Diputado Fernando Bórquez denuncia que subsidio de la luz no considera a la clase media

​El reciente anuncio de significativos aumentos en las tarifas eléctricas ha generado gran preocupación entre las familias chilenas, especialmente aquellas pertenecientes a sectores vulnerables y clase media. Según el informe presentado por el ministro Diego Pardow ante la Comisión de Energía, estas alzas afectarán de manera desproporcionada a distintas regiones del país.

En particular, los hogares con un consumo mensual entre 180 y 400 KWh serán los más perjudicados, con incrementos que superan el 40% en regiones como Valparaíso y Atacama.
Este escenario plantea un desafío económico significativo para miles de familias que ya luchan por llegar a fin de mes.

Las regiones con menores incrementos, como Tarapacá, Arica y Parinacota, y Los Lagos, no escapan de aumentos considerables que oscilan entre el 27% y el 31%. Incluso el segmento de menor consumo, hasta 180 KWh, verá ajustes que van del 10% al 25%, dependiendo de la región.

El diputado por el distrito 26, Fernando Bórquez explicó que “Esta situación es especialmente preocupante dado el contexto económico actual, marcado por la inflación y el aumento generalizado de precios en bienes y servicios básicos. La Ley de Estabilización que se vislumbra como solución futura aún no puede mitigar el impacto inmediato que tendrán estas alzas en la economía doméstica de los chilenos”.

El parlamentario enfatizó “Es crucial que las autoridades consideren medidas compensatorias para proteger a los sectores más vulnerables y a la clase media, aquella clase media que cuenta con sobre el 50% en el registro social. Es urgente que se implementen políticas públicas efectivas que amortigüen el impacto social de estas decisiones tarifarias, asegurando que ningún hogar deba sacrificar su bienestar básico por costos energéticos elevados e inesperados”.

El diputado Bórquez concluyó que el gobierno debe actuar con urgencia para evitar que estas alzas profundicen las desigualdades sociales y económicas ya existentes en el país. Se debe garantizar que el acceso a servicios básicos como la electricidad no se convierta en un lujo inalcanzable para las familias chilenas.