Este viernes marca una semana desde que nueve excadetes de Cobreloa fueron privados de su libertad luego de ser formalizados por el Ministerio Público por el delito de violación en grupo. La acusación se basa en la denuncia de una joven que reportó haber sido víctima de una agresión sexual durante una fiesta en septiembre del año 2021. La causa estuvo archivada durante varios meses después de que la víctima inicialmente retirara la acusación, pero posteriormente se reactivó. Actualmente, la carpeta investigativa contiene una serie de peritajes, informes y declaraciones, tanto de la víctima como de testigos e imputados. Entre los documentos revelados por La Tercera se encuentra la declaración de Lucas Román Avilés, quien según el Ministerio Público prestó cobertura para que el delito se llevara a cabo. Aunque Román Avilés afirma no haber participado directamente en la agresión, admitió haber grabado y presenciado la escena. De acuerdo con su versión de los hechos, ese día Román Avilés llegó más tarde a la vivienda donde se celebraba la fiesta, la cual pertenecía a los ex cadetes y donde él residía. Al entrar en su habitación, se encontró con la joven identificada como inicial V manteniendo relaciones sexuales con Luciano Parra Villanueva y Jhan Góngora Ordóñez, según él, de manera consensuada. “Me quedo ahí y me dicen que grabe, lo hice, y alcancé a grabar tres segundos, pero después lo borro y me voy (...) Le pregunté a ella si estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, y me dijo que sí” , detalló el excadete. Aunque la mayoría de los imputados han afirmado que la mujer aprobaba lo que ocurría, las declaraciones de Román Avilés han tendido a normalizar los hechos que desencadenaron la denuncia. Estaba acostumbrado a vivir situaciones de no privacidad, de sexualidad masiva. Muchas veces mis compañeros me decían que llegara más tarde, porque querían estar con una niña . Estaba acostumbrado, por eso esto no era chocante ya para mí, sostuvo. Además, el involucrado detallo quevivir con esas circunstancias. De querer o también necesitar cierta intimidad o relaciones sexuales y tener que luchar también con que vives con alguien, porque tampoco tienes dinero para ir a algún motel. Entonces es complejo” . Román Avilés ha insistido en que no se siente culpable, ya que, según él, ninguno de los coimputados forzó o agredió a la joven. Sin embargo, informes médicos en la carpeta investigativa sugieren lo contrario, evidenciando lesiones compatibles con una violación. “Yo no me siento culpable. Tengo hermanas, y si en algún momento hubiese visto una agresión, hubiese reaccionado. Yo le pregunté si había consentimiento y dijo que sí. Es superincómoda la situación de estar acá siendo que no hice nada. No lo vi como una violación” , cerró. En atención a que no participó directamente de los hechos, esta jornada la Corte de Apelaciones de Antofagasta redujo su medida cautelar a firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima; mientras que confirmó la prisión preventiva para los otros ocho implicados.
La Fiscalía de La Araucanía ha presentado una solicitud ante la Corte de Apelaciones para el desafuero del diputado Mauricio Ojeda (IND), quien se encuentra bajo investigación por su presunta participación en un fraude millonario que habría afectado al Gobierno Regional de La Araucanía. La investigación, conocida como el Caso Convenios, indaga el desvío de más de $730 millones a través de las fundaciones Folab y Educc. Según la fiscalía, Ojeda estaría implicado en el delito de fraude al fisco en reiteradas ocasiones. De ser aceptada la solicitud, Ojeda podría enfrentar cargos penales y medidas cautelares, incluida la prisión preventiva. Además, perdería sus funciones como parlamentario, lo que incluye la imposibilidad de ingresar a la Sala de la Cámara de Diputados y participar en las comisiones legislativas. La investigación también apunta a que Ojeda habría pactado ganancias con los directores de las fundaciones involucradas en los convenios suscritos. Además, se ha mencionado la presunta destrucción de su celular cuando se le solicitó como parte de la indagación. El diputado ha negado públicamente las acusaciones en su contra, calificándolas como mentiras e injurias. Sin embargo, su relación con la bancada del Partido Republicano ha sido objeto de controversia, especialmente tras su automarginación y posterior renuncia luego de ser culpado por la elección de la mesa directiva de la Corporación. Este caso continúa en desarrollo, con la Fiscalía trabajando para esclarecer los hechos y determinar la eventual responsabilidad del diputado Ojeda en el fraude del Gobierno Regional de La Araucanía.
El Juzgado de Garantía de Rancagua ha decidido dejar en prisión preventiva a Jorkenedy Alberto Torres Marchant, imputado por su presunta participación en el secuestro extorsivo de un empresario en la ciudad ocurrido en noviembre del año pasado. Torres Marchant enfrenta cargos por secuestro agravado extorsivo, robo con intimidación y asociación criminal, según lo determinado por el Ministerio Público. El empresario, identificado como Rudy Basualdo, fue secuestrado por un grupo armado desde su empresa en el rubro metalúrgico el pasado 8 de noviembre. Tras una persecución, tres de los delincuentes fueron detenidos por Carabineros en la comuna de San Fernando y trasladados a una comisaría en Rengo. Basualdo fue liberado el viernes 10 de noviembre luego de un millonario pago. Durante la audiencia de formalización, el magistrado Gonzalo Celedón Bulnes ordenó el ingreso de Torres Marchant al Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad de Santiago, argumentando que su libertad representa un peligro para la sociedad y la víctima. Se mantuvo el plazo de investigación de 180 días establecido anteriormente para los primeros imputados detenidos en la causa. El juez Celedón Bulnes fundamentó su decisión en la presunta participación de Torres Marchant en una asociación criminal internacional que planificó y organizó el secuestro del empresario en Rancagua. Se destacó la gravedad de los delitos imputados, la presencia de armas de fuego, las amenazas de muerte y la multiplicidad de ilícitos como elementos que justifican la prisión preventiva del imputado.
La Procuraduría Fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de Antofagasta presentó una ampliación de la querella criminal dirigida contra Paz Fuica Contreras, ex funcionaria de la seremi de la región y ex concejala municipal. La querella original, interpuesta el 1 de septiembre de 2023, estaba dirigida contra el ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras Gutiérrez, y el representante legal de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, por el delito de fraude al Fisco. La ampliación de la querella ahora incluye a Paz Fuica Contreras, acusándola en calidad de autora del delito reiterado de fraude al Fisco. El Consejo le imputa el ilícito previsto en el artículo 239, inciso primero y tercero del Código Penal, que sanciona al empleado público que, en las operaciones en que interviene por razón de su cargo, defraude o consienta que se defraude al Estado, originándole pérdidas o privándole de un lucro legítimo. Según la acción del CDE, los elementos que configuran el delito incluyen la calidad de empleada pública de Paz Fuica Contreras, su intervención en operaciones por razón de su cargo, la significación patrimonial para el Estado de dichas operaciones, y el perjuicio al patrimonio fiscal. Se sostiene que al suscribir tres convenios de transferencia de fondos públicos con Democracia Viva, Carlos Contreras, en colaboración con Paz Fuica Contreras y Daniel Andrade, incumplió gravemente sus deberes como Seremi Minvu de la región de Antofagasta, resultando en un fraude al Fisco y un perjuicio ascendente a $391.768.516. Los hechos y antecedentes comunicados por el Ministerio Público a la querellada durante su control de detención y formalización el 11 y 12 de enero pasados respaldan la acción del Consejo. Entre los antecedentes se incluye la calidad de empleada pública de Paz Fuica Contreras, quien recibía honorarios de un convenio de transferencia de recursos suscrito con la Fundación para la Superación de la Pobreza mientras se desempeñaba en el gabinete del ex seremi y ejercía como concejala de la Municipalidad de Antofagasta.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) se vio sacudido por la controversia generada a raíz del caso audios que involucra presuntos sobornos a funcionarios para favorecer al empresario Daniel Sauer. En medio de este escándalo, el SII tomó la decisión de remover a Christian Soto, quien se desempeñaba como director de Grandes Contribuyentes, el 21 de noviembre de 2023. La medida fue justificada por una pérdida de confianza, según argumentó el propio SII. Sin embargo, dado que la remoción se enmarca en investigaciones internas y es provisional, Soto ha retomado sus labores en el Servicio, aunque ahora desempeñando un nuevo rol. Según lo informado por Diario Financiero, Soto ha sido asignado a la Subdirección de Desarrollo de Personas, ocupando el cargo que anteriormente tenía otro funcionario. Mientras tanto, el puesto de director de Grandes Contribuyentes está siendo ocupado de forma interina por Marcelo Avendaño. De momento, este sumario administrativo por el caso audio aún continúa en curso y bajo reserva, como también la investigación penal llevada a cabo por el Ministerio Público. Por su parte, el Servicio de Impuestos Internos ha reafirmado su compromiso de colaborar con la justicia para esclarecer los hechos y asegurar que los responsables de cualquier delito sean debidamente sancionados.
Este viernes marca una semana desde que nueve excadetes de Cobreloa fueron privados de su libertad luego de ser formalizados por el Ministerio Público por el delito de violación en grupo. La acusación se basa en la denuncia de una joven que reportó haber sido víctima de una agresión sexual durante una fiesta en septiembre del año 2021. La causa estuvo archivada durante varios meses después de que la víctima inicialmente retirara la acusación, pero posteriormente se reactivó. Actualmente, la carpeta investigativa contiene una serie de peritajes, informes y declaraciones, tanto de la víctima como de testigos e imputados. Entre los documentos revelados por La Tercera se encuentra la declaración de Lucas Román Avilés, quien según el Ministerio Público prestó cobertura para que el delito se llevara a cabo. Aunque Román Avilés afirma no haber participado directamente en la agresión, admitió haber grabado y presenciado la escena. De acuerdo con su versión de los hechos, ese día Román Avilés llegó más tarde a la vivienda donde se celebraba la fiesta, la cual pertenecía a los ex cadetes y donde él residía. Al entrar en su habitación, se encontró con la joven identificada como inicial V manteniendo relaciones sexuales con Luciano Parra Villanueva y Jhan Góngora Ordóñez, según él, de manera consensuada. “Me quedo ahí y me dicen que grabe, lo hice, y alcancé a grabar tres segundos, pero después lo borro y me voy (...) Le pregunté a ella si estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, y me dijo que sí” , detalló el excadete. Aunque la mayoría de los imputados han afirmado que la mujer aprobaba lo que ocurría, las declaraciones de Román Avilés han tendido a normalizar los hechos que desencadenaron la denuncia. Estaba acostumbrado a vivir situaciones de no privacidad, de sexualidad masiva. Muchas veces mis compañeros me decían que llegara más tarde, porque querían estar con una niña . Estaba acostumbrado, por eso esto no era chocante ya para mí, sostuvo. Además, el involucrado detallo quevivir con esas circunstancias. De querer o también necesitar cierta intimidad o relaciones sexuales y tener que luchar también con que vives con alguien, porque tampoco tienes dinero para ir a algún motel. Entonces es complejo” . Román Avilés ha insistido en que no se siente culpable, ya que, según él, ninguno de los coimputados forzó o agredió a la joven. Sin embargo, informes médicos en la carpeta investigativa sugieren lo contrario, evidenciando lesiones compatibles con una violación. “Yo no me siento culpable. Tengo hermanas, y si en algún momento hubiese visto una agresión, hubiese reaccionado. Yo le pregunté si había consentimiento y dijo que sí. Es superincómoda la situación de estar acá siendo que no hice nada. No lo vi como una violación” , cerró. En atención a que no participó directamente de los hechos, esta jornada la Corte de Apelaciones de Antofagasta redujo su medida cautelar a firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima; mientras que confirmó la prisión preventiva para los otros ocho implicados.
La Fiscalía de La Araucanía ha presentado una solicitud ante la Corte de Apelaciones para el desafuero del diputado Mauricio Ojeda (IND), quien se encuentra bajo investigación por su presunta participación en un fraude millonario que habría afectado al Gobierno Regional de La Araucanía. La investigación, conocida como el Caso Convenios, indaga el desvío de más de $730 millones a través de las fundaciones Folab y Educc. Según la fiscalía, Ojeda estaría implicado en el delito de fraude al fisco en reiteradas ocasiones. De ser aceptada la solicitud, Ojeda podría enfrentar cargos penales y medidas cautelares, incluida la prisión preventiva. Además, perdería sus funciones como parlamentario, lo que incluye la imposibilidad de ingresar a la Sala de la Cámara de Diputados y participar en las comisiones legislativas. La investigación también apunta a que Ojeda habría pactado ganancias con los directores de las fundaciones involucradas en los convenios suscritos. Además, se ha mencionado la presunta destrucción de su celular cuando se le solicitó como parte de la indagación. El diputado ha negado públicamente las acusaciones en su contra, calificándolas como mentiras e injurias. Sin embargo, su relación con la bancada del Partido Republicano ha sido objeto de controversia, especialmente tras su automarginación y posterior renuncia luego de ser culpado por la elección de la mesa directiva de la Corporación. Este caso continúa en desarrollo, con la Fiscalía trabajando para esclarecer los hechos y determinar la eventual responsabilidad del diputado Ojeda en el fraude del Gobierno Regional de La Araucanía.
El Juzgado de Garantía de Rancagua ha decidido dejar en prisión preventiva a Jorkenedy Alberto Torres Marchant, imputado por su presunta participación en el secuestro extorsivo de un empresario en la ciudad ocurrido en noviembre del año pasado. Torres Marchant enfrenta cargos por secuestro agravado extorsivo, robo con intimidación y asociación criminal, según lo determinado por el Ministerio Público. El empresario, identificado como Rudy Basualdo, fue secuestrado por un grupo armado desde su empresa en el rubro metalúrgico el pasado 8 de noviembre. Tras una persecución, tres de los delincuentes fueron detenidos por Carabineros en la comuna de San Fernando y trasladados a una comisaría en Rengo. Basualdo fue liberado el viernes 10 de noviembre luego de un millonario pago. Durante la audiencia de formalización, el magistrado Gonzalo Celedón Bulnes ordenó el ingreso de Torres Marchant al Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad de Santiago, argumentando que su libertad representa un peligro para la sociedad y la víctima. Se mantuvo el plazo de investigación de 180 días establecido anteriormente para los primeros imputados detenidos en la causa. El juez Celedón Bulnes fundamentó su decisión en la presunta participación de Torres Marchant en una asociación criminal internacional que planificó y organizó el secuestro del empresario en Rancagua. Se destacó la gravedad de los delitos imputados, la presencia de armas de fuego, las amenazas de muerte y la multiplicidad de ilícitos como elementos que justifican la prisión preventiva del imputado.
La Procuraduría Fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de Antofagasta presentó una ampliación de la querella criminal dirigida contra Paz Fuica Contreras, ex funcionaria de la seremi de la región y ex concejala municipal. La querella original, interpuesta el 1 de septiembre de 2023, estaba dirigida contra el ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras Gutiérrez, y el representante legal de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, por el delito de fraude al Fisco. La ampliación de la querella ahora incluye a Paz Fuica Contreras, acusándola en calidad de autora del delito reiterado de fraude al Fisco. El Consejo le imputa el ilícito previsto en el artículo 239, inciso primero y tercero del Código Penal, que sanciona al empleado público que, en las operaciones en que interviene por razón de su cargo, defraude o consienta que se defraude al Estado, originándole pérdidas o privándole de un lucro legítimo. Según la acción del CDE, los elementos que configuran el delito incluyen la calidad de empleada pública de Paz Fuica Contreras, su intervención en operaciones por razón de su cargo, la significación patrimonial para el Estado de dichas operaciones, y el perjuicio al patrimonio fiscal. Se sostiene que al suscribir tres convenios de transferencia de fondos públicos con Democracia Viva, Carlos Contreras, en colaboración con Paz Fuica Contreras y Daniel Andrade, incumplió gravemente sus deberes como Seremi Minvu de la región de Antofagasta, resultando en un fraude al Fisco y un perjuicio ascendente a $391.768.516. Los hechos y antecedentes comunicados por el Ministerio Público a la querellada durante su control de detención y formalización el 11 y 12 de enero pasados respaldan la acción del Consejo. Entre los antecedentes se incluye la calidad de empleada pública de Paz Fuica Contreras, quien recibía honorarios de un convenio de transferencia de recursos suscrito con la Fundación para la Superación de la Pobreza mientras se desempeñaba en el gabinete del ex seremi y ejercía como concejala de la Municipalidad de Antofagasta.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) se vio sacudido por la controversia generada a raíz del caso audios que involucra presuntos sobornos a funcionarios para favorecer al empresario Daniel Sauer. En medio de este escándalo, el SII tomó la decisión de remover a Christian Soto, quien se desempeñaba como director de Grandes Contribuyentes, el 21 de noviembre de 2023. La medida fue justificada por una pérdida de confianza, según argumentó el propio SII. Sin embargo, dado que la remoción se enmarca en investigaciones internas y es provisional, Soto ha retomado sus labores en el Servicio, aunque ahora desempeñando un nuevo rol. Según lo informado por Diario Financiero, Soto ha sido asignado a la Subdirección de Desarrollo de Personas, ocupando el cargo que anteriormente tenía otro funcionario. Mientras tanto, el puesto de director de Grandes Contribuyentes está siendo ocupado de forma interina por Marcelo Avendaño. De momento, este sumario administrativo por el caso audio aún continúa en curso y bajo reserva, como también la investigación penal llevada a cabo por el Ministerio Público. Por su parte, el Servicio de Impuestos Internos ha reafirmado su compromiso de colaborar con la justicia para esclarecer los hechos y asegurar que los responsables de cualquier delito sean debidamente sancionados.
