Combatir la corrupción en licencias médicas

La corrupción es una plaga que, como bien señala la Convención de Naciones Unidas, mina la democracia, debilita el Estado de derecho, agrava la desigualdad y socava los derechos humanos. En Chile, los escándalos de corrupción ya no sorprenden: se han instalado como parte del paisaje institucional. Pero cuando esa corrupción adopta formas sistémicas, como en el caso de las licencias médicas fraudulentas, el daño es mucho más profundo y golpea con fuerza el bienestar de la población más vulnerable.

El reciente destape del fraude masivo en licencias médicas no es un caso aislado ni nuevo. Era un secreto a voces, tolerado por años por parte del sistema político y social. Sin embargo, gracias a la valentía de la actual contralora general de la República Dorothy Pérez, quien expuso con firmeza este esquema corrupto, el tema ha sido puesto por fin en el centro del debate nacional. La medida adoptada por la contralora no sólo revela la profundidad del problema, sino que desafía a la clase política a actuar con urgencia y decisión.

El despilfarro es mayúsculo. Miles de millones de pesos que podrían haber fortalecido la salud pública —comprando equipos, contratando personal, reduciendo listas de espera— fueron literalmente robados por redes que convirtieron una prestación social en un botín. El mayor daño no es solo económico: es moral y estructural. La confianza en las instituciones se erosiona, el cumplimiento de las normas se relativiza, y los más pobres —que dependen del sistema público— ven cada día más lejana una atención digna.

Combatir la corrupción requiere más que leyes duras: exige una reforma cultural y política profunda, basada en la transparencia, la rendición de cuentas y el coraje de enfrentar los intereses enquistados. La corrupción es una enfermedad terminal que carcome desde dentro el sistema político y social. Y mientras no se tomen medidas firmes, seguirá avanzando. No podemos seguir mirando al costado. La democracia, la economía y los derechos de las personas dependen tanto de la capacidad —y voluntad— de la clase política para enfrentar este fenómeno, como de cada uno de los ciudadanos, quienes no podemos eludir la responsabilidad de depositar nuestra confianza, al momento de elegir autoridades, en personas realmente idóneas que se comprometan a ejercer sus cargos mirando el interés de Chile.