En la última sesión de la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputadas y Diputados, el presidente del Comité Nacional de Arbitraje, Eduardo Arévalo, aportó nuevos detalles sobre la denuncia de violación grupal que habría ocurrido en la sede de Cobreloa, conocida como "Casa Naranja", en septiembre de 2021. 

Arévalo declaró enfáticamente que, desde la perspectiva del Comité, no se trata de un "presunto delito", sino de un "delito de violación". Además, señaló que “hay una serie de inconsistencias respecto a lo que en esta misma sala declararon, y por escrito, los señores Pablo Milad y Marcelo Pérez, presidente de la ANFP y presidente del Club Cobreloa, además de la Federación”.

En relación con la noche de los hechos, Arévalo aseguró que poseen información sobre los presuntos agresores. “Están los nombres, pero no tenemos exactitud respecto a otros deportistas que habitan en la Casa Naranja y que también han sido víctimas y han sido vulnerados sus derechos al estar presentes y al estar expuestos a los hechos que sucedieron. Y digo esto porque no todos participaron”, detalló. Además, la autoridad enfatizó que los ocho jugadores involucrados, inicialmente mencionados como cadetes, tenían 20 años en ese momento, y tres de ellos forman parte del primer equipo en la actualidad, con contratos de trabajo vigentes, lo cual calificó como "sumamente grave".

Arévalo también abordó la controversia en torno a la competencia del Comité para conocer de estos hechos, destacando que “la aplicación del Decreto 22 a situaciones graves que involucren a deportistas fuera de los espacios puramente deportivos puede justificarse a través de la interpretación normativa”. Argumentó que, aunque el protocolo “no especifique explícitamente su campo de aplicación, su espíritu y propósito de proteger a los deportistas se extiende a situaciones en las que estén involucrados y actúen en representación de su institución deportiva”. 

Para cerrar, el presidente del Comité Nacional de Arbitraje hizo hincapié en que la responsabilidad dirigencial podría llegar a ser penal presunta, especialmente si se ocultan hechos tan graves como estos. Subrayó las posibles sanciones, incluida “la suspensión de hasta de cinco años por las faltas que cometan. En segundo lugar, si son autores de delito, entiéndase como delito el autor, el cómplice o el encubridor, cualquiera de las tres formas, podemos sancionar a perpetuidad para participar en actividades deportivas”.