la cual operará de pleno derecho, explicó el legislador, luego de “tres años contados desde que la obligación se hizo exigible, solo respecto de personas mayores y quienes pertenezcan al 40% más vulnerable de la población”.

​El parlamentario explicó que los municipios “tienen la facultad de rebajar una proporción de la tarifa o eximir del pago de ésta a los usuarios que tengan una situación económica que lo justifique, teniendo en cuenta los indicadores establecidos en las ordenanzas municipales que regulan la fijación de tarifas de aseo municipal. Además, quedan exentos de manera automática los usuarios cuya vivienda tenga un avalúo fiscal igual o menor a 225 Unidades Tributarias Mensuales”.

​“El hecho de que cada municipalidad decida a quien exime de pago y a quien no”, agregó Bórquez, “genera una discriminación entre personas que habitan municipios distintos, pues queda a criterio de las autoridades municipales decidir quién cumple con los requisitos socioeconómicos suficientes para no pagar. Así, pueden existir dos personas habitantes de comunas diferentes, cuya situación económica sea idéntica, pero que sólo una de ellas esté obligada a pagar derechos de aseo porque su municipio así lo exige, pese a que esté enfrentando dificultades económicas”.

​Sin ir más lejos, Bórquez afirmó que la legislación actual “deja en total olvido a un grupo de la población que sufre constantemente a causa de las dificultades económicas que trae consigo la vejez en la mayoría de los casos. Pues bien, es posible que muchas personas mayores hayan adquirido durante su vida laboral el dominio de bienes inmuebles cuyo avalúo fiscal sea superior a 225 Unidades Tributarias Mensuales, y que hoy en día sus pensiones sean insuficientes para costear la gran cantidad de gastos que trae consigo la mantención de una propiedad, tal como ocurre con los derechos de aseo municipal”.

​“Sumando a lo anterior, los municipios de nuestro país no cuentan con la facultad de declarar de oficio la prescripción de deudas de los derechos de aseo municipal, por lo que, incluso en aquellos casos en que las autoridades comunales tienen la intención de ayudar a los habitantes más vulnerables de su comuna, se encuentran impedidas al no existir ninguna ley ni reglamento que así las faculte”, subrayó el representante del Distrito 26.

​Por ello, Bórquez aseguró que se hace necesario “tener en consideración la recesión económica que estamos viviendo, poniendo especial énfasis en aquellos grupos que luchan constantemente contra la falta de recursos. Estos grupos son constituidos por las personas mayores de nuestro país y por el 40% más pobre de la población. En muchos casos viven en estado de vulneración y en malas condiciones sociales, por lo que se requieren medidas que faciliten la prescripción de las deudas de aseo municipal que tienen estas personas, considerando que esta carga genera grandes agravios en sus ingresos”.​