En una reciente declaración, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, reafirmó el compromiso del Gobierno con uno de sus proyectos estratégicos: la Reforma del Impuesto de la Renta. En el marco de los diálogos sostenidos con diversos gremios, el Ejecutivo subrayó que el objetivo del Pacto por el Crecimiento es lograr una recaudación equivalente al 2,7% del Producto Interno Bruto (PIB). Este fondo se destinará al mejoramiento de las pensiones, la expansión de los servicios de salud, el fortalecimiento de la seguridad pública y la protección social. Con el fin de alcanzar dicha meta, el proyecto de Cumplimiento Tributario propone recaudar el 1,5% del PIB. En cuanto al proyecto de Impuesto a la Renta, específicamente, se encuentra aún en etapa de conversaciones, marcando un punto crucial en las discusiones sobre las políticas fiscales del país. Durante una actividad llevada a cabo en el aeropuerto de Santiago, el ministro Marcel fue consultado sobre los desafíos que enfrentará el Ministerio de Hacienda en los próximos meses. En respuesta, destacó la necesidad de consolidar el crecimiento económico ya iniciado este año. Además, mencionó el aumento en el número de proyectos de inversión, según el catastro realizado por la Corporación de Bienes de Capital. Marcel anunció la presentación, en los próximos días, de iniciativas destinadas a impulsar sectores con alto potencial de crecimiento o que enfrentan rezagos en la recuperación económica, como construcción y turismo. Se espera que estas propuestas contribuyan al desarrollo económico focalizado en áreas estratégicas. En la actualidad, cuatro proyectos clave se encuentran en discusión en el Congreso: la agilización de autorizaciones para inversiones no ambientales, la modernización del Sistema de Evaluación Ambiental, el proyecto de Cumplimiento Tributario, y la regulación permanente de las interacciones entre organizaciones de la sociedad civil y la política pública. Finalmente, el ministro anunció que durante los meses de marzo y abril se iniciará la discusión formal sobre la reforma del Impuesto de la Renta.
En respuesta a los devastadores incendios forestales que azotaron diversas zonas a comienzos de febrero, la Contraloría General de la República ha dado su aprobación al decreto N.º 71 de 2024, presentado por el Ministerio de Hacienda. Este decreto contempla una serie de medidas fiscales destinadas a mitigar el impacto económico en las comunidades afectadas. Una de las principales disposiciones de este decreto es la prórroga de los plazos de Declaración y Pago de impuestos establecidos por la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, así como por la Ley sobre Impuesto a la Renta. Esta extensión de plazos brindará a los contribuyentes afectados más tiempo para cumplir con sus obligaciones fiscales, considerando las circunstancias excepcionales provocadas por los incendios. Además, se autoriza al Servicio de Impuestos Internos (SII) para condonar total o parcialmente los intereses penales y multas aplicadas a las declaraciones de impuestos presentadas fuera de plazo, aliviando así la carga financiera para aquellos que se vieron afectados por la emergencia. El decreto también otorga facultades a la Tesorería General de la República (TGR) para ampliar el plazo de pago de las primeras cuotas del impuesto territorial correspondiente a este año, así como para ofrecer facilidades de pago mediante convenios especiales a los propietarios de inmuebles ubicados en las zonas damnificadas. Estas medidas fiscales, aprobadas por la Contraloría, representan un importante respaldo del gobierno hacia las comunidades afectadas por los incendios forestales, demostrando su compromiso en la recuperación y reconstrucción de estas áreas golpeadas por la catástrofe natural.
En su plan de financimiento para el año 2024, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, anunció con éxito la emisión de un bono de Tesorería por un monto de US$1.700 millones en los mercados internacionales. Esta emisión se suma a la serie de bonos temáticos que ha caracterizado la política de endeudamiento del país desde 2019. El bono, emitido a una tasa del 4,85%, tiene un plazo de 5 años y se distingue por sucategoría social, destinando los recursos para financiar programas sociales en línea con el Marco de Bonos Sostenibles de Chile. Esta operación representa la primera emisión en dólares para Chile en el año 2024 y forma parte de un plan más amplio que contempla colocaciones por un total de US$16.500 millones equivalentes. La demanda por parte de inversionistas globales fue notable, alcanzando cerca de US$11.100 millones, aproximadamente 7,5 veces la oferta, con la participación de casi 350 órdenes. Este alto interés permitió al Gobierno alcanzar una tasa de emisión en dólares muy competitiva para el plazo asociado, según lo indicó el Ministerio de Hacienda. La operación fue inicialmente anunciada con una tasa de referencia que contemplaba un spread de 120 puntos base sobre la del Tesoro americano. Sin embargo, la abrumadora demanda llevó a una compresión significativa de dicho spread, ajustándolo a 85 puntos base sobre la tasa de referencia. El spread final, equivalente a una concesión de -5 puntos base, destaca el éxito de la transacción y el interés destacado de los inversionistas ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). El Gobierno destacó que esta operación refuerza el liderazgo del país en el mercado de bonos temáticos, siendo pionero en la emisión de bonos verdes en 2019 y ampliando su oferta con bonos sociales, bonos sostenibles y, a partir de 2022, bonos vinculados a la sostenibilidad (SLB). Desde 2019, Chile ha emitido aproximadamente US$48.100 millones en bonos temáticos, con los bonos sociales liderando la cifra con US$22.700 millones, seguidos por los SLB con US$11.400 millones, bonos verdes con US$7.500 millones y bonos sostenibles con US$6.500 millones. Estos bonos temáticos ahora representan el 37,6% de la deuda pública chilena, situándose entre los porcentajes más altos a nivel mundial. En paralelo a esta operación, el Ministerio de Hacienda informó que retiró US$800 millones del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). Este retiro se alinea con el objetivo del FEES de proporcionar estabilidad al gasto público, mitigando los impactos de la volatilidad económica global y los ingresos provenientes de impuestos y recursos como el cobre. El tamaño del FEES, representando el 1,8% del PIB a noviembre de 2023, permite a Chile mantener una estrategia mixta de endeudamiento. Esta estrategia, combinada con la política de colocaciones priorizadas en moneda local, busca minimizar el impacto de la volatilidad cambiaria sobre el stock de deuda y los gastos financieros. Se estima que esta decisión generará un ahorro financiero de alrededor de US$10,8 millones, equivalente al 0,28% del gasto en intereses proyectado para 2024.
Desde este 1 de enero, comenzó a regir el nuevo royalty minero, aprobado por el Congreso en mayo después de cuatro años de extenso proceso legislativo. La medida fue promulgada posteriormente por el gobierno del presidente Gabriel Boric. El Ministerio de Hacienda, a través de un comunicado de prensa, informó que este royalty establece un esquema tributario específico para los explotadores de cobre que produzcan más de 50,000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF), considerados dentro de la categoría de gran minería. Se espera que esta iniciativa genere ingresos equivalentes al 0,45% del Producto Interno Bruto (PIB), aproximadamente US$ 1,350 millones, lo que equivale a alrededor de $1.2 billones. De esta suma, se destinarán US$ 450 millones (casi $400 mil millones) para impulsar el desarrollo productivo en regiones y comunas a lo largo del país. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, expresó su satisfacción con el proceso, destacando la capacidad de generar acuerdos y soluciones innovadoras que dejaron complacidos a todos los sectores involucrados. Enfatizó que, según el catastro de inversiones de la Corporación de Bienes de Capital, la estimación de inversión minera para el quinquenio ha experimentado un aumento de 10 mil millones de dólares entre marzo y junio de este año. Asimismo, señaló el anuncio o ingreso de nuevos proyectos mineros como Quebrada Blanca y Centinela en los últimos meses, indicando una mayor certidumbre tras la aprobación de este proyecto. El ministro concluyó su declaración reiterando un llamado a la oposición a buscar puntos de acuerdo para los debates futuros sobre el Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal. Destacó la importancia de contar con la colaboración de todos los sectores, incluida la oposición, para encontrar soluciones prácticas a los desafíos que enfrenta el país, utilizando el royalty como un ejemplo exitoso de cooperación y resolución de problemas.
En una reciente declaración, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, reafirmó el compromiso del Gobierno con uno de sus proyectos estratégicos: la Reforma del Impuesto de la Renta. En el marco de los diálogos sostenidos con diversos gremios, el Ejecutivo subrayó que el objetivo del Pacto por el Crecimiento es lograr una recaudación equivalente al 2,7% del Producto Interno Bruto (PIB). Este fondo se destinará al mejoramiento de las pensiones, la expansión de los servicios de salud, el fortalecimiento de la seguridad pública y la protección social. Con el fin de alcanzar dicha meta, el proyecto de Cumplimiento Tributario propone recaudar el 1,5% del PIB. En cuanto al proyecto de Impuesto a la Renta, específicamente, se encuentra aún en etapa de conversaciones, marcando un punto crucial en las discusiones sobre las políticas fiscales del país. Durante una actividad llevada a cabo en el aeropuerto de Santiago, el ministro Marcel fue consultado sobre los desafíos que enfrentará el Ministerio de Hacienda en los próximos meses. En respuesta, destacó la necesidad de consolidar el crecimiento económico ya iniciado este año. Además, mencionó el aumento en el número de proyectos de inversión, según el catastro realizado por la Corporación de Bienes de Capital. Marcel anunció la presentación, en los próximos días, de iniciativas destinadas a impulsar sectores con alto potencial de crecimiento o que enfrentan rezagos en la recuperación económica, como construcción y turismo. Se espera que estas propuestas contribuyan al desarrollo económico focalizado en áreas estratégicas. En la actualidad, cuatro proyectos clave se encuentran en discusión en el Congreso: la agilización de autorizaciones para inversiones no ambientales, la modernización del Sistema de Evaluación Ambiental, el proyecto de Cumplimiento Tributario, y la regulación permanente de las interacciones entre organizaciones de la sociedad civil y la política pública. Finalmente, el ministro anunció que durante los meses de marzo y abril se iniciará la discusión formal sobre la reforma del Impuesto de la Renta.
En respuesta a los devastadores incendios forestales que azotaron diversas zonas a comienzos de febrero, la Contraloría General de la República ha dado su aprobación al decreto N.º 71 de 2024, presentado por el Ministerio de Hacienda. Este decreto contempla una serie de medidas fiscales destinadas a mitigar el impacto económico en las comunidades afectadas. Una de las principales disposiciones de este decreto es la prórroga de los plazos de Declaración y Pago de impuestos establecidos por la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, así como por la Ley sobre Impuesto a la Renta. Esta extensión de plazos brindará a los contribuyentes afectados más tiempo para cumplir con sus obligaciones fiscales, considerando las circunstancias excepcionales provocadas por los incendios. Además, se autoriza al Servicio de Impuestos Internos (SII) para condonar total o parcialmente los intereses penales y multas aplicadas a las declaraciones de impuestos presentadas fuera de plazo, aliviando así la carga financiera para aquellos que se vieron afectados por la emergencia. El decreto también otorga facultades a la Tesorería General de la República (TGR) para ampliar el plazo de pago de las primeras cuotas del impuesto territorial correspondiente a este año, así como para ofrecer facilidades de pago mediante convenios especiales a los propietarios de inmuebles ubicados en las zonas damnificadas. Estas medidas fiscales, aprobadas por la Contraloría, representan un importante respaldo del gobierno hacia las comunidades afectadas por los incendios forestales, demostrando su compromiso en la recuperación y reconstrucción de estas áreas golpeadas por la catástrofe natural.
En su plan de financimiento para el año 2024, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, anunció con éxito la emisión de un bono de Tesorería por un monto de US$1.700 millones en los mercados internacionales. Esta emisión se suma a la serie de bonos temáticos que ha caracterizado la política de endeudamiento del país desde 2019. El bono, emitido a una tasa del 4,85%, tiene un plazo de 5 años y se distingue por sucategoría social, destinando los recursos para financiar programas sociales en línea con el Marco de Bonos Sostenibles de Chile. Esta operación representa la primera emisión en dólares para Chile en el año 2024 y forma parte de un plan más amplio que contempla colocaciones por un total de US$16.500 millones equivalentes. La demanda por parte de inversionistas globales fue notable, alcanzando cerca de US$11.100 millones, aproximadamente 7,5 veces la oferta, con la participación de casi 350 órdenes. Este alto interés permitió al Gobierno alcanzar una tasa de emisión en dólares muy competitiva para el plazo asociado, según lo indicó el Ministerio de Hacienda. La operación fue inicialmente anunciada con una tasa de referencia que contemplaba un spread de 120 puntos base sobre la del Tesoro americano. Sin embargo, la abrumadora demanda llevó a una compresión significativa de dicho spread, ajustándolo a 85 puntos base sobre la tasa de referencia. El spread final, equivalente a una concesión de -5 puntos base, destaca el éxito de la transacción y el interés destacado de los inversionistas ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). El Gobierno destacó que esta operación refuerza el liderazgo del país en el mercado de bonos temáticos, siendo pionero en la emisión de bonos verdes en 2019 y ampliando su oferta con bonos sociales, bonos sostenibles y, a partir de 2022, bonos vinculados a la sostenibilidad (SLB). Desde 2019, Chile ha emitido aproximadamente US$48.100 millones en bonos temáticos, con los bonos sociales liderando la cifra con US$22.700 millones, seguidos por los SLB con US$11.400 millones, bonos verdes con US$7.500 millones y bonos sostenibles con US$6.500 millones. Estos bonos temáticos ahora representan el 37,6% de la deuda pública chilena, situándose entre los porcentajes más altos a nivel mundial. En paralelo a esta operación, el Ministerio de Hacienda informó que retiró US$800 millones del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). Este retiro se alinea con el objetivo del FEES de proporcionar estabilidad al gasto público, mitigando los impactos de la volatilidad económica global y los ingresos provenientes de impuestos y recursos como el cobre. El tamaño del FEES, representando el 1,8% del PIB a noviembre de 2023, permite a Chile mantener una estrategia mixta de endeudamiento. Esta estrategia, combinada con la política de colocaciones priorizadas en moneda local, busca minimizar el impacto de la volatilidad cambiaria sobre el stock de deuda y los gastos financieros. Se estima que esta decisión generará un ahorro financiero de alrededor de US$10,8 millones, equivalente al 0,28% del gasto en intereses proyectado para 2024.
Desde este 1 de enero, comenzó a regir el nuevo royalty minero, aprobado por el Congreso en mayo después de cuatro años de extenso proceso legislativo. La medida fue promulgada posteriormente por el gobierno del presidente Gabriel Boric. El Ministerio de Hacienda, a través de un comunicado de prensa, informó que este royalty establece un esquema tributario específico para los explotadores de cobre que produzcan más de 50,000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF), considerados dentro de la categoría de gran minería. Se espera que esta iniciativa genere ingresos equivalentes al 0,45% del Producto Interno Bruto (PIB), aproximadamente US$ 1,350 millones, lo que equivale a alrededor de $1.2 billones. De esta suma, se destinarán US$ 450 millones (casi $400 mil millones) para impulsar el desarrollo productivo en regiones y comunas a lo largo del país. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, expresó su satisfacción con el proceso, destacando la capacidad de generar acuerdos y soluciones innovadoras que dejaron complacidos a todos los sectores involucrados. Enfatizó que, según el catastro de inversiones de la Corporación de Bienes de Capital, la estimación de inversión minera para el quinquenio ha experimentado un aumento de 10 mil millones de dólares entre marzo y junio de este año. Asimismo, señaló el anuncio o ingreso de nuevos proyectos mineros como Quebrada Blanca y Centinela en los últimos meses, indicando una mayor certidumbre tras la aprobación de este proyecto. El ministro concluyó su declaración reiterando un llamado a la oposición a buscar puntos de acuerdo para los debates futuros sobre el Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal. Destacó la importancia de contar con la colaboración de todos los sectores, incluida la oposición, para encontrar soluciones prácticas a los desafíos que enfrenta el país, utilizando el royalty como un ejemplo exitoso de cooperación y resolución de problemas.
