Expertos alertan: Nueva Constitución podría anular penalización del narcotráfico
Los académicos Universidad Adolfo Ibáñez en una carta dirigida al director de El Mercurio, evidenciaron que "así de desconcertante es la falta de cordura de sus redactores".
el jueves pasado a las 11:19
el jueves pasado a las 10:39
Presidente Boric y nueva cárcel: "No hay improvisación y tampoco tengo tiempo para peleas políticas"
Un grupo de académicos de la Universidad Adolfo Ibáñez presentó un análisis crítico de la propuesta de nueva Constitución. En una carta dirigida al director de El Mercurio, Antonio Bascuñán, Rodrigo Correa, Samuel Tschorne y Javier Wilenmann expresaron su preocupación por algunos artículos que podrían hacer inconstitucional la penalización del narcotráfico.
Los profesores cuestionaron la redacción de la nueva carta magna, afirmando que "hace inconstitucional la penalización del narcotráfico. Así de desconcertante es la falta de cordura de sus redactores". Esta declaración pone de relieve su inquietud por las implicaciones que tendría la aprobación de la propuesta en la legislación penal del país.
Los académicos se refirieron a un precedente de 1984, donde el Tribunal Constitucional discutió un proyecto de ley sobre tráfico de estupefacientes. Durante este periodo, se destacó que el anteproyecto de la Constitución de 1980 requería que la ley estableciera el delito de manera "expresa y completamente", una condición que fue relajada en el texto final, que solo exigía una descripción "expresa".
Los profesores subrayaron que esta flexibilización permitió al Tribunal sostener que la Constitución no requería que la ley penal fuera completamente autónoma en todos los aspectos, sino que bastaba con que describiera la conducta delictual esencial. Sin embargo, advierten que, bajo la nueva propuesta constitucional, "la 'Constitución de la seguridad' exigirá que la ley penal describa la conducta" de manera precisa y explícita en la ley misma.
Esta exigencia, comparada con la regla actual que se aplica a las sanciones administrativas, plantea serias preguntas. Los académicos destacan que las sanciones administrativas solo pueden aplicarse a través de un proceso legal por conductas "determinadas en su núcleo esencial por la ley" y cuya comisión haya sido evitable para el infractor.
Los profesores indican que, aunque el cambio puede no ser evidente para el ciudadano medio, “cualquier conocedor del derecho constitucional chileno advierte que se está transfiriendo a las multas, que no son penas, el estándar hasta ahora aplicable a las penas, y que se sube este último estándar al previsto por el anteproyecto de 1980″. Con estas observaciones, los académicos ponen en evidencia las posibles consecuencias de la nueva Constitución en la lucha contra el narcotráfico y en la estructura legal del país.
22/02/2024
Susana Padilla Aránguiz administraba el refugio "Almas en el Camino" desde 2020, atendiendo a perros y gatos. La municipalidad denunciará maltrato animal al Ministerio Público.
29/04/2024
Esta medida se produce tras la formalización de los hermanos Daniel y Ariel Sauer, así como de su exsocio Rodrigo Topelberg, quienes quedaron en prisión preventiva en relación con el mismo caso.
18/05/2024
El diputado por el Distrito 26, Fernando Bórquez (UDI), ofició este viernes a la Contraloría General de la República que inicie una indagación respecto a la implementación de inhibidores de señal de teléfonos celulares en en centros penitenciarios del país.
15/05/2024
Proyecto Resolución fue aprobado durante la mañana de hoy en la Cámara de Diputadas y Diputados y será despachado al Poder Ejecutivo para ser evaluado por el Presidente Boric.
29/04/2024
Iniciativa quedó lista para ser promulgada como ley, tras la votación unánime de la Cámara.
29/04/2024
Esta medida se produce tras la formalización de los hermanos Daniel y Ariel Sauer, así como de su exsocio Rodrigo Topelberg, quienes quedaron en prisión preventiva en relación con el mismo caso.
18/05/2024
El diputado por el Distrito 26, Fernando Bórquez (UDI), ofició este viernes a la Contraloría General de la República que inicie una indagación respecto a la implementación de inhibidores de señal de teléfonos celulares en en centros penitenciarios del país.