En una reciente entrevista en Mesa Central de Tele13 Radio, el fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó una reunión clave que tuvo con el abogado imputado Luis Hermosilla y el exministro del Interior, Andrés Chadwick, poco después de asumir su cargo en la Fiscalía. Valencia enfatizó que su interacción con Chadwick, quien actualmente enfrenta investigaciones en el caso Audio, se debió arazones profesionales, negando cualquier vínculo político o personal. Ante esto, Valencia también mencionó que, durante su etapa de doctorado, consultó a Chadwick sobre su ingreso a la Universidad San Sebastián, aunque su relación con él fue breve y limitada. Al referirse a posibles conflictos de interés, el fiscal expresó que, si se presentara una causa que lo involucrara directamente, se inhabilitaría para abordarla. Asimismo, un aspecto controvertido de la entrevista fue la revelación de un encuentro con Hermosilla, donde el abogado le planteó inquietudes sobre el caso de Héctor Espinosa, exdirector de la PDI, acusado de corrupción. Valencia rechazó las solicitudes de Hermosilla, recordando que no era su competencia intervenir en dicha materia. El fiscal reconoció que su conversación con el abogado fue inapropiada y reflexionó sobre la lección aprendida, asegurando que no repetirá un comportamiento similar en el futuro. Finalmente, esta situación destaca la complejidad de los vínculos entre abogados y fiscales, así como la necesidad de mantener la integridad y la independencia en la investigación de casos de corrupción.
En una nueva vuelta del caso Penta, los abogados María Inés Horvitz y Mauricio Daza han presentado una querella contra el exfiscal Manuel Guerra, el abogado Luis Hermosilla y el exministro Andrés Chadwick. La acción se basa en la revelación de conversaciones entre Guerra y Hermosilla, que apuntan a irregularidades en la gestión del caso. Ante esto, la querella presentada en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, solicita el levantamiento del secreto bancario de los implicados y el acceso a cualquier aplicación de mensajería, incluidos WhatsApp y Telegram, durante el periodo de 2016 a 2024. Según el documento, Guerra y Hermosilla son acusados de cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa, mientras que a Hermosilla se le atribuye el delito de soborno. Asimismo, Horvitz y Daza argumentan que Guerra actuó de manera parcial y desleal, alterando la investigación a su favor. Se indica que existió una “estratagema” que vincula a los acusados, señalando que Hermosilla facilitó un puesto académico a Guerra tras su renuncia al Ministerio Público. Finalmente, la querella subraya la necesidad de esclarecer las conexiones entre los involucrados y las posibles transacciones ilegales, solicitando acceso a documentos y comunicaciones que podrían revelar la extensión de las irregularidades en este emblemático caso.
La defensa de Ángela Vivanco, ministra suspendida de la Corte Suprema, ha solicitado a la Fiscalía Regional de Los Lagos que cite a declarar a Luis Hermosilla en el marco de la investigación por tráfico de influencias. La indagatoria fue abierta tras una orden del fiscal nacional, Ángel Valencia, debido a presuntas irregularidades relacionadas con un fallo judicial a favor de la empresa bielorrusa Belaz Movitec SpA, que le habría costado al Estado chileno más de 70 millones de pesos. Ante esto, el abogado de Vivanco, Juan Carlos Manríquez, confirmó en una entrevista a Radio Pauta que han solicitado formalmente la declaración de Hermosilla, resaltando la importancia de su testimonio en el caso.Hermosilla es la persona que mandó tal o cual mensaje, pregúntele por qué lo envió, para qué lo envió, qué ocurrió de aquello y cuál es la consecuencia, afirmó Manríquez. Asimismo, el abogado también cuestionó la veracidad de los mensajes involucrados, destacando la necesidad de esclarecerlos:Se han publicado solo fragmentos sin el contexto completo ni cronología adecuada, y eso debe ser aclarado por los emisores, indicó. Hermosilla se encuentra actualmente en prisión preventiva por delitos de corrupción relacionados con el caso Audio. Además, Manríquez solicitó que las distintas investigaciones en curso contra Vivanco, que se desarrollan en las fiscalías regionales de Valparaíso y Los Lagos, sean unificadas para asegurar una defensa más eficaz. La defensa también espera que el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, intervenga para centralizar los casos, ya que la dispersión de los mismos podría perjudicar el proceso legal en favor de la ministra suspendida.
La Fiscalía Nacional decidió rechazar la solicitud presentada por la defensa de Luis Hermosilla para inhabilitar a la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, en el marco del caso audios. La defensa del abogado basó su petición en una serie de chats entre Parra y Hermosilla, que, según ellos, comprometerían laobjetividad e imparcialidad de la persecutora. El hermano de Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, señaló que dichos mensajes mostraban que Parra había enviado su currículum a Luis Hermosilla mientras se encontraba en campaña para ser fiscal regional. Además, la defensa acusó que Parra solicitó apoyo para Marta Herrera, su amiga personal, en su postulación a fiscal nacional en diciembre de 2022. Pese a los argumentos presentados, el fiscal nacional subrogante, Héctor Barros, rechazó la solicitud, afirmando que, por el momento, no existen antecedentes suficientes que fundamenten una inhabilidad. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de reconsiderar la decisión si la defensa presenta nuevas pruebas que respalden sus alegaciones bajo los términos del artículo 55 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. El debate sobre la relación entre Parra y Hermosilla cobró mayor relevancia tras la emisión de un reportaje en Chilevisión, en el cual se detallaron conversaciones entre ambos desde 2019 hasta 2022. Dicho reportaje reveló solicitudes de la fiscal Parra a Hermosilla para influir en ministros de la Corte de Apelaciones en favor de su candidatura a fiscal regional. Por su parte, Parra defendió sus acciones en una entrevista previa con TVN, argumentando queel sistema funciona así, y que era común que los postulantes a cargos judiciales enviaran sus currículums y pidieran respaldo para ser considerados. Finalmente, el caso sigue en desarrollo, mientras la defensa de Hermosilla evalúa los próximos pasos a seguir.
La investigación del Caso Audios, que involucra al abogado Luis Hermosilla, sigue sumando nuevas aristas judiciales. El Consejo de Defensa del Estado (CDE), en su rol de querellante, solicitó el acceso a los chats extraídos del teléfono de Hermosilla que puedan estar relacionados con funcionarios públicos. La petición fue hecha el pasado 12 de septiembre por su presidente, Raúl Letelier, ante el fiscal nacional, Ángel Valencia. Esta semana, la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, dio luz verde a la solicitud, lo que permitirá al CDE revisar los mensajes que involucren a funcionarios públicos en investigaciones abiertas. Entre los nombres que se destacan en estos chats estarían la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quienes ya enfrentan indagatorias lideradas por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer. Ante esto, la entrega de estos mensajes podría dar paso a nuevas querellas si se encontraran pruebas de delitos. El pasado 4 de septiembre, la Fiscalía entregó a la defensa de Hermosilla las 770 mil páginas de registros extraídas de su teléfono. Hasta el momento, solo se ha revisado un 20% del contenido, debido a la dificultad de identificar qué información es confidencial y qué podría ser de interés público. En paralelo, la defensa de Hermosilla está a la espera de que el fiscal nacional decida sobre la solicitud para reemplazar a la fiscal Lorena Parra en la investigación, tras revelarse chats que implican una posible solicitud de reunión con la ex jefa anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera. Finalmente, la próxima fase del caso podría exponer las conexiones de Hermosilla con otros jueces, fiscales y figuras políticas, ampliando aún más el alcance de esta investigación que ya ha sacudido a las altas esferas del poder judicial en Chile.
En una reciente entrevista en Mesa Central de Tele13 Radio, el fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó una reunión clave que tuvo con el abogado imputado Luis Hermosilla y el exministro del Interior, Andrés Chadwick, poco después de asumir su cargo en la Fiscalía. Valencia enfatizó que su interacción con Chadwick, quien actualmente enfrenta investigaciones en el caso Audio, se debió arazones profesionales, negando cualquier vínculo político o personal. Ante esto, Valencia también mencionó que, durante su etapa de doctorado, consultó a Chadwick sobre su ingreso a la Universidad San Sebastián, aunque su relación con él fue breve y limitada. Al referirse a posibles conflictos de interés, el fiscal expresó que, si se presentara una causa que lo involucrara directamente, se inhabilitaría para abordarla. Asimismo, un aspecto controvertido de la entrevista fue la revelación de un encuentro con Hermosilla, donde el abogado le planteó inquietudes sobre el caso de Héctor Espinosa, exdirector de la PDI, acusado de corrupción. Valencia rechazó las solicitudes de Hermosilla, recordando que no era su competencia intervenir en dicha materia. El fiscal reconoció que su conversación con el abogado fue inapropiada y reflexionó sobre la lección aprendida, asegurando que no repetirá un comportamiento similar en el futuro. Finalmente, esta situación destaca la complejidad de los vínculos entre abogados y fiscales, así como la necesidad de mantener la integridad y la independencia en la investigación de casos de corrupción.
En una nueva vuelta del caso Penta, los abogados María Inés Horvitz y Mauricio Daza han presentado una querella contra el exfiscal Manuel Guerra, el abogado Luis Hermosilla y el exministro Andrés Chadwick. La acción se basa en la revelación de conversaciones entre Guerra y Hermosilla, que apuntan a irregularidades en la gestión del caso. Ante esto, la querella presentada en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, solicita el levantamiento del secreto bancario de los implicados y el acceso a cualquier aplicación de mensajería, incluidos WhatsApp y Telegram, durante el periodo de 2016 a 2024. Según el documento, Guerra y Hermosilla son acusados de cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa, mientras que a Hermosilla se le atribuye el delito de soborno. Asimismo, Horvitz y Daza argumentan que Guerra actuó de manera parcial y desleal, alterando la investigación a su favor. Se indica que existió una “estratagema” que vincula a los acusados, señalando que Hermosilla facilitó un puesto académico a Guerra tras su renuncia al Ministerio Público. Finalmente, la querella subraya la necesidad de esclarecer las conexiones entre los involucrados y las posibles transacciones ilegales, solicitando acceso a documentos y comunicaciones que podrían revelar la extensión de las irregularidades en este emblemático caso.
La defensa de Ángela Vivanco, ministra suspendida de la Corte Suprema, ha solicitado a la Fiscalía Regional de Los Lagos que cite a declarar a Luis Hermosilla en el marco de la investigación por tráfico de influencias. La indagatoria fue abierta tras una orden del fiscal nacional, Ángel Valencia, debido a presuntas irregularidades relacionadas con un fallo judicial a favor de la empresa bielorrusa Belaz Movitec SpA, que le habría costado al Estado chileno más de 70 millones de pesos. Ante esto, el abogado de Vivanco, Juan Carlos Manríquez, confirmó en una entrevista a Radio Pauta que han solicitado formalmente la declaración de Hermosilla, resaltando la importancia de su testimonio en el caso.Hermosilla es la persona que mandó tal o cual mensaje, pregúntele por qué lo envió, para qué lo envió, qué ocurrió de aquello y cuál es la consecuencia, afirmó Manríquez. Asimismo, el abogado también cuestionó la veracidad de los mensajes involucrados, destacando la necesidad de esclarecerlos:Se han publicado solo fragmentos sin el contexto completo ni cronología adecuada, y eso debe ser aclarado por los emisores, indicó. Hermosilla se encuentra actualmente en prisión preventiva por delitos de corrupción relacionados con el caso Audio. Además, Manríquez solicitó que las distintas investigaciones en curso contra Vivanco, que se desarrollan en las fiscalías regionales de Valparaíso y Los Lagos, sean unificadas para asegurar una defensa más eficaz. La defensa también espera que el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, intervenga para centralizar los casos, ya que la dispersión de los mismos podría perjudicar el proceso legal en favor de la ministra suspendida.
La Fiscalía Nacional decidió rechazar la solicitud presentada por la defensa de Luis Hermosilla para inhabilitar a la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, en el marco del caso audios. La defensa del abogado basó su petición en una serie de chats entre Parra y Hermosilla, que, según ellos, comprometerían laobjetividad e imparcialidad de la persecutora. El hermano de Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, señaló que dichos mensajes mostraban que Parra había enviado su currículum a Luis Hermosilla mientras se encontraba en campaña para ser fiscal regional. Además, la defensa acusó que Parra solicitó apoyo para Marta Herrera, su amiga personal, en su postulación a fiscal nacional en diciembre de 2022. Pese a los argumentos presentados, el fiscal nacional subrogante, Héctor Barros, rechazó la solicitud, afirmando que, por el momento, no existen antecedentes suficientes que fundamenten una inhabilidad. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de reconsiderar la decisión si la defensa presenta nuevas pruebas que respalden sus alegaciones bajo los términos del artículo 55 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. El debate sobre la relación entre Parra y Hermosilla cobró mayor relevancia tras la emisión de un reportaje en Chilevisión, en el cual se detallaron conversaciones entre ambos desde 2019 hasta 2022. Dicho reportaje reveló solicitudes de la fiscal Parra a Hermosilla para influir en ministros de la Corte de Apelaciones en favor de su candidatura a fiscal regional. Por su parte, Parra defendió sus acciones en una entrevista previa con TVN, argumentando queel sistema funciona así, y que era común que los postulantes a cargos judiciales enviaran sus currículums y pidieran respaldo para ser considerados. Finalmente, el caso sigue en desarrollo, mientras la defensa de Hermosilla evalúa los próximos pasos a seguir.
La investigación del Caso Audios, que involucra al abogado Luis Hermosilla, sigue sumando nuevas aristas judiciales. El Consejo de Defensa del Estado (CDE), en su rol de querellante, solicitó el acceso a los chats extraídos del teléfono de Hermosilla que puedan estar relacionados con funcionarios públicos. La petición fue hecha el pasado 12 de septiembre por su presidente, Raúl Letelier, ante el fiscal nacional, Ángel Valencia. Esta semana, la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, dio luz verde a la solicitud, lo que permitirá al CDE revisar los mensajes que involucren a funcionarios públicos en investigaciones abiertas. Entre los nombres que se destacan en estos chats estarían la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quienes ya enfrentan indagatorias lideradas por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer. Ante esto, la entrega de estos mensajes podría dar paso a nuevas querellas si se encontraran pruebas de delitos. El pasado 4 de septiembre, la Fiscalía entregó a la defensa de Hermosilla las 770 mil páginas de registros extraídas de su teléfono. Hasta el momento, solo se ha revisado un 20% del contenido, debido a la dificultad de identificar qué información es confidencial y qué podría ser de interés público. En paralelo, la defensa de Hermosilla está a la espera de que el fiscal nacional decida sobre la solicitud para reemplazar a la fiscal Lorena Parra en la investigación, tras revelarse chats que implican una posible solicitud de reunión con la ex jefa anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera. Finalmente, la próxima fase del caso podría exponer las conexiones de Hermosilla con otros jueces, fiscales y figuras políticas, ampliando aún más el alcance de esta investigación que ya ha sacudido a las altas esferas del poder judicial en Chile.
