a la Tesorería General de la República, servicio dependiente de la Subsecretaría de Hacienda. “Que una autoridad o un funcionario público no pague una multa que se encuentra a firme y que se asocia al incumplimiento de la Ley de Transparencia, es una señal muy grave. En Chile nadie está sobre la ley. Como Consejo para la Transparencia estamos ejerciendo plenamente nuestras atribuciones para el debido cumplimiento del derecho de acceso a la información pública. - Natalia González Según lo establecido en la Ley de Transparencia, estas sanciones pueden ir entre el 20% y el 50% de la remuneración mensual del jefe de servicio o de quienes resulten responsables, dependiendo del tipo de infracción y lo acreditado en el respectivo procedimiento. Más del dos tercio de las multas impagas se vinculan con incumplimientos de transparencia activa. También se registran sanciones asociadas a incumplimientos en la entrega de información pública solicitada por personas. Desde el CPLT recalcaron que estas multas fueron legalmente cursadas y que su pago efectivo forma parte del deber de probidad y transparencia que asumen quienes ejercen funciones públicas. Fuente: Meganoticias
